23 de marzo 2019
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La mesa de negociación que mantiene el Gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica para superar la crisis que estalló hace casi un año en Nicaragua acordó conciliar las distintas listas de "presos políticos" antes de proceder a su liberación definitiva.
"El mecanismo de seguimiento del proceso de liberación de presos iniciará conciliando y actualizando las listas del Gobierno, CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y de la (opositora) Alianza Cívica", señalaron las partes en un comunicado conjunto.
La lista de la CIDH registra 647 detenidos, a los que identifica como "presos políticos", dijo en rueda de prensa el jefe negociador de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, que por su lado manejan un total de 809, incluyendo 162 que han sido excarcelados desde el 27 de febrero, cuando comenzó la mesa de negociación y se encuentran bajo libertad condicional.
Hasta ahora, el Gobierno de Ortega reconoce 340 reos y los tilda de "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
A la espera de la Cruz Roja
Tünnermann explicó, además, que están a la espera que la Cruz Roja Internacional responda a la invitación para el seguimiento del proceso de liberación de los detenidos en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018.
Mientras se desarrolla el proceso de liberación, las partes también acordaron solicitar que los privados de libertad sean ubicados en régimen común, se observen las reglas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad y se les permitan visitas en situaciones especiales y de emergencia.
El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de los detenidos, ha demandado la anulación de los procesos judiciales y que no apoyarán "ninguna solución que lleve a la impunidad".
Los familiares de los "presos políticos" también han exigido conocer el calendario de liberación, y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
Organismos de derechos humanos han calificado como inaceptable el plazo de 90 días convenido, bajo el argumento que se prolonga la tortura física y psicológica de las víctimas y sus familiares, por lo que han exigido la liberación inmediata y sin condiciones, y la nulidad de todos los juicios.
La experta constitucionalista e integrante de la Alianza, Azahálea Solís, dijo a periodistas que la Cruz Roja Internacional es una organización de derechos humanitarios que tiene experiencia en este tipo de situación, y espera ayude a elaborar "un calendario acotado" para la liberación de los detenidos.
"Deberían estar saliendo en los próximos días el primer grupo de personas bajo mecanismos legales que limpien su nombre", indicó.
OEA se suma
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aceptó participar como testigo y acompañante de la mesa de negociación.
El exguerrillero tupamaro y exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, que venía participando como observador en la mesa, se incorpora ahora como testigo y acompañante internacional de la negociación, en representación de la Secretaría General de la OEA, informaron las partes en un comunicado conjunto.
Rosadilla se suma al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, como los dos testigos y acompañantes internacionales de este proceso, dijo Tünnermann.
Tünnermann explicó que los testigos y acompañantes pueden hacer propuestas a la mesa de negociación, entre otras funciones. Asimismo, anunció que un equipo asesor de la Secretaría General de la OEA llegará a Nicaragua este fin de semana para acompañar a Rosadilla en su nueva misión.
