“Los crímenes de lesa humanidad no prescriben”

El abogado penalista y exfiscal argentino Pablo Parenti afirma que en Nicaragua no puede haber un borrón y cuenta nueva tras los crímenes cometidos por el Estado en el marco de la represión contra las manifestaciones que desde el 18 de abril de 2018 exigen el fin de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Parenti ––integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–– dice que esa sería una “respuesta inadmisible” tras lo sucedido en Nicaragua, donde según un informe del GIEI se cometieron delitos de lesa humanidad. “Hace falta llevar a cabo procesos de justicia y condenar a los responsables”, dice, quien además se ha desempeñado como fiscal general a cargo de la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en Argentina. En esta entrevista con CONFIDENCIAL el experto recalca que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que en el caso de Nicaragua los culpables pueden ser llevados a la Corte Penal Internacional por otros Estados “en virtud del principio de jurisdicción universal o competencia universal”. Asegura, además, que los juicios políticos impulsados por el sistema de justicia ––controlado por Ortega–– son “burdos” y carecen de credibilidad, por lo que esos procesos deben ser revisados con los presos políticos en libertad. Y que los funcionarios del sistema judicial que han dejado de investigar estos crímenes y llevan procesos viciados, “cometen delito y deben ser juzgados por esta conducta”.

Ustedes propusieron la creación de una Fiscalía Especial para investigar los hechos de violencia ocurridos desde abril en Nicaragua. ¿Cómo debería integrarse esta Fiscalía y cuál debería ser su vinculación con el Estado?

Lo que identificamos es que hay una total falta de independencia del Poder Judicial en Nicaragua, y especialmente en la Fiscalía General. La propuesta de una Fiscalía Especial apunta, por un lado, a crear un órgano que tenga independencia, idoneidad técnica, y que pueda llevar las investigaciones de hechos que están vinculados unos con otros, porque los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua no son actos aislados uno de otro, sino que cada uno expresa una porción de un fenómeno, con lo cual también hace falta una investigación global. Sí recomendamos la Fiscalía Especial, pero no dimos una receta concreta de como puede integrarse una Fiscalía de esta naturaleza. Sugerimos como posibilidad que se evalúe la convocatoria de fiscales de otros países, asesores de otros países que puedan colaborar, pero el formato concreto de la Fiscalía lo tiene que decidir el propio Estado, que siempre puede recurrir al auxilio de la comunidad internacional para, por un lado, garantizar la independencia y aprovechar experiencias de otros lugares del mundo donde ha habido casos similares.

¿Qué rol debe jugar esta Fiscalía?

Esta Fiscalía claramente debe investigar los hechos ocurridos a partir del 18 de abril, identificar a los responsables y llevarlos a juicios. Lo tiene que hacer con profesionalismo y con independencia, que es lo que hoy en día no existe en el sistema judicial de Nicaragua. Los funcionarios del sistema judicial, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público que hoy están dejando de investigar los crímenes y llevando procesos viciados, cometen delito y deben ser juzgados por esta conducta.

¿Considera que hay voluntad política de parte del presidente Ortega para crear esta Fiscalía?

Por la experiencia que tuvimos nosotros en los meses de trabajo en Nicaragua creemos que no hay voluntad política para crear esta Fiscalía Especial y de reformar el sistema de justicia, porque no se trata solo de crear una Fiscalía Especial: Esta es una herramienta, pero también hacen falta tribunales que actúen, jueces que actúen con profesionalismo y objetividad. Se trata en realidad de una reforma bastante más general la que hace falta para que un proceso de justicia sea posible y creíble.

En Nicaragua también se ha mencionado la necesidad de establecer una verdadera Comisión de la Verdad. ¿Qué diferencia habría entre esa Comisión y la Fiscalía Especial, que ustedes recomiendan?

Las comisiones de la verdad no son incompatibles con las fiscalías, incluso se pueden complementar. Las fiscalías trabajan dentro de un marco que es el proceso penal y tienen como finalidad descubrir la verdad y juzgar si se llevan a juicio y eventualmente condenar a los responsables. Las comisiones por la verdad a veces tienen objetivos similares, aunque las reglas con las que funcionan no son las del proceso penal, sino reglas un poco más flexibles muchas veces. Muchas veces los trabajos de las comisiones de la verdad refuerzan el trabajo de la justicia. Un ejemplo concreto es Argentina, donde hubo una Comisión de la Verdad que funcionó apenas regresó la democracia en 1983 y paralelamente actúo el sistema de justicia y ese sistema se benefició del trabajo de la Comisión por la Verdad.

“Son más burdas las acusaciones que está haciendo hoy la Fiscalía de Nicaragua que las que hacía el sistema de justicia de Argentina durante la dictadura con los perseguidos políticos”

En Nicaragua centenares de presos políticos. Ustedes en su informe hacen referencia a la situación de estos detenidos. ¿Qué debería pasar con estos procesos abiertos contra estas personas solo por el hecho de criticar o protestar contra el régimen de Ortega?

Nosotros en el informe sugerimos muy claramente que hace falta una revisión de todos estos procesos y que esa revisión se debe llevar a cabo con las personas en libertad. Esto lo decimos porque al haber podido acceder a algunos expedientes judiciales pudimos comprobar que son expedientes totalmente manipulados con acusaciones absurdas. Incluso te puedo decir que son más burdas las acusaciones que está haciendo hoy la Fiscalía de Nicaragua que las que hacía el sistema de justicia de Argentina durante la dictadura con los perseguidos políticos. Estos expedientes que vimos en Nicaragua llaman la atención porque son muy burdas las falencias que presentan. Por otro lado es evidente que el sistema de justicia está actuando con total parcialidad, porque no ha sido investigado ningún funcionario responsable de la actuación del Estado, por lo cual la situación no es creíble de ninguna manera y por lo tanto deberían ser revisados todos estos procesos con las personas en libertad.

¿Deben anularse estos juicios?

Creemos que deben revisarse de una manera independiente, objetiva y profesional. Muy probablemente esta revisión arroje como resultado que deban anularse, porque los expedientes a los que hemos accedido muestran falencias que los descalifican directamente como expedientes judiciales.

¿Qué tipo de reparación deben recibir estas personas que han sido detenidas ilegalmente, acusadas en procesos plagados de irregularidades y en muchos casos condenadas a varios años de prisión?

A muchas personas se les interrumpió su vida, su carrera profesional y mucha gente que no está detenida se tuvo que ir del país justamente para no estarlo. Los procesos de reparación tienen que ser muy exhaustivos. Nosotros en el informe establecemos muchas pautas y criterios. El primer punto es reconocer la verdad, es un punto que tiene que ver con la reparación, porque parte de la reparación es reconocer la situación de estas personas como perseguidas políticas. Luego hay otro tipo de reparaciones posibles que tienen que ver con la situación de cada uno, por ejemplo con estudiantes que han perdido su carrera o gente que tuvo que salir del país. Hace falta un proceso de reparación muy amplio que tiene que ser también estudiado y para lo que también creemos que hace falta que Nicaragua mire a otras experiencias del mundo y se nutra de ellas.

En el informe afirman que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y señalan al presidente Ortega y los más altos cargos del Ejecutivo y la Policía. ¿Pueden ser juzgados dentro del derecho universal a nivel internacional por estos delitos? ¿Puede abrir un juicio en la  Corte Penal Internacional contra los señalados de cometer crímenes de lesa humanidad en el país?

Por supuesto. Por un lado pueden ser juzgados por otros Estados en virtud del principio de jurisdicción universal o competencia universal, que justamente implica que son crímenes que afectan a toda la humanidad y al afectar a toda la humanidad cualquier país del mundo puede usar sus tribunales para juzgar estos hechos. Con relación a la Corte Penal Internacional hay dos posibilidades: una que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación de Nicaragua a la Corte Penal Internacional y la segunda posibilidad es que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia para que la Corte Penal Internacional juzgue estos hechos. Nosotros recomendamos que así lo haga, pero por supuesto debe haber voluntad del Estado en hacerlo. Muy probablemente no sea la situación actual, pero nada impide que un próximo gobierno acepte la competencia de esta Corte para que juzgue estos hechos. Y nos parece un mecanismo muy recomendable, no solo para dejar el tema en manos de la Corte Penal Internacional, porque lo recomendable es que los juicios se hagan en Nicaragua cuando las condiciones estén dadas, pero que la Corte Penal Internacional tenga una competencia ya aceptada por Nicaragua es un reaseguro de justicia.

¿Si el Estado no acepta esa competencia puede iniciarse un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

A la Corte Interamericana puede llegar la situación de Nicaragua, pero no desde el punto de vista penal, no para que la Corte Interamericana juzgue, porque no es un tribunal penal, es para derechos humanos. La situación de Nicaragua puede llegar a partir de la vulneración de derechos humanos en general, incluso en lo relacionado a la falta de acceso a la justicia en Nicaragua: Si no se lleva a cabo un proceso de justicia conforme a los estándares internacionales, las víctimas tienen derechos a reclamar ante el sistema interamericano para que se condene a Nicaragua por no respetar sus garantías judiciales y su acceso a la justicia.

¿Prescriben los delitos de crímenes de lesa humanidad?

No. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y tampoco son susceptibles a amnistías generales. Son consecuencias jurídicas que impactan tanto a nivel nacional, para cuando Nicaragua esté en condiciones de juzgar, como a nivel internacional. Esto no significa que sean procesos que se lleven a cabo rápidamente, pero justamente la historia demuestra que frente a crímenes de Estado muchas veces la posibilidad de hacer justicia no es inmediata.

Ustedes afirman en el informe que en Nicaragua no debe haber impunidad tras las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué consecuencias tendría un borrón y cuenta nueva?

Esta receta del borrón y cuenta nueva fue muy utilizada en el pasado en muchos lugares frente a hechos de violencia. Deja a las víctimas sin ningún tipo de justicia ni reparación. Es una respuesta que hoy en día no es admisible justamente por el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho Penal Internacional. Frente a ciertos crímenes tan graves no es admisible esa respuesta. Hace falta llevar a cabo procesos de justicia y condenar a los responsables y paralelamente un proceso de reparación integral.