28 de enero 2019
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El lunes 16 de abril, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, anunció la decisión unilateral del Gobierno de imponer varias reformas al régimen de pensiones del país, lo que sirvió como detonante a una crisis que se venía acumulando desde mucho tiempo antes.
Este lunes 28 de enero, o sea 287 días (y casi 400 muertos) después, López revive la Resolución 1-317, ahora llamada Resolución 1-325, en la que ordena retomar varias de las decisiones que prendieron la mecha de la Rebelión de Abril, aumentando los porcentajes a cotizar, a la vez que se reduce hasta en un 30%, el monto de las nuevas pensiones.
“Con el propósito de continuar garantizando el bienestar de los asegurados y pensionados, es necesario implementar cambios en la seguridad social”, menciona un documento con el que se pretende sustentar la reforma reciclada.
Esos cambios incluyen que los empleadores con 50 trabajadores o más, tengan que aumentar su aporte para la rama Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en 3.5 puntos porcentuales, para subir hasta 22.5%, mientras que aquellos que tengan menos de 50 trabajadores, solo lo harán en 2.5 puntos porcentuales, (quedando en 21.5%), al englobar los 1.5 puntos porcentuales para la rama de Riesgos Profesionales, más otro 1.5 puntos para la de Víctimas de Guerra, y otros seis para Enfermedad y Maternidad.
Un economista independiente, que habló con Confidencial a condición de mantener su nombre en reserva, consideró que dictar una reforma a la seguridad social como la querían hacer en abril, “sería el tiro de gracia a las grandes empresas”.
A los asegurados, se les aumenta la tasa de contribución en 0.75 puntos porcentuales, con lo que su aporte sube hasta el 7%, mientras que el Estado incrementa su aporte en 1.5 puntos porcentuales “para salud”.
Más cotización, menos pensión
Los trabajadores por cuenta propia (como los profesionales, que pagan el denominado seguro facultativo), tendrán que aportar de forma adicional a lo que ya pagan, otros cuatro puntos porcentuales, mientras se establece la necesidad de “garantizar que los asegurados aporten el porcentaje establecido, aplicándolo al salario que devengan… el asegurado aportará según lo que gane. El que gana más paga más”.
En paralelo, se ordena reformar la manera en que se calculan los montos de las nuevas pensiones a asignar, con lo que la nueva base de cálculo solo permite que la pensión máxima a recibir, sea el equivalente a 70% de los últimos salarios cotizados.
La base de cálculo actual permite llegar hasta el 80%.
Al eliminarse el ajuste anual del 5% de las pensiones conforme al mantenimiento de valor, la pensión que reciben los jubilados se deteriora año con año, de modo que el Gobierno de Daniel Ortega logra de forma indirecta, su objetivo de arrancarle el 5% a las pensiones, tal como se ordenaba en abril.
Con la fórmula aún vigente (hasta tanto Ortega no la firme), un jubilado que devengara 15 000 córdobas mensuales y hubiera cotizado al menos 750 semanas, recibiría una pensión de 8671 córdobas, mientras que con el nuevo parámetro de cálculo, quedaría en 5369 córdobas, esto es, 38.1% menos.
A juicio del diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional, “estas medidas son redistributivas, justas, en beneficio de las inmensas mayorías del pueblo de Nicaragua, además que no se aumenta la edad ni el número de las cotizaciones”, defendió.
Por su parte, el experto fiscal Julio Francisco Báez, cuestionó la 1-325, recordando “la promesa de campaña de hace once años”, de dictar una Ley Integral de Seguridad Social.
Báez también se preguntó por cuánto tiempo se ‘aliviaría’ financieramente el INSS, pregunta que Castro se abstuvo de responder. “¿Qué estudio actuarial demuestra que empresarios y trabajadores soportarán este golpe? En abril se advirtió oportunamente la gravedad de aquella reforma. ¿Interesa reeditarla?”, cuestionó Báez.
