24 de enero 2019
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El sector privado de Nicaragua exigió este jueves a la Policía Nacional que retire “de forma inmediata” la acusación pública en la que señaló a los empresarios de participar en un “golpe de Estado fallido” en abril pasado.
La Policía Nacional acusó el miércoles a los empresarios de ser “partícipes en el golpe de Estado fallido de abril del año pasado”, razón por la cual negó un permiso que solicitaron para manifestarse en favor de la solución a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
La institución policial también señaló a los empresarios de actuar “delictivamente contra la Constitución Política de Nicaragua, pretendiendo cambios institucionales a través de la violencia y el terror”, así como de ser “promotores, incitadores, responsables, en la realización de tranques”.
Los empresarios aludidos son los miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), quienes solicitaron permiso para una marcha prevista para este jueves, y suspendida por la negativa policial.
Origen de las acusaciones
“La Policía Nacional, sin asidero legal alguno, rechaza nuestra solicitud, y con argumentos políticos contrarios a los principios de actuación policial de legalidad y profesionalismo, nos acusa de ser partícipes de una serie de actividades absurdas, que rechazamos enérgicamente”, señaló el Cosep en un pronunciamiento leído por su presidente José Adán Aguerri.
Hasta el estallido social de abril pasado el sector privado era uno de los principales aliados del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del Funides, comentó que el origen de las acusaciones policiales está en la posición “beligerante, firme y de acompañamiento” que realizó el sector privado a las protestas cívicas.
“Desde el día uno de las protestas, el sector privado convocó a una marcha, a paros nacionales y sigue apoyando a los familiares de los presos, de los heridos y asesinados durante las manifestaciones”, subrayó Chamorro, que calificó las acusaciones de “políticas, absurdas y totalmente amenazantes”.
La Policía Nacional prohibió en septiembre pasado cualquier manifestación que no cuente con su autorización, a pesar de las críticas a esta medida, que ha sido criticada con el argumento de que contraviene el derecho la libertad de expresión y manifestación que garantiza la Constitución de Nicaragua.
Dos narrativas
La crisis que atraviesa Nicaragua ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios. El Gobierno reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
Ortega rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado fallido”.
Aguerri comentó que tener dos narrativas sobre lo que ha sucedido en Nicaragua “no va a cambiar el resultado del país”.
Dijo que a lo largo de estos meses las diversas cámaras y sectores empresariales han sido “consecuentes con sus principios”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes “de lesa humanidad”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) emprendió el pasado 11 de enero la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por ruptura del orden constitucional.
