24 de enero 2019
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La “Ley de Reconciliación”, ideada por Rosario Murillo, con la que el régimen de Daniel Ortega dice aportará la solución a la crisis que vive el país, pero que para opositores y familiares de las víctimas de la masacre es un intento de dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, fue aprobada este miércoles en la Asamblea Nacional.
La denominada “Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz”, fue aprobada por la aplanadora orteguista con 70 votos a favor y fue rechazada por 16 diputados del PLC, del Partido Conservador y Yatama en el plenario porque alegan solo busca promover la impunidad en la masacre perpetrada desde el inicio de las protestas el 18 de abril del año pasado.
El presidente del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera, calificó de “infamia” la nueva ley porque no reconoce a los asesinados por las fuerzas policiales y paramilitares.
“Ellos quieren que los nicaragüenses dialoguemos a la fuerza con una Policía que ha asesinado al pueblo, expresó el diputado liberal, Maximino Rodríguez.
Proceso oscuro
Los diputados aprobaron la ley después de que el Poder Ejecutivo dio por finalizado su propio proceso de consultas, entre grupos afines al Gobierno, que la Presidencia ha identificado como “diálogo”.
La iniciativa tiene por objeto establecer el marco jurídico general que garantice una política de Estado en temas de diálogo reconciliación, seguridad, trabajo y paz, según ha explicado el Poder Ejecutivo.
En noviembre, familiares de los asesinados por la represión oficial que ha dejado 325 muertos desde abril, y de los más de 600 presos políticos estimados a la fecha, reclamaron que la iniciativa, promovida por la vicepresidenta Murillo, es la base para la aprobación de una ley que impondría por decreto “reconciliación” en una Nicaragua trastocada por la violencia desatada por el régimen de El Carmen, en medio de un clima de total impunidad y falta de voluntad política para esclarecer los crímenes de la masacre.
https://www.confidencial.digital/reconciliacion-de-murillo-es-inmoral/
“Como familiares nos sentimos indignados, con rabia, porque en este país nadie se reconcilia sin antes conocer la verdad”, reclamó Francis Valdivia, quien forma parte de las Madres de Abril, una organización que exige justicia por los asesinatos de más de 325 personas. “Tenemos una necesidad real de conocer la verdad; de conocer quiénes asesinaron a Franco y lo arrastraron por más de una cuadra… No vamos a permitir borrón y cuenta nueva: ni perdón ni olvido”, aseguró la hermana del joven asesinado en Estelí, Franco Valdivia, y actual presidenta de la Asociación Madres de Abril.
Se necesita “un proceso de verdad”
También ese mes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), expulsado semanas después por el régimen, demandó al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo que, antes de proponer cualquier política de Estado que busque la “reconciliación”, debe implementarse “un proceso de verdad” con el “reconocimiento de responsabilidades, la sanción de los responsables por la justicia, la reparación de las víctimas y las reformas institucionales necesarias para restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”.
A través de una comunicación remitida al canciller de Nicaragua, Denis Moncada, el GIEI indicó que consideran que la llamada “Propuesta de Política de Estado para una Cultura de Paz y Reconciliación” presentada el pasado seis de noviembre “debe atender el momento por el que atraviesa la sociedad nicaragüense” y que esos procesos no pueden imponerse por ley.
