1 de abril 2019
Las cárceles de Nicaragua se han convertido en centros de torturas para los presos y presas políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Solo las cárceles del sistema penitenciario “La Modelo” y “La Esperanza”, ubicados en Tipitapa, se han registrado al menos seis golpizas ejecutadas por custodios y oficiales antimotines.
A los varones los “apalearon” el 31 de diciembre de 2018, el 19 de febrero y recientemente el 8 de marzo de 2019. Esta práctica no ha sido excluyente. También han cometido actos violentos en contra de las presas en La Esperanza. Las presas políticas han sido golpeadas en al menos tres ocasiones desde octubre del año pasado: el 26 de octubre de 2018, el 16 de enero y el 7 de febrero de este año. Los familiares de los presas y presos políticos han denunciado incansablemente estos actos de violencia. Sin embargo, la saña y el maltrato continúan en los penales.
Por cantar el Himno Nacional
La golpiza del 31 de diciembre de 2018, en La Modelo, ocurrió luego que los presos políticos cantaran la canción “Yo te extrañaré” del dueto cristiano Tercer Cielo, seguido de las notas del Himno Nacional. Esto a modo de tributo para honrar la memoria de los 325 asesinados por el régimen de Ortega y Murillo.
Estas acciones fueron consideradas por el alcaide Bladimir Chávez, como un acto de rebeldía, y por eso ordenó golpearlos. Al menos 20 custodios entraron a la Galería 16 de forma agresiva, con gas pimienta, perros de patrullaje y fusiles AK-47.
El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos denunció a los medios de comunicación que, luego de la golpiza, los reos del régimen fueron torturados física y sicológicamente, y luego trasladados a celdas de castigo. Algunos de los golpeados fueron Marlon Mora, Jairo Aráuz y Carlos Silva, quien recientemente recibió casa por cárcel, y confirmó la paliza.
Usan bombas lacrimógenas, de pimienta y aturdidoras
El 19 de febrero, el abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), informó que recibió varias denuncias de presos políticos, que fueron golpeados por miembros de las fuerzas especiales de la Policía Nacional. La golpiza ocurrió nuevamente en la galería 16-1.
“Cantaron el Himno Nacional y enarbolaron orgullosamente los colores azul y blanco, a través de distintas artesanías que ellos mismos producen en ese centro penitenciario. Eso provocó que los atacaran con unas estafetas negras. Después les tiraron unas 20 bombas lacrimógenas, bombas de pimienta y unas cuantas bombas aturdidoras”, detalló Montenegro.
Los presos políticos se protegieron encerrándose en sus celdas, y usaron sus colchonetas como escudo, porque también les lanzaban piedras. Los presos políticos se defendieron a cómo pudieron.
“En un determinado momento, utilizaron sus bolsas de pinolillo y jabones, y los lanzaron contra las fuerzas especiales. Hubo personas de la tercera edad desmayados y que vomitaron ante los efectos de las lacrimógenas. Esto duró aproximadamente tres horas”, informó Montenegro.
La paliza por exigir ventilación
El siete de marzo, los presos políticos de la galería 300 demandaron a los custodios que abrieran una ventanilla de las celdas, porque el calor era insoportable. La petición no fue atendida. Los reos de la galería 16 escucharon a sus compañeros, y se sumaron a la demanda.
Al día siguiente los presos políticos abrieron un hueco y salieron al techo del penal a cantar el Himno Nacional y ondear la bandera en señal de protesta.
Yubrank Suazo, dirigente del Movimiento 19 de Abril en Masaya, grabó un video que se viralizó en redes sociales. Ese mismo día, los custodios enviaron tropas especiales con técnica canina para golpear a los presos políticos.
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Wilfredo Suazo, padre de Yubrank, confirmó a los medios de comunicación la golpiza de su hijo. También fueron golpeados Francisco Sequeira y Chéster Membreño.
Palizas a las presas políticas
La noche del 26 de octubre, un grupo de 20 hombres, armados con cachiporras, ingresó a la cárcel de mujeres La Esperanza, para trasladar a la presa política, Irlanda Jerez, a la cárcel de hombres, La Modelo. Sus compañeras se opusieron y por eso fueron golpeadas, confirmó la líder estudiantil, Amaya Coppens, a su mamá Tamara Zamora, durante una visita familiar.
“Amaya estaba en la celda de Irlanda y pudieron observar todo. Fueron testigos de la violencia y al ver esa violencia ellas empezaron a solidarizarse y a protestar con lo que podían, para auxiliar a Irlanda”, aseguró Zamora.
Después de recibir la golpiza, Irlanda Jerez accedió a irse de la celda, y las presas políticas le advirtieron que, si Jerez no aparecía a las nueve de la mañana del día siguiente, ellas “se iban a encargar de pegarle fuego al sistema”.
Irlanda llegó al día siguiente y esto calmó el enojo de las demás presas políticas. Coppens dijo a su madre que desconocen quiénes fueron los hombres que las golpearon. Aseguró que llegaron de una forma particular, no se identificaron como ningún tipo de autoridad y actuaron con violencia.
El 16 de enero la paliza estuvo dirigida a tres presas políticas: Irlanda Jerez, Kenia Gutiérrez y Reyna Varela. Los familiares de las detenidas denunciaron que las mujeres fueron golpeadas por las custodias, porque estas se resistieron a salir de las celdas para ser llevadas a un sitio desconocido.
El siete de febrero, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua denunció que 20 custodios golpearon a ocho mujeres que se encontraban en una misma celda, porque se resistieron al traslado de tres de ellas.
Derechos deben respetarse
Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó a CONFIDENCIAL que el único derecho que pierde un reo es el de la libre movilización. Sin embargo, no se pueden suprimir derechos fundamentales.
“Estamos hablando del derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión, que este es un derecho constitucional. Sus derechos fundamentales todavía los mantienen. El hecho de que ellos estén recluidos en el Sistema Penitenciario no significa que los funcionarios van a realizar actos crueles, inhumanos y degradantes en contra de estos privados de libertad”, sostuvo.
La asesora legal de la CPDH recordó que el Estado de Nicaragua es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención contra la Tortura, por tanto, el Gobierno tiene el deber de abstenerse al maltrato físico y sicológico hacia los privados de libertad.
“Recordemos de que el Estado es el responsable de que se respeten y cumplan los derechos humanos de todas y todos los nicaragüenses. Eso significa que, si el Estado no cumple con preservar los derechos de los privados de libertad, entonces estamos hablando de una violación grave a los derechos humanos”, afirmó Sequeira.
“La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son siempre violatorios del derecho internacional. La CIDH está solicitando información al Estado de Nicaragua sobre estas graves denuncias. Su obligación convencional es responder a la brevedad”, escribió este organismo internacional en sus redes sociales.