11 de febrero 2019
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La confesión del primer comisionado Francisco Díaz al periódico noruego Dagbladet, sobre cómo operan las fuerzas paramilitares del régimen, ha dejado claro que existe una responsabilidad desde el más alto nivel de la institución policial en la conducción de estas fuerzas represivas.
En primer lugar, los paramilitares nunca han sido un grupo de partidarios del FSLN que se armaron para defenderse de supuestas amenazas, sino que son una fuerza organizada que tiene un mando central desde la secretaría del FSLN y la oficina presidencial en El Carmen, y que opera en coordinación con la Policía Nacional.
En segundo lugar, los paramilitares son un ejército paralelo creado por el comandante Ortega, en abierta violación a la ley y la Constitución. Y según el primer comisionado Díaz, los integrantes de esta fuerza son policías regulares que operan encubiertos como civiles encapuchados, pero que están bajo la planilla y el control del mando policial.
En consecuencia, el jefe de la Policía Nacional debería ser llamado hoy ante las organizaciones internacionales de derechos humanos, y mañana ante una Comisión de la Verdad, para que asuma su propia responsabilidad como parte del mando superior de los paramilitares, pero además, para que identifique a los perpetradores de los crímenes y la violencia, a fin de determinar sus responsabilidades individuales.
Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presentó su informe preliminar el 21 de mayo, o sea, hace ya más de ocho meses, recomendó: “Desmantelar a los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil”. Esta recomendacion fue incluso aprobada en el plenario del Diálogo Nacional por el canciller Denis Moncada, pero nunca fue cumplida por el Gobierno, y ahora ya es parte del inventario del fracaso del Diálogo Nacional.
De manera que, en la agenda de un diálogo político para negociar las reformas necesarias para ir a elecciones libres, debe estar presente no solo la demanda de libertad para todos los presos políticos, sino también el desarme de los paramilitares y el cese de la represión.
Y el Ejército de Nicaragua no puede seguir ignorando el mandato de la ley y la Constitución para desmantelar estas bandas paramilitares. Si como dice el primer comisionado Díaz, los paramilitares son policías regulares, el Ejército puede y debe identificar a los integrantes de esta fuerza y desarmarlos, porque no pueden existir dos ejércitos, ni tampoco debe permitirse que el presidente Ortega siga violando la ley, al imponerse como el jefe supremo de los paramilitares.
Este fin de semana también se conoció el testimonio de un expolicía, que igual que muchos de sus compañeros desertó de las filas policiales, al negarse a cumplir las órdenes superiores para reprimir a los ciudadanos durante la protesta cívica.
El exteniente de la Policía, que durante 20 años sirvió en esa institución y ahora está exiliado en México, reveló en una entrevista con mi colega Carlos Salinas, cuáles fueron las órdenes que emitió el comandante Ortega, como Jefe Supremo de la Policía. “Las órdenes eran precisas”, relató el expolicía: “Dijeron que el comandante ya dio órdenes y hay vía libre, no vamos a ser procesados, hay órdenes de salir a matar a la gente. Y la gente que quede viva, que logremos agarrar, los vamos a procesar por terroristas”.
Durante más de una década, este policía trabajó como investigador sobre delitos y homicidios, pero desde que estalló la rebelión de abril, le asignaron una misión de espionaje político: vigilar las manifestaciones y los tranques, para identificar a los líderes de las protestas y ubicar sus domicilios, para que otros grupos operativos ejecutaran detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones.
El testimonio de este policía, al que hemos llamado “Eduardo” para proteger su identidad, tiene un valor probatorio inobjetable sobre la responsabilidad directa del comandante Daniel Ortega en la dirección de la represión policial y paramilitar, y en las órdenes del “vamos con todo”, para reprimir y matar a los manifestantes.
Adicionalmente, revela la desnaturalización de esta institución que ha sido convertida en una fuerza represiva bajo un mando partidario, en la que los oficiales profesionales que deberían estar investigando delitos y homicidios y resguardando el orden público, ahora están asignados a realizar labores de espionaje político, para que otros ejecuten capturas ilegales, e incluso asesinatos y desapariciones de ciudadanos que ejercen el derecho a la protesta.
“Eduardo” no es el primer oficial de la Policía que deserta al negarse a cumplir las órdenes de reprimir. Muchos de sus compañeros han enfrentado esos mismos dilemas de conciencia cuando les ordenan realizar labores represivas. Pero el país necesita que más oficiales de la Policía Nacional revelen su verdad a la nación, para acortar este proceso de dolor y sufrimiento. En una revolución pacífica, el cambio se vuelve irreversible, cuando los que tienen las armas y el control de la fuerza, se niegan a seguir matando y reprimiendo a la población, y dejan de ser instrumentalizados por una cúpula corrupta que ha traicionado los principios y los valores de esa institución nacional. “Eduardo” ha dado un paso decisivo, y esperamos que otros oficiales de la Policía Nacional y del Ejército, que están en estas instituciones por una vocación patriótica de servicio, también compartan sus testimonios, para que cese la represión.
