20 de marzo 2019
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Managua 19 de Marzo de 2019
Estimada
Michelle Bachelet
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Me dirijo a usted hoy 19 de marzo, a once meses del inicio de la Revolución de Abril en Nicaragua. Le escribo en nombre de las prisioneras políticas nicaragüenses quienes fuimos secuestradas y encarceladas injustamente por el régimen Ortega-Murillo por el hecho de defender nuestros derechos y los del pueblo. Nuestra protesta desde los distintos sectores como estudiantes, organizaciones civiles, movimientos juveniles y sociedad civil siempre fue pacífica pero este régimen ha demostrado una cruda intolerancia ante las exigencias del pueblo y la libertad de expresión en materia política y social.
Vivimos en tan corto tiempo una represión sin precedentes en la historia nicaragüense y me atrevería a decir en la historia centroamericana; nos dispararon con armas de guerra, asesinando a 325 ciudadanos según informe de la CIDH. Para acabar con las manifestaciones el Gobierno hizo alarde de un terrorismo de Estado causando el exilio de más de 50,000 personas, encarcelando a más de 700 hombres y mujeres que participaron de las protestas y siguió asesinando impunemente. Para desmoralizar al pueblo el gobierno ha aplastado cualquier brote de protesta y mantiene las calles del país vigiladas con policías que portan armas de alto calibre; utilizando el poder de la Corte Suprema de Justicia ha abierto procesos judiciales ilegales a las y los prisioneros políticos, muchos de los cuales fueron líderes civiles e incluso personas que compartían los ideales sandinistas. Nos imputan una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometimos, presentando testigos y pruebas falsas sin seguir el debido proceso.
A raíz de nuestras detenciones ilegales hemos sufrido abusos, humillaciones, tratos crueles e inhumanos, tanto en las estaciones de policía y en “el Chipote”, como en los Sistemas Penitenciarios; a muchas de nosotras y a muchos prisioneros políticos nos han detenidos paramilitares, como es el caso de Nelly Roque, Solange Centeno y demás compañeros, todos miembros del Movimiento 19 de abril de Matagalpa. En el caso de María Adilia Peralta Cerrato y Christian Rodrigo Fajardo la detención directa por un grupo de militares que resguardaban las fronteras.
Jamileth Gutiérrez Moncada quien fue detenida por la policía orteguista en Jinotega, sufrió dos meses y medio encerrada en los calabozos en auxilio judicial del mismo departamento, siendo llevada solo en dos ocasiones ante un juez. En este tiempo recluida además de sufrir el aislamiento padeció de recurrentes maltratos físicos y psicológicos, humillaciones y discriminación por su orientación sexual; siendo trasladada luego sin explicaciones a auxilio judicial de Managua en donde se agravaron dichos abusos, llegando usar violencia sexual y siendo víctima de tortura físicas y psicológicas para ser trasladada después de dos días de estos constantes abusos al Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), establecimiento al cual se presentó el juez encargado de su caso después de cuatro meses sin ser llevada en ningún juzgado y sin el derecho de hablar con su abogado, para condenarla por los delitos de terrorismo, portación ilegal de armas, obstaculización de los servicios públicos, entre otros. Actualmente es una de las mujeres que sigue encarcelada ilegalmente, después de nueve meses por el régimen, sufriendo tratos crueles y degradantes.
Victoria Obando otra prisionera política, como mujer transgénero ha tenido que pasar siete meses recluida en un sistema penitenciario de hombres sufriendo la discriminación, los tratos humillantes, degradación, acoso y maltrato físico, ella es una de las líderes estudiantiles de la UNAN Managua y activista proactiva de derechos humanos y la comunidad LGTBIQ. Victoria está acusada de los delitos de obstaculización de los servicios públicos, secuestro extorsivo entre otros, siendo procesada desde su detención ilegalmente. En la cárcel Victoria y los demás presos políticos han sufrido agresiones constantes por exigir sus Derechos Humanos y la discriminación sufrida no solo ocurre por parte de los funcionarios públicos si no de un gobierno que no reconoce su identidad de género.
Kenia Gutiérrez es otra de las prisioneras políticas que ha sufrido en las cárceles la inhumana represión del gobierno, estuvo detenida en auxilio judicial de Managua por más de 50 días sufriendo torturas físicas y psicológicas, al ser traslada al Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, ha seguido siendo víctima de maltratos y humillaciones, actualmente lleva 7 meses recluida en estas condiciones.
Yolanda Sánchez Moraga al ser detenida por la policía fue víctima de una agresión desmedida por parte de los policías, incrustándosele perdigones de escopeta producto de un disparo proporcionado por agentes policiales en contra de uno de sus acompañantes, disparo que al ser dirigido a la extremidad inferior del susodicho repercutió en la humanidad de Yolanda, cuando fue trasladada al auxilio judicial de Managua siguieron tratándola con saña arrodillándola durante los interrogatorios a pesar de que sus heridas recientes seguían sangrando; en ningún momento recibió atención médica e incluso llegando al Establecimiento Penitenciario tuvo que curarse las heridas sola. Las heridas sanaron dejando en su pierna cicatrices visibles y permanentes.
Ruth Matute fue una de las prisioneras políticas que durante su estadía en el Establecimiento Penitenciario sufrió graves consecuencias por la falta de acceso a su derecho a la salud, Ruth padece una afección cardíaca que le hace usar un marcapasos, en reiteradas ocasiones se le hizo un llamado a las autoridades del Establecimiento Penitenciario a brindar atención médica y permitir a Ruth realizarse sus chequeos médicos periódicamente, a raíz de la negligencia de las funcionarias tuvo que ser hospitalizada a principios de enero, llevándose a cabo la operación de cambio de marcapasos.
Estos casos de negligencia y falta de acceso en la salud son recurrentes en los sistemas penitenciarios tanto de mujeres como hombres. A los y las prisioneras políticas se nos han violado nuestros derechos humanos, Brenda Muñoz y Delmi Portocarrero son prisioneras políticas que padecen enfermedades sumamente graves como los son cáncer hepático en estado terminal y lupus respectivamente, estas mujeres que han pasado meses privadas de su libertad injustamente han sufrido los padecimientos de sus enfermedades hacinadas en una celda de 4*8 metros cuadrados y sin recibir ningún tipo de seguimiento para sus enfermedades, las autoridades han llegado al punto de robar el medicamento y no dar respuesta por ello.
A pesar de toda la represión sufrida las prisioneras políticas no hemos dejado de exigir nuestros derechos y nuestra justa liberación. A raíz de la reanudación de la mesa de negociación el 27 de febrero del año en curso decidimos hacer una huelga de hambre en exigencia por nuestra libertad y la de todas y todos los prisioneros políticos sin condiciones. Hemos denunciado claramente que no queremos ser tratadas como objetos ni como fichas de negociación. Mantenemos que los derechos humanos son innegociables. Todo nuestro pueblo exige justicia por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido este régimen. La restitución de la democracia es más que una necesidad, es un derecho: el derecho a elegir por quien ser representados.
Escribo estas historias con la seguridad de que sabrá comprender a la perfección lo que hemos vivido nosotras, las prisioneras políticas; porque nuestra lucha también es por la verdad, la reparación, la justicia, la no repetición, para que en Latinoamérica no existan nunca más “Villas Grimaldis” o “Chipotes” en donde los tiranos se sientan dueños de nuestra dignidad y nuestra libertad.
Le pedimos doctora Bachelet que siga alzando su voz por nosotros los prisioneros y prisioneras políticas. Una de nuestras demandas es que el régimen permita nuevamente la entrada de los organismos como la CIDH, el MESENI, el GIEI, OACNUDH y que muestre acciones claras para resolver la crisis humanitaria y democrática en Nicaragua.
Queremos hacer un llamado a la comunidad internacional a ser más beligerantes, a no dejar que la burocracia apague la llama de la dignidad y la justicia que tanto hemos exigido y a comprometerse con la libertad de un pueblo al que se le reprime cada día más.
Creemos que la crisis en Nicaragua le compete a todas las naciones del mundo comprometidas con la democracia y los derechos humanos, no se puede ser neutral cuando se masacra y tortura, cuando un gobierno viola recurrentemente los derechos civiles y humanos de todo un pueblo. Tenemos fe en las gestiones que puedan hacer por nuestro país. Nuestra lucha es cívica y estamos dispuestos a utilizar cualquier medio pacífico para resolver esta crisis sociopolítica pero no estamos dispuestos a dejar de luchar por nuestros derechos.
Agradecemos todos sus esfuerzos y su apoyo. De parte de las prisioneras políticas y en concordancia con la posición de los prisioneros políticos reciba nuestros buenos deseos y bendiciones.
Yaritza Rostrán Mairena
Estudiante, feminista y prisionera política excarcelada.
