22 de enero 2019
AA
Share
El régimen orteguista cedió ante los europeos. El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo permitirá esta semana la entrada al país de una delegación del Parlamento Europeo, a la que el viernes pasado le vetaron el ingreso, bajo el argumento que miembros de la Eurocámara han emitido algunas “declaraciones amenazantes o irrespetuosas” contra el Gobierno, aunque no presentaron ninguna evidencia de su alegato.
Fuentes vinculadas a los eurodiputados indicaron a Confidencial que el Gobierno les comunicó oficialmente que la delegación “será recibida y cumplirá su agenda”. De no permitirles la entrada, la misión pretendía reorientar su visita hacia Costa Rica, para reunirse en ese país con la comunidad de nicaragüenses exiliados y refugiados.
El cambio de postura del régimen coincide con un endurecimiento del discurso de la Unión Europea (UE) hacia la administración nicaragüense. Los ministros de Exteriores del viejo continente condenaron este lunes la “represión” en Nicaragua y se mostraron dispuestos a tomar medidas para favorecer una solución “pacífica y negociada” a la crisis.
Igualmente, tras conocer el veto a la misión de eurodiputados, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, advirtió en un acto público que “pronto” llegarán “las sanciones contra la dictadura en Nicaragua”.
“Hay otro dictador en Nicaragua, el señor Ortega que también va por mal camino. Ayer (viernes), canceló una visita de los eurodiputados para la semana que viene, esto es inaceptable. Llegaran pronto las sanciones contra la dictadura en Nicaragua, lo digo aquí alto y claro: No nos vamos a quedar callados y vamos a reaccionar”, dijo Tajani, durante la convención nacional del Partido Popular (derecha) que se celebró este fin de semana en Madrid, España.
Reunión con sectores
La delegación, integrada por once eurodiputados de seis grupos políticos, estarán en Managua del miércoles al sábado. Tienen previsto encontrarse con el presidente Ortega y otros funcionarios del Gobierno, así como con representantes de partidos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, autoridades eclesiásticas y medios de comunicación.
El objetivo de la misión, encabezada por el español Ramón Jáuregui Atondo, es conocer de primera mano qué ha sucedido en el país desde abril pasado, cuando inició la crisis sociopolítica, que ha dejado al menos a 325 ciudadanos asesinados por el régimen, más de tres mil heridos, más de 600 presos políticos y unos 60 000 exiliados por la persecución política.
El embajador de la UE en Nicaragua, Kenny Bell, ha indicado a medios nacionales que los eurodiputados –que llegarán este miércoles- elaborarán un informe, que será tomado en cuenta para las futuras decisiones de la UE sobre Nicaragua.
“El Parlamento es el colegislador y responsable del presupuesto de la Unión Europea, esas son sus funciones; el Parlamento es un cogestor de los fondos y colegislador en todo, entonces, ese es un poder que tienen en sus manos”, explicó Bell.
“Los parlamentarios vienen con su propia libertad de opinión, de expresión; es difícil decir de antemano qué va a acontecer. Sé que algunos están bastante informados, preparados. No puedo predecir lo que van a decir ellos, lo que van a encontrar. Su primer objetivo es ver cómo es la situación, hablar con las autoridades, con todos los diferentes actores y a partir de ahí sabremos qué van a decir, qué van a concluir”, dijo Bell a un diario nacional.
Condena de ministros
Reunidos en su Consejo mensual, los ministros de Exteriores de la UE aprobaron unas conclusiones en las que lamentan la “brutal represión” del régimen orteguista contra las manifestaciones pacíficas.
Los ministros denunciaron que las recientes medidas contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes suponen “un nuevo golpe para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social”.
“La UE seguirá supervisando atentamente la situación y subraya su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis actual y responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de derecho”, precisaron los ministros.
