¡Ahí está el detalle!

Las declaraciones de funcionarios de alto nivel del actual gobierno mexicano anunciando su disposición a servir de mediadores en la crisis nicaragüense, provocaron un amplio y agudo debate, preocupaciones y antagonismos.

El principal referente sobre los propósitos de política exterior mexicana se encuentra en las expresiones del Subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, en ocasión de su comparecencia ante el senado mexicano.

Analicemos las aseveraciones de Reyes, como base para deducir qué podemos esperar del actual gobierno de México.

El subsecretario manifestó: “la diplomacia mexicana tendrá un papel decisivo en América Latina y el Caribe. México debe ser un líder en la región y estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad”.

Sin duda, se trata de un propósito loable. Sin embargo, quedan flotando los siguientes interrogantes:

¿Cómo piensa el gobierno de México asumir una posición de liderazgo en una América Latina con gobiernos de signo político contrario?

¿Cómo piensa ejercer liderazgo si, formando parte del Grupo de Lima, dejó colgados a sus integrantes al no firmar la declaración sobre el gobierno de Venezuela?

¿Cómo piensa ejercer liderazgo si, formando parte del grupo de trabajo sobre Nicaragua integrado en el marco de la OEA, les sacó el pie y anunció unilateralmente que está en disposición de actuar como mediador?

Reyes aseveró, además, que el principio central de la política exterior mexicana será “la no injerencia en los asuntos internos de los Estados”. Si esto es así ¿Cómo puede ofrecerse como mediador en la crisis si nadie lo ha llamado? ¿Acaso este no es un acto de injerencia?

Reyes dijo más: “…estaremos atentos al impacto que la crisis política en Nicaragua pueda tener en nuestros connacionales o las empresas de capital mexicano en dicho país. México es el segundo inversionista en Nicaragua, después de Estados Unidos, y hay 47 empresas mexicanas creando empleos en ese país”.

La frase es muy congruente con las crudezas de la política internacional: los Estados no tienen amigos, tienen intereses. No obstante, es conocido que algunas de estas empresas operan bajo el padrinazgo, o en sociedad con la camarilla gobernante. De ahí la duda ¿Sabe esto el gobierno mexicano? Si no lo sabe, tiempo es que lo investigue. Y si lo sabe y proclama esas intenciones, pues ya sabemos a qué atenernos.

Finalmente, la subsecretaria para Derechos Humanos de la cancillería mexicana declaró: “estamos decididos a defender los derechos humanos en todos los niveles”. Muy bien. En el caso de Nicaragua, la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes confirmaron que el régimen de Ortega cometió delitos de lesa humanidad.

Debe entonces explicarse: ¿Cómo puede proclamarse la defensa y promoción de los derechos humanos y, al mismo tiempo, ignorar los informes de entidades oficialmente reconocidas por México?

En conclusión: Ortega no ha manifestado el más mínimo interés en dialogar y sigue aferrado al poder a sangre y fuego. Siendo esto así y dado que el gobierno mexicano está apareciendo como obsequioso, tenemos dos opciones:

• Asumamos que el gobierno mexicano está actuando de buena fe: ¿Se arriesgará López Obrador a ser acusado de golpista cuando no se someta a las pretensiones de Ortega? Esto ya ocurrió con la Conferencia Episcopal, con Luis Almagro, la CIDH, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y el Consejo Permanente de la OEA.
• Asumamos que está actuando por afinidad política ¿Se arriesgará a echar por la borda sus aspiraciones de liderazgo continental apareciendo como cómplice de un gobierno señalado de cometer delitos de lesa humanidad?

Con semejantes contradicciones ¿A qué podemos atenernos?

Tal vez nos ayude a guiarnos la memorable escena de la película de Cantinflas Ahí está el detalle: “…señor juez, no es ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario…”