30 de marzo 2019
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La dictadura de Daniel Ortega accedió este viernes a reafirmar derechos constitucionales y libertades ciudadanas que han sido violadas y conculcadas, desde abril de 2018.
La delegación gubernamental firmó un acuerdo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el que se comprometen a respetar el derecho a manifestación, libertad de prensa, libertad de expresión, la devolución de las personerías jurídicas, el cese de las detenciones arbitrarias y el desarme de paramilitares. Cada uno de estos acuerdos, según la delegada de la Alianza Cívica, Azahálea Solís, será refrendado por un protocolo específico de reparación y cumplimiento.
Solís calificó como “surrealista” un acuerdo en el que el Gobierno reconoce que es un derecho portar la bandera nacional azul y blanco.
De esta manera, la negociación del INCAE se ha destrancado nuevamente y se perfila el inicio de la liberación total de los presos políticos de la mano de la Cruz Roja Internacional.
La jornada de este viernes en el INCAE terminó con tres documentos aprobados: el comunicado conjunto número diez, el acuerdo para facilitar la liberación de los presos políticos, y otro titulado: “Acuerdos para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”.
Veto a la CIDH
En el tema de la liberación de los presos políticos, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo vetó el retorno al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Alianza Cívica demandó en todo momento el retorno de la CIDH para llenar el vacío que impone el mandato de la Cruz Roja Internacional al no poder deliberar sobre los mecanismos legales que permitan la liberación total y la anulación de los juicios políticos de los más de 760 reos de conciencia.
“En el contexto del presente acuerdo, las partes de la mesa de negociación definirán los mecanismos que permitan la liberación definitiva en cada caso y del seguimiento y verificación al cumplimiento de los derechos humanos de las personas liberadas”, afirma el comunicado conjunto número diez.
“Para tal fin suscribirán un protocolo de garantías de seguridad de los liberados que definirán las autoridades encargadas de su seguimiento y los organismos que les apoyarán en ese objetivo. En caso de necesidad, las partes, de común acuerdo, solicitarán el apoyo nacional e internacional que se requiera”, agrega el documento.
Azahálea Solís, abogada constitucionalista e integrante de la mesa de negociación, explicó en el programa Esta Semana, que se transmite este domingo, que el acuerdo establece la liberación total de los presos políticos y no solo su encarcelamiento, como ha ocurrido con los primeros 160 reos de conciencia sacados de las penitenciarias.
“Es liberación total. No es simplemente que los excarcelen y los procesos siguen o van a terminar con condenas. Es absolutamente liberación”, insistió Solís. “Hay un protocolo que se va a dar a conocer en el que se explica el proceso de seguridad y garantías de que los liberados no vuelvan a ser encarceladas o se les inventen otros delitos. No cabe más que la liberación completa y el cierre completo de esos juicios. Las personas quedar sin antecedentes”, aseguró.
Cruz Roja Internacional conciliará lista
Como se había conocido previo a estos acuerdos, la Cruz Roja Internacional conciliará las listas de los presos políticos entre la del Gobierno, la CIDH y la Alianza Cívica. Se mantiene que la liberación se dará en un plazo de noventa días.
“La liberación de las personas privadas de libertad requiere la adopción de medidas de carácter jurídico específicas y un procedimiento, bajo las reglas del debido proceso, que permita regularizar la situación jurídica de cada persona que sea beneficiada por la liberación mencionada”, establece el acuerdo de liberación.
Solís aseguró en Esta Semana que existe un comité de abogados que están trabajando en cada caso de presos políticos para diseñar un mecanismo jurídico de liberación.
“Existe una unidad jurídica en la que se tiene el registro de los procesos. Son juicios amañados, mentirosos, y han sido imputados delitos que no fueron cometidos”, dijo la abogada constitucionalista dando a entender sobre a nulidad de estos procesos. “Tenemos un registro de esos casos en los que podemos dar garantías de los incumplimientos. Pero ha existido análisis con el Gobierno”.
¿Restitución efectiva de libertades?
Luego de conocerse el acuerdo sobre la liberación de los presos políticos, la mesa de negociación publicó el “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”.
Es una declaración de intenciones en las que el Gobierno se compromete a cesar las detenciones arbitrarias, desarmar las bandas paramilitares, el regreso con garantías al país de los más de 40 000 exiliados, y garantizar los derechos políticos como la libre movilización.
El punto siete del acuerdo establece: “Garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública en cumplimiento con la Constitución y las leyes en la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho”.
Otro de los acápites del compromiso de la restitución de las libertades del Gobierno es el restablecimiento de la libertad de expresión. Entre eso pasa la restitución de las redacciones confiscadas por la Policía de 100% Noticias y CONFIDENCIAL, y que el Gobierno cese el bloqueo de aduana a la tinta, papel y otras materias primas y repuestos a los diarios nacionales La Prensa y El Nuevo Diario, que han denunciado más de treinta semanas de bloqueo.
“Se trata de hacer las cosas concretas. La devolución de 100% Noticias, la excarcelación de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. La devolución de personería jurídicas. Debe haber protocolos para devolver los bienes inmuebles o muebles que se ocuparon. Tienen que haber garantes internacionales que certifiquen que se produzcan los acuerdos”, dijo Solís.
¿Adelanto electoral fuera?
El canciller Denis Moncada dijo esta semana que el adelanto electoral está fuera de la mesa de negociación. La Alianza Cívica desmintió al funcionario ya que este ha sido un tema recurrente en los encuentros del INCAE.
El funcionario argumentó que discutir ese tema implicaría “violentar la Constitución vigente en nuestro país, que establece períodos presidenciales claramente definidos”. Las elecciones presidenciales están previstas para noviembre de 2021, cuando Ortega cumpliría catorce años consecutivos en el poder, desde su regreso a la Presidencia en enero de 2007.
Además, que, en el hipotético caso de aceptar, sentarían un mal precedente, dijo.
“¿Qué va a pasar si nosotros utilizamos como método, como precedente, estar adelantando las elecciones a cada presidente que pueda irse produciendo en el transcurso del tiempo? Sería muy difícil que nosotros fortaleciéramos la democracia”, apuntó.
Asimismo, alegó que en la mesa de negociación “no hay representación de partidos políticos” y que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, “está representando a quienes se vieron involucrados en un intento de golpe de Estado y en la violación al ordenamiento jurídico y constitucional del país”.
Solís sostiene, sin embargo, que “el canciller no está correspondiendo a la verdad, porque en distintos momentos de la mesa de negociación se había planteado que, en el tema de democratización, es fundamental las elecciones anticipadas”.
“Yo creo que querían mandar un mensaje a sus bases partidarias, y querer deslegitimar o anular la posibilidad de debatir este tema. Pero para la Alianza Cívica es un punto central el adelanto electoral. No está sujeto a otra valoración para la Alianza. Si no, no tendría sentido la negociación”, dijo.
Este viernes también se conoció que la mesa de negociación tiene una nueva fecha para concluir: el próximo tres de abril. Miembros de la Alianza Cívica explicaron que la negociación no puede extenderse indefinidamente, y advirtieron que para esa fecha debe estar acordado el anticipo electoral.
