14 de marzo 2019
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Los eurodiputados aprobaron la mañana de este jueves una resolución que mete presión a la Unión Europea (UE), para que apruebe sanciones “específicas e individuales” contra funcionarios del régimen orteguista y ciudadanos que hayan violado los derechos humanos de los nicaragüenses. Horas después, la europarlamentaria portuguesa Ana Gomes recomendó a título personal castigar al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como a dos de sus hijos y otros altos funcionarios del Gobierno.
Nicaragua se convirtió, luego de Venezuela, en el segundo país de América en entrar en la lista negra europea. En septiembre de 2017, una mayoría de la Eurocámara votó a favor de imponer castigos contra los responsables de “las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela”.
La resolución sobre Nicaragua —aprobada con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones— solicita al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los Estados miembros que implementen, sin dañar a la población nicaragüense, “un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como prohibiciones de visas y congelaciones de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y las personas responsables de los derechos humanos”.
El eurodiputado Ramón Jáuregui advirtió al régimen durante el debate de la resolución. “La posición política del Parlamento Europeo es que si ese diálogo avanza, Europa ayudará. Se lo digo al comandante Ortega: si hay un diálogo serio y hay un camino hacia la libertad ayudaremos, pero si no lo hacen, si quieren perder el tiempo, si engañan al pueblo, habrá sanciones”, dijo el socialista español.
Tras la resolución, les tocará a los ministros de Relaciones Exteriores de la UE decidir a quiénes sancionarán. En el caso venezolano, las primeras sanciones se dieron cinco meses después de aprobada la resolución de la Eurocámara. Ya han sido sancionados 18 altos funcionarios del chavismo, entre ellos Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Tareck el Aissami, Tibisay Lucena Ramírez y Tarek William Saab Halabi.
Situación en Consejo de Ministros
En enero pasado, los ministros de Exteriores de la UE se reunieron y condenaron la “represión” en Nicaragua y se mostraron dispuestos a “responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de derecho”. Dicho encuentro fue impulsado por el ministro español Josep Borrell, quien se ha mostrado a favor de que la comunidad internacional imponga sanciones a Nicaragua, ante la “sanguinaria represión” del régimen orteguista.
“La UE seguirá supervisando atentamente la situación y subraya su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis actual”, concluyeron los ministros.
Después del encuentro, la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Federica Mogherini, no especificó cuáles serían esos “instrumentos de actuación”, ni descartó sanciones para Nicaragua. La funcionaría recalcó que “están extremadamente preocupados” por las crisis nicaragüense.
Para que la UE imponga sanciones, primero la Alta Representante de Política Exterior debe presentar una propuesta, que es analizada en diferentes instancias de cada país miembros y del Consejo Europeo y luego se pasa a votación de los ministros, que debe ser unánime. La decisión entra en vigor cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Recomiendan lista de sancionados
En una carta dirigida a Mogherini, la eurodiputada Ana Gomes le sugirió este jueves una lista de personalidades nicaragüenses a sancionar, por su “papel en la corrupción, mala gestión y graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.
La presentación de ese listado ayuda acelerar el proceso de sanciones, aunque —según fuentes de Bruselas— no implica que esas serán las personalidades sancionadas. La Alta Representante está abierta a la propuesta de países y funcionarios europeos para presentar su propuesta al Consejo.
La lista está integrada por: la pareja presidencial y sus hijos Laureano Facundo y Rafael Antonio Ortega Murillo, así como los funcionarios Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional; Adolfo Joel Marenco, subdirector de la Policía Nacional; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Ana Julia Guido, fiscal general de la República; Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central; Roberto José López, presidente ejecutivo del Seguro Social.
La lista la completan los diputados orteguistas Filiberto Jacinto Rodríguez y Gustavo Eduardo Porras, y los alcaldes sandinistas: Reyna Rueda, de Managua; Sadrach Zeledón Rocha, de Matagalpa; Francisco Valenzuela, de Estelí; Orlando Noguera, de Masaya; y Leónidas Centeno, de Jinotega.
Recomendacion sobre a quien aplicar sanciones in #Nicaragua. Carta a @FedericaMog.https://t.co/v2Au2uJWPZ
— Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) 14 de marzo de 2019
Acuerdo de Asociación
En su resolución, los europarlamentarios instan activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica —del que Nicaragua es firmante—, por lo que podría quedar fuera de ese pacto, firmado en 2012, que establece las reglas para las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre ambos bloques.
El Presupuesto General de la República indica que para este 2019, la UE les ha prometido unos 128 millones de córdobas, en concepto de cooperación no reembolsables, que estarían en peligro, si Nicaragua es expulsada del Acuerdo.
Datos de la Comisión Europea indican que en 2017 el intercambio comercial entre la UE y Nicaragua ascendía a unos 621 millones de euros, mientras en 2014 fue de 508 millones de euros.
Los eurodiputados hicieron esa solicitud “considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales deben formar parte integrante de las políticas exteriores de la UE”.
La eurodiputada Ana Gomes reclamó en el plenario del Parlamento que se active la cláusula democrática y se impongan sanciones “sobre los peores responsables de la cleptocracia asesina en torno de los Ortega-Murillo”.
Diálogo nacional
La mayoría de los europarlamentarios piden también al régimen orteguista que “aplique tres medidas urgentes como una señal de su disposición al diálogo en curso: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el cese inmediato de todas las formas de represión contra los ciudadanos nicaragüenses, incluido el hostigamiento, la intimidación y el espionaje y la persecución de los líderes de la oposición, y la subsiguiente eliminación de todas las restricciones a las libertades mencionadas anteriormente, y la restitución de la personalidad jurídica y los bienes de las organizaciones de derechos humanos y el regreso de las organizaciones internacionales al país”.
Estas tres peticiones son las que hizo una delegación de once eurodiputados, que a finales de enero pasado estuvieron en Nicaragua. Además, coinciden, en parte, con las exigencias que ha hecho la nicaragüense Alianza Cívica, que anoche aceptó volver a la mesa de negociaciones con el régimen, luego de que este prometiera liberar un “núcleo apreciable” de los más de 600 presos políticos que hay en las cárceles nacionales.
Conferencia de prensa de los eurodiputados en Managua. Foto: Carlos Herrera | Confidencial
En su resolución, los europeos consideran que bajo esas condiciones, el diálogo nacional deberá “conducir a la cancelación de los procedimientos legales contra los presos políticos y garantías con respecto a su integridad física y moral, su privacidad y el debido proceso, el regreso de los exiliados, incluidos periodistas y estudiantes, la desmilitarización de las calles”.
Gomes, integrante de la delegación, comentó que en su visita le advirtieron que “Ortega no quiere negociar, que quiere ganar tiempo para ver lo que pasa en Venezuela. Esto se comprobó con la tentativa reciente de negociación, porque no se logró nada, ni siquiera la libertad de cientos de presos y presas políticas y se agravó la represión. Europa puede hacer la diferencia”.
“Los verdaderos sandinistas hoy son perseguidos por Daniel Ortega, por defender lo mismo que ayer defendieron contra Somoza: la libertad y la dignidad. Represión, exilio, centenares de muertos, corrupción, violación de los derechos humanos es hoy la Nicaragua de Ortega”, dijo el europarlamentario español Javier Nart, que también estuvo en el país.
La socialista Elena Valenciano resaltó que “no cabe seguir sentándose en una mesa mientras la represión continúa. Esa es la voz que eleva este Parlamento que esperamos que sea escuchada por el régimen de Daniel Ortega”.
Elecciones “libres y justas”
Los europarlamentarios agregan que las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen deben incluir el establecimiento de una “hoja de ruta clara” para la organización de elecciones “libres, justas y transparentes en un futuro próximo, con la presencia de observadores internacionales”.
El europarlamentario checo Jiri Pospisil aseguró: “Yo soy escéptico en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Ortega, de entablar un diálogo con él sobre los cambios en ese país. Para mí la única solución son elecciones democráticas, abandonando a este dinosaurio político. Deberíamos utilizar toda nuestra fuerza y nuestras sanciones, para llevar a Nicaragua a unas elecciones libres”.
Asimismo, el diálogo obligará al “desarme de los grupos paramilitares”. En ese sentido, los eurodiputados afirmaron que “las acciones del Gobierno, sus instituciones y sus organizaciones parapolíticas corresponden a una estrategia planificada para destruir a la oposición política que había liderado las protestas el año pasado”.
