2 de marzo 2019
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Henry Ruiz, secretario del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, quien actualmente se encuentra exiliado en Costa Rica, manifestó que la decisión de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), de integrar a cuatro personas que se “autodenominan” miembros del “Movimiento Campesino”, no es reconocida por los demás integrantes del Consejo, que "sí fueron electos" en una asamblea general realizada en Ometepe, Rivas.
La Alianza Cívica informó a través de un comunicado de prensa que el "Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, del Movimiento Campesino de Nicaragua", había acreditado ante ellos a sus nuevos delegados, quienes tendrían la función de representar al Movimiento en la mesa, reuniones, acciones y cualquier actividad dentro de la ACJD.
“Los nuevos representantes del Movimiento Campesino de Nicaragua son Francisco Javier Carmona Martínez y Erickson Abraham Gutiérrez Juárez. Como equipo de apoyo se integran Norma Elena Lugo Rivas y Denis Alberto Zúniga Montano”, dice la nota de prensa de la Alianza Cívica.
Ruiz explicó a CONFIDENCIAL que, de los cuatro ciudadanos que la Alianza Cívica integró a su equipo, solo Francisco Javier Carmona Martínez fue elegido en pleno en asamblea general el año pasado y por lo tanto es el único que pertenece al Consejo. Sin embargo, según Ruiz, esto no quiere decir que los demás miembros electos en Ometepe, respalden su presencia en la mesa.
“A lo interno del Consejo han ocurrido acciones que son improcedentes e inmorales. Las personas que dicen ser parte del Movimiento (excepto Carmona) no fueron elegidas en una asamblea general o en los territorios. Para elegir miembros del Consejo existe normas y para abandonarlo también. Y ninguna de estas dos cosas ha sucedido. Ahora aparecieron para darle el golpe de estado al campesinado. Nos enteramos que expulsaron a cinco miembros, incluidos Francisca Ramírez y yo, y no sabemos por qué. Aquí solamente la asamblea que nos eligió nos puede cambiar”, explicó Ruiz.
De acuerdo a la versión ofrecida por Ruiz, la Alianza Cívica no se comunicó con los miembros elegidos del Consejo para preguntar sobre quiénes eran estas personas que querían estar en el diálogo. Asimismo, señaló que Denis Zúniga Montano, fue vetado del Movimiento en tres ocasiones, pues no representaba la lucha campesina porque él es “un líder político y no un líder social”.
“Es inmoral que estén estas tres personas en la mesa de diálogo. Nos oponemos, desconocemos a estas personas, no sabemos sus intenciones y no representan los intereses de los campesinos. Nosotros esperaríamos que sean los campesinos presos los que vayan a un diálogo. Solo así creeríamos que Ortega quiere platicar con el pueblo. Esa es la postura, mientras los campesinos no salgan no tiene que haber dialogo”, indicó.
Ruiz expresó que en las próximas horas se reunirá con otros integrantes del Consejo, electos en asamblea general el año pasado, para discutir sobre lo que está sucediendo a lo interno del Movimiento.
Alianza actuó de "buena fe"
Carlos Tünnermann, jurista y educador, dijo a CONFIDENCIAL que la Alianza Cívica recibió una carta fechada en Costa Rica, firmada por nueve integrantes del Consejo Nacional, entre los cuales se encuentran Nemesio Mejía Urbina, Juana Sánchez, Elba Sabina, Juana Juárez, Francisco Javier Carmona, Agustín Artola Amador, exponiendo lo siguiente:
“El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía del Movimiento Campesino les presenta carta de acreditación para nuestros miembros propuestos a representar a este Movimiento en las actividades de la Alianza Cívica... les solicitamos a ustedes de la manera más atenta el respaldo y apoyo de este equipo. Saludos fraternos. Todos los que firmamos somos miembros del Consejo Nacional", dice la carta recibida por la Alianza.
Tünnermann explicó que desde el inicio del restablecimiento de las negociaciones con el Gobierno de Ortega, la Alianza Cívica ha querido que el Movimiento Campesino esté inmerso dentro de la mesa de diálogo, y que la carta, que tiene el sello del Consejo y que está firmada por nueve miembros, fue lo que motivó la integración de esa delegación.
"Nuestro deseo de buena fe es que el Movimiento Campesino esté en la Alianza Cívica. Sabemos que hay algunos que están en el exilio o presos. Entonces, ¿íbamos a dejar por fuera al Movimiento Campesino? Nuestra decisión fue no. Al Movimiento Campesino tenemos que tenerlo dentro de la Alianza Cívica. Decidimos, de acuerdo con esta carta de acreditación, incorporarlos", dijo el educador a CONFIDENCIAL.
Sobre las declaraciones de Ruiz, acerca de un posible "golpe de estado" a lo interno del Consejo y el no reconocimiento de los miembros exiliados a esta delegación de cuatro que pidió ser incluido, Tünnermann afirmó que no pueden incidir en las discusiones internas y que si existen problemas, deben resolverlos ellos.
"Nosotros vamos a proceder conforme a los documentos que recibamos. Y si tienen algo que decirnos, que nos manden un documento en todo caso, pero no es con declaraciones a los medios que se resuelve esto. Que resuelvan sus problemas ellos. Nosotros no vamos incidir en sus problemas internos", afirmó.
Tünnermann aseguró que la Alianza no quiere que existan divisiones en el Movimiento Campesino, pero expresó que "tampoco los queremos ausentes de la Alianza. No es posible que un movimiento tan importante que tiene una trayectoria reconocida nacional e internacionalmente, no esté en la Alianza. Y nosotros viendo que se ha recibido esta carta procedimos a hacerlo, pero no tenemos ningún interés ni de dividir ni de provocar divisiones".
CONFIDENCIAL intentó comunicarse con Nemesio Mejía, uno de los firmantes de la carta de acreditación, sin embargo, su teléfono salía apagado.
La persecución al Movimiento Campesino
El régimen de Daniel Ortega incrementó la persecución política contra el Movimiento Campesino, que desde cuatro años antes del estallido social del pasado 18 de abril, le había retado con al menos cien movilizaciones contra la concesión del canal interoceánico.
El revanchismo de la dictadura se palpa en la pena que impuso el titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio, Edgard Altamirano, a Medardo Mairena y Pedro Mena, ambos líderes campesinos, de 216 años por los delitos de terrorismo y seis cargos más. Los dos participaron en protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y fueron parte de la mesa de diálogo el año pasado.
La condena de 216 años en contra del líder campesino anticanal y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, es “bárbara, ilegal e injusta”, además es “absurda” y “no tiene comparación en nuestra historia legal”, según diversas reacciones tras la pena dictada por el juez orteguista Edgard Altamirano.
“La condena a los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Icabalceta es bárbara, ilegal e injusta. Sin su libertad y la de todos los presos políticos no hay diálogo que pueda avanzar”, escribió el escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez.
“Las penas son irrisorias, son del triple de lo que pidió la misma Fiscalía, que solicitó 73 y 63 años, a pesar de que la pena máxima en el país son 30 años”, cuestionó el abogado defensor Julio Montenegro, quien dijo además que no fue citado por el juez Altamirano, para presenciar la audiencia.
