26 de enero 2019
Algo más de 72 horas bastaron para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se diera cuenta que su intransigente política del “vamos con todo” no funcionaría con una misión del Parlamento Europeo. El pasado viernes 18 de enero les comunicaron a los eurodiputados que no los dejarían entrar a Nicaragua, aunque al lunes siguiente les informaron que sí podían venir. Un cambio radical; muy distinto al comportamiento, que hasta el momento, ha tenido la dictadura con otras delegaciones extranjeras que buscaban saber lo qué ha pasado en el país desde abril pasado.
La excusa del régimen era que miembros de la Eurocámara habían emitido algunas “declaraciones amenazantes o irrespetuosas” contra el Gobierno, aunque no presentaron ninguna evidencia de su alegato. El cambio de postura coincidió con un endurecimiento del discurso de la Unión Europea (UE) hacia la Administración nicaragüense. Los ministros de Exteriores del viejo continente condenaron el lunes la represión en Nicaragua y se mostraron dispuestos a tomar medidas para favorecer una solución “pacífica y negociada” a la crisis.
Ese vuelco de actitud del régimen desnuda una política exterior basada en la “improvisación”, según el excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa, quien aseguró que la entrada de los eurodiputados es un cambio positivo para el país, aunque “forzoso” para el régimen.
“Estoy viendo una política general de ir con todo en diplomacia, pero con cierta capacidad de improvisar cuando ellos (el régimen) notan que el costo del rechazo internacional es mayor que el beneficio que ellos perciben”, señaló el exdiplomático.
La política del “vamos con todo” se refiere a la orden que dio la vicepresidenta y primera dama para responder con dureza a las protestas cívicas. El pasado 19 de abril, el secretario de organización del FSLN, Fidel Moreno, transmitió un mandato incuestionable de Murillo a todos los secretarios políticos: “Debemos defender la revolución, vamos con todo, no les permitiremos que nos roben la revolución”. Tras la disposición se registraron los primeros tres asesinados por la represión, que hasta el momento ha dejado al menos 325 muertos, más de tres mil heridos y cientos de desaparecidos.
Expulsados y bloqueados
A diferencia de con los europeos, el régimen ha expulsado de forma sorpresiva, contundente y sin argumentos válidos, a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), y a dos misiones vinculadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
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Las pareja presidencial permitió el ingreso de esas delegaciones entre junio y julio pasado, uno de los periodos más duros de la crisis. Sin embargo, desde agosto el panorama cambió. El Gobierno había retomado a punta de bala el control de las calles y carreteras. En ese mes, anunció en la Organización de Estados Americanos (OEA), que no permitiría el ingreso al país de un Grupo de Trabajo, formado en el seno de ese foro regional. Es la fecha, y se mantiene la prohibición.
En octubre, la dictadura no permitió la entrada al país de los representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a quienes bloqueó en las oficinas de Migración, en el Aeropuerto Internacional de Managua.
Obligados por el “ostracismo”
Para Aguirre, la realidad internacional donde Nicaragua está aislada, en “ostracismo”, ha obligado al régimen a reevaluar las decisiones diplomáticas, que incluso tomaron horas antes.
“Esta situación (cambio de decisiones) hace muy impredecible la política y postura de Nicaragua, que no es una cosa positiva en las relaciones internacionales. Los Gobiernos serios, en parte, son predecibles, uno sabe cuáles son los nortes de ellos y uno puede predecir cuáles son las acciones de ellos”, explicó el excanciller.
Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua, comentó que el cambio de posiciones del régimen, lo muestra como un “gobierno esquizofrénico”, que usa esa medida como un “recurso táctico para tratar de ganar tiempo y no comprometerse a nada”.
“El Gobierno está evadiendo volver a la mesa de Diálogo y retomar la senda de una solución política negociada, que pasa por definir la ruta hacia la democratización, pero ahora con el aumento de justicia por todos los hechos acontecidos y las acusaciones de crímenes de lesa humanidad”, subrayó Díaz.
Presiones europeas
Para ambos exdiplomaticos, la entrada de los europeos se debe a la presión que ejercieron desde la UE. Fuentes vinculadas a los eurodiputados indicaron a Confidencial que de no permitirles la entrada, la misión pretendía reorientar su visita hacia Costa Rica, para reunirse en ese país con la comunidad de nicaragüenses exiliados y refugiados.
Reunidos en su Consejo mensual, los ministros de Exteriores de la UE aprobaron el lunes unas conclusiones en las que lamentaron la “brutal represión” del régimen. Los cancilleres denunciaron que las recientes medidas contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes suponen “un nuevo golpe para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social”.
Previo a la reunión de cancilleres y tras conocer el veto a la misión de eurodiputados, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, advirtió en un acto público que “pronto” llegarán “las sanciones contra la dictadura en Nicaragua”.
“Hay otro dictador en Nicaragua, el señor Ortega que también va por mal camino (…) No nos vamos a quedar callados y vamos a reaccionar”, dijo Tajani, durante la convención nacional del Partido Popular (derecha) que se celebró en Madrid, España.
El Presupuesto General de la República de Nicaragua contempla una donación de 128 millones de córdobas de la UE, que se utilizaría principalmente para la construcción y equipamiento de unas estructuras fronterizas en el Río San Juan, colindante con Costa Rica.
“Defensa de la democracia”
La delegación está integrada por los españoles Ramón Jáuregui Atondo, Gabriel Mato, Javier Nart y José Ignacio Salafranca; los griegos Stelios Kouloglou y Nikos Androulakis, los franceses Joëlle Bergeron y Mireille D´Ornano; los portugueses José Inácio Faria y Ana Gomes; y el belga Mark Demesmaeker.
Jáuregui Atondo, quien encabeza la delegación de seis grupos políticos del Parlamento, publicó en su cuenta de Twitter que los eurodiputados son “un equipo de amigos del pueblo nicaragüense deseosos de ayudar al diálogo y a la libertad. En defensa de la democracia y el Estado de derecho”.
En su primer día de reuniones, el jueves, la misión se entrevistó con el canciller nicaragüense, Denis Moncada, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y otros diputados oficialistas. También sostuvieron encuentros con representantes de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
En su segundo día de trabajo, este viernes, los europarlamentarios visitaron la cárcel de mujeres “La Esperanza”, en Tipitapa, donde conversaron con las presas políticas, entre ellas, la dirigente universitaria Amaya Coppens, quien posee nacionalidad belga y nicaragüense; y es acusada por justicia orteguista de los presuntos delitos de: terrorismo, tenencia ilegal de armas de fuego, robo agravado, secuestro simple y entorpecimiento al servicio público.
Los eurodiputados visitaron también las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipote, donde conversaron, según medios locales, con los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, director y jefa de prensa, respectivamente, del canal 100% Noticias. Ellos están detenidos ilegalmente desde hace un mes.
Acoso policial
La visita de los eurodiputados impulsó al régimen a militarizar Managua, donde desplegaron un inmenso dispositivo de agentes policiales y antimotines en las rotondas y principales avenidas de la capital. La dictadura temía que los ciudadanos aprovecharan la presencia de la delegación europea para mostrar su repudio contra la dictadura, tal y como se convocaba en las redes sociales.
Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), fueron perseguidos por un grupo de paramilitares y agentes policiales, la tarde del viernes, luego de que se reunieron con los eurodiputados.
El empresario Michael Healy, el exdiputado José Pallais, la dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD) Violeta Granera, y el dirigente estudiantil Harley Morales, fueron retenidos, pero luego dejados en libertad.