28 de enero 2019
AA
Share
El Gobierno de Daniel Ortega presentó ante la Asamblea Nacional, por medio del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, una propuesta de reforma a la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, con la que esperan recaudar 10 168 millones de córdobas, equivalente a 300 millones de dólares en 2019.
La búsqueda de esos 300 millones de dólares adicionales pasa por aumentar las dietas que se pagan a los directivos de las empresas, que pasan del 12.5% al 25%. En comparación, Acosta recordó que los trabajadores pagan entre 10% a 30% “según la progresividad de su ingreso”.
Al defender esa decisión, el ministro de Hacienda recordó el principio de que “los que tienen más, paguen más, contribuyen más. No puede ser que los pobres paguen el costo del golpe”, insinuó.
Las alícuotas del Pago Mínimo Definitivo (PMD, que es como se conoce al adelanto mensual del impuesto sobre la renta que hacen las empresas, y se pagan independientemente que después haya rentabilidad o no), pasan a ser del 3% para los grandes contribuyentes; del 2% para los principales contribuyentes, y del 1% para los demás contribuyentes.
Los incrementos
La propuesta dicta el gravamen de 30% para las transacciones con paraísos fiscales; y se crean tres nuevas categorías en la tabla de bienes sujetos a registro, tal como propiedades y vehículos, dictándose que aquellos valorados entre USD300 000 a USD400 000, pagan 5%; los de USD400 000 a USD500 000 pagarán 6%, y aquellos cuyo valor supere los USD600 000, tendrán que pagar 7%.
En el caso de los casinos, el pago se incrementa a US$50 por máquina, y US$600 por mesa de juegos, “para alinearlas a las tarifas centroamericanas”.
La reforma también aumenta lo que se cobra a las empresas mineras en concepto de “derecho de extracción”, llamado también regalía, que pasaría del 3% actual, al 5%. La regalía se pagará aparte del IR de la empresa, de modo que una ya no puede sustituir a la otra. Deben pagarse las dos.
En el caso de los cigarrillos y otros productos de tabaco, estos sufren un incremento de C$2000 por cada millar de cigarrillos, a partir de 2019. Ese cobro pasa a ser de C$2500 por millar en 2020, y de C$3450 por millar en 2021, para cumplir con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En la misma línea, se propone un incremento de C$50 por litro de alcohol absoluto a bebidas alcohólicas, vino y cervezas; que el impuesto selectivo de consumo (ISC) de las bebidas azucaradas (pero también los jugos, refrescos, energizantes, etc.) pase del 9% al 15%, mientras que las “mercancías contaminantes, suntuarios, y otras de bajo valor nutricional”, pasarían a ser gravadas con 5%.
En línea con la intención de afectar más al gran capital que se puso del lado de la ciudadanía que reclamaba el libre ejercicio de sus derechos, Edwin Castro, jefe de la bancada oficialista, defendió la necesidad de eliminarles beneficios fiscales, porque estos “no son para que CISA Agro tenga exonerados sus productos, y que después reviente a los campesinos, como si no hubiera recibido ese beneficio”.
Cosep ha alertado: cerrarán más empresas
En declaraciones previas, José Adán Aguerri, presidente del Cosep, había asegurado que “una decisión como esa solo provocaría más desempleo”, porque si una empresa que ahora paga un anticipo del 1%, tuviera que pagar el 2% o el 3%, “después de la crisis que estamos viviendo, se quedarían sin posibilidades de seguir operando”.
Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), también había declarado que dictar una medida como esa “quebraría una gran cantidad de empresas”.
Aunque él mismo reconoció que la crisis obligó al cierre de 8000 empresas, el ministro Acosta llamó “lágrimas de cocodrilo” a este tipo de argumentos, en especial, por la compensación que se propone a las empresas.
“El Estado compensará la mayor contribución que significan los PMD de 2019 y 2020, emitiendo títulos transables en la bolsa. No tiene por qué haber pérdida de empleos, porque se trata de las empresas más rentables del país, y van a ser compensados con Bonos de la República”, obviando la poca aceptación que tienen los papeles que emite el sector público, con la excepción de las letras del Banco Central, que pueden transarse hasta un año de plazo, pero la mayoría los transa a 30 días o menos.
El argumento y la promesa de consultas
La excusa oficial fue –al igual que cuando se presentó la reforma al Presupuesto 2018- “la intentona golpista del año pasado”, en referencia a la crisis iniciada cuando el régimen de Daniel Ortega decidió reprimir a balazos, los clamores de la ciudadanía nicaragüense que demandaba elecciones libres.
Producto de la crisis, el país perdió 1255 millones de dólares en 2018, según datos aportados por el ministro Acosta en su exposición ante la Asamblea Nacional. Aunque no mencionó los cerca de 400 muertos, miles de heridos, encarcelados, exiliados, perseguidos y desempleados que produjo la represión gubernamental, sí hay constancia que la actividad económica en general quedó muy golpeada.
Así lo reconoció el diputado Castro, al admitir más temprano en el programa de televisión “Detalles del Momento”, que se transmite en Canal 6, que la reforma se presenta “para apoyar la recuperación económica. Ya recuperamos la seguridad, pero la economía ha sido seriamente golpeada. Necesitamos esta reforma para no reducir el presupuesto en salud y educación”, aseveró.
Acosta dijo al concluir su presentación, que la propuesta fue estudiada largamente por el Gobierno “viendo el impacto en cada sector, con mucha responsabilidad. Nos hemos concentrado donde sea más equitativo y pueda contribuir para volver a la senda del crecimiento”.
Añadió que “tiene que ser un país que progrese, exporte, genere empleos y riquezas para todos, distribuyéndolo en el gasto por medio del presupuesto para seguir garantizando salud, educación, inversión pública, desarrollo rural, etc., buscando que tenga un impacto racional y equitativo”.
Tratando de conseguir algún tipo de legitimidad para una propuesta que surge de un Gobierno que ya la perdió, el diputado Castro dijo que el documento “estará en discusión toda la semana, con todos los que quieran llegar: sectores, privados, cámaras, pymes, Cosep y sus cámaras, trabajadores organizados”.
