25 de marzo 2019
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Las negociaciones que se iniciaron con una agenda limitada a cuatro puntos sustantivos (liberación de presos, libertades civiles y políticas, reforma electoral y justicia) y uno técnico de implementación, representan predominantemente el intento de llegar a un acuerdo para neutralizar la violencia estatal y el conflicto político que estalló en abril 2018, de manera que la normalidad vuelva al país.
En sí mismos, esta agenda y sus eventuales acuerdos, no abordarán las causas que dieron raíz al conflicto mismo, la ausencia de democracia y la prevaleciente corrupción política. Sin embargo, aunque incompleto e imperfecto, este posible acuerdo podría abrir las puertas a otra transición hacia la democratización del país y la apuesta nacional tiene que ir en esa dirección.
La negociación de una agenda de negociación
Bajo presiones del Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se embarcó en negociar la Alianza Cívica un acuerdo que de alguna manera restablezca la normalidad, es decir, sacar al país de la crisis política de represión, intimidación, y depresión económica.
La salida de este entorno consiste en obtener la liberación de los reos, mientras tanto se negocian las libertades civiles y políticas (incluyendo la posibilidad de la modificación a la Ley No. 977 contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial el 20 de julio de 2018, que criminaliza la protesta cívica e impone como pena la confiscación bienes), justicia y restauración-- con la idea de crear una Comisión de la Verdad, así como reformas a la Ley Electoral y elecciones anticipadas.
La forma en cómo entra a negociar la Alianza Cívica es tremendamente asimétrica, y las condiciones políticas no permiten que este desequilibrio cambie. Primero, hay poca proporcionalidad entre los problemas que dieron lugar a la crisis, los abusos durante la crisis, y los componentes de la agenda. Segundo, hay poca simetría en la participación de todos los miembros de la Alianza en la mesa negociadora y en las decisiones. El proceso ha sido manejado con poco involucramiento de los estudiantes, campesinos y otros grupos de la sociedad civil, incluyendo la oposición que forma parte de la Unidad Azul y Blanco.
Tampoco existe simetría en la paridad de fuerzas entre la Alianza Cívica y el Gobierno. Aunque la popularidad (con menos de 25% de apoyo, y en declive) y el capital político de Ortega (sancionado y desprestigiado) no son fuertes, la oposición no está unificada, y el nivel de presión necesario para llevar al régimen en mejor posicionamiento de manera que otorgue más concesiones que las que se proponen esta semana, no favorecen un balance de poder a favor de la Alianza.
De hecho, aunque la Alianza, y hasta la OEA, condicionaron cualquier negociación a la liberación de los presos, al final no ocurrió eso, y aunque existe una promesa, los presos siguen siendo rehenes políticos. De igual forma se mantiene vigente el estado policíaco y la Ley 977, es decir, se sentaron con una pistola en la sien.
La realpolitik prevaleció en Nicaragua
La presión de Estados Unidos de cumplir con la meta de llegar a un acuerdo para el 28 de marzo coincide, por un lado, con el temor del gran sector empresarial de evitar un colapso económico en el país, ante la noticia que el sistema financiero no podría seguir financiando el crédito al sector productivo en el próximo ciclo agrícola. Por otro lado, coincide con la lectura del régimen de acelerar un acuerdo para entrar en una etapa electorera a su favor. Ortega-Murillo saben que se están debilitando poco a poco, y su aguante es limitado desde cualquier ángulo que se observe. Así que mejor dar pocas concesiones ahora que entregar el poder mañana. Para Ortega es conveniente llegar a un arreglo antes del 18 de abril del 2019 porque le permite perfilarse como el gran reconciliador, el comandante ‘implacable en el combate y generoso en la victoria’.
¿Por qué la Alianza Cívica prefirió esta ruta a fortalecer su posición? ¿por qué la prisa?, ¿y por qué la urgencia de Estados Unidos? ¿Será que una neutralización del conflicto contribuye a concentrarse en Venezuela, y evitar una emigración masiva hacia Estados Unidos, así como evitar una mayor penetración del crimen organizado en Nicaragua o una descomposición que desembocara en un conflicto armado? ¿Y por qué Almagro prefiere entrar con poco? Estas y otras interrogantes son importantes, pero no esencialmente relevantes para lo que viene.
La transición hacia la democracia después de marzo 2019
Los acuerdos se perfilan imperfectos, pero no serán un fracaso. Son la oportunidad para entrar en una senda democratizadora, o como algunos dicen, de ‘refundación de la nación’.
Los equipos negociadores han trabajado con las fuerzas que tienen, la inteligencia política a mano, y el ambiente adverso bajo el que se encuentran. Resulta difícil con toda honestidad y veracidad achacarles que son pactistas, o que esto es otro arreglo entre el ‘gran capital’ y el orteguismo.
La realidad, tal y como es, abre tres espacios claves para la transición democrática nicaragüense y deja en manos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), los Estados Unidos, el gran capital, entre otros, el mandato de trabajar por un cambio político democrático deseable.
Este cambio político no va a salir de la nada, ni tampoco exclusivamente ‘gracias’ a las sanciones de Estados Unidos o como dicen unos ‘a la presión de los gringos’. Este cambio está en manos de los actores nicaragüenses, dentro y fuera del país o en el exilio, que han estado trabajando en esta transición.
Primero, tanto a nivel interno de la Alianza Cívica como dentro de UNAB y la opinión pública, y la diáspora misma, es de gran importancia que los representantes de la ACJD y los testigos y garantes internacionales, verifiquen el cumplimiento de los acuerdos y la rendición de cuentas del Gobierno. Esto incluye demandar completa transparencia del proceso de implementación en vez de ocultar todo el proceso a como lo han hecho hasta ahora. Si Daniel Ortega dice que es conciliatorio entonces su honestidad no tiene que dejar dudas al transparentar las negociaciones y la implementación de los acuerdos. Si Ortega no las debe, no las teme.
Segundo, independientemente de la naturaleza de los acuerdos, el movimiento opositor tiene la responsabilidad y el mandato de la mayoría de los nicaragüenses de fortalecer su organización política y continuar ejerciendo presión sobre las reformas necesarias que el país tiene que lograr para democratizarse. El cambio político en Nicaragua no depende exclusivamente de elecciones libres y justas (destino que en el contexto actual está en manos del régimen), sino de tener un andamiaje sin una Policía y un Ejército politizados en pro de Ortega, una asamblea legislativa sesgada con el orteguismo, una Corte Suprema y Consejo Electoral ambos instrumentalmente pro-Orteguista. Tampoco puede iniciarse el camino democrático con la Ley 977 en su estado actual, ni con un Estado que muestra fuertes niveles de corrupción en la forma de favores económicos y políticos a favor de la familia Ortega-Murillo y otros allegados al círculo de poder. La corrupción del Orteguismo es real, solo cabe notar la razón de ser del rol del hijo de Daniel Ortega (Laureano) en el Gobierno, o la nacionalización de BanCorp para evitar sanciones internacionales, y a la vez dar lugar a una Piñata 2.0, para constatar la densidad del abuso de autoridad que existe dentro del régimen.
Finalmente, esta transición estará incompleta sin contar con un liderazgo político que abandere la transición democrática en la vía electoral. Mientras Ortega ya inició su campaña, los movimientos sociales y políticos necesitan galvanizarse de manera que promuevan líderes que apuesten a un modelo democrático para los nicaragüenses. Mientras en Washington los tomadores de decisiones le preguntaban a la oposición si tenían a un líder a mano, los dirigentes nunca pudieron dar una respuesta convincente. El tiempo para dar una respuesta es imperativo. El liderazgo de las personas que abanderen esta refundación tiene que hacerse visible, implica tomar riesgos, y fortalecerse en la confianza popular que la ciudadanía quiere algo diferente a lo que hay en el país hoy.
En esta transición tanto el gran capital como Estados Unidos tienen la responsabilidad de depositar su confianza en un nuevo liderazgo, en exigir a la Alianza Cívica que se logren acuerdos con alcances hacia la democracia. Dentro del movimiento de UNAB es tiempo de mantener dos frentes, la protransición, y la proelección limpia. El segundo depende de cómo cada líder decida representar un ideal afín a los intereses del nicaragüense.
Esta transición no es para echarle la vaca al sandinismo, sino para apartar al caudillismo, el orteguismo y la represión en el país. El sandinismo está dividido en tres grupos, los orteguistas clientelistas que no sueltan su apoyo al régimen por temor, los sandinistas ideológicamente creyentes del movimiento del partido, y los sandinistas históricos. Los dos últimos no son orteguistas, pero necesitan la confianza nacional que no habrá una caza de brujas, ni que estos acuerdos representan un pacto entre el gran capital y Ortega.
La búsqueda de una justicia transicional tiene que ir en la dirección de la rendición de cuentas, el ajuste proporcional entre el que hizo daño y la pena, no en vengarse de otros. La responsabilidad de todos los nicaragüenses de crear democracia es el mínimo que se puede hacer en honrar la memoria de los asesinados, torturados, encarcelados, exiliados y que han sufrido desde antes y mucho más después de abril 2018.
*Politólogo. Investigador del Diálogo Interamericano
