11 de enero 2019
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Seis votos decidirán el presente de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA). A los casi confirmados 18 países comprometidos con sancionar al régimen orteguista, el Consejo Permanente del organismo interamericano necesita asegurar media docena más de votos para aventurarse al camino de aplicar la Carta Democrática al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Consejo Permanente sesionará este viernes sobre la situación de Nicaragua, a solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro. En esta reunión, los representantes de las 34 naciones americanas tienen dos opciones: llaman a realizar “gestiones diplomáticas” o convocan a una Asamblea General extraordinaria de los ministros de relaciones exteriores, que es la instancia máxima del organismo regional. Solo en el último caso se necesita una votación.
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Sin embargo, expertos consultados por Confidencial explicaron que el Consejo Permanente y Almagro, no se aventurarán a llamar a una asamblea extraordinaria de cancilleres que resulte un fiasco, sino logran los 24 votos en la sesión de este viernes.
Esta será la cuarta sesión del Consejo Permanente sobre Nicaragua. En las tres anteriores se ha superado la barrera de los 18 votos. En julio pasado, una resolución de condena contra la represión gubernamental obtuvo 21 votos. Sin embargo, en la última votación ese número bajó a 19, porque Honduras y Guatemala decidieron abstenerse.
La clave de la votación estará en los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que en su mayoría se han abstenido o ausentado de las votaciones sobre la crisis nicaragüense. Tal es su importancia que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, realizó la semana pasada una gira por algunas de esas naciones para pedirles su apoyo en el Consejo Permanente.
El primero de enero, Moncada envió una carta a los gobiernos de América Latina y el Caribe, en la que descalifica al secretario general de la OEA y les ruega no aprobar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática.
Comisión de buenos oficios
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. EFE
Almagro convocó de urgencia a la sesión, a finales de diciembre, basado en el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Entre esas decisiones está la “realización de gestiones diplomáticas”, que consiste en crear una comisión de buenos oficios que visite el país y promueva la “normalización de la institucionalidad democrática”.
El exdiplomático Carlos Tünnermann Bernheim dijo que el Consejo Permanente podría considerar que en la crisis nicaragüense esas gestiones diplomáticas “ya no proceden”, luego de que el régimen de Ortega y Murillo prohibiera la entrada de un grupo de trabajo de la OEA, creado en agosto para evaluar la situación en Nicaragua.
Sin embargo, el también académico no descartó que el Consejo Permanente apruebe las “gestiones diplomáticas”, al considerar que no tienen los 24 votos para asegurar una asamblea extraordinaria.
El secretario General de la OEA, Luis Almagro, junto a Daniel Ortega, a principios de diciembre de 2016, en Managua. Foto / Presidencia
Reunión de cancilleres
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, establece el artículo 20.
“Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”, añade.
Una asamblea extraordinaria de cancilleres no implica directamente que el país en cuestión será expulsado de la OEA. Aunque se tengan los 24 votos, los ministros de relaciones exteriores podrían optar por agotar todas las vías diplomáticas.
Desde que se aprobó la Carta Democrática, en septiembre de 2001, se ha aplicado en diez ocasiones: Venezuela en 2002; Perú en 2004; Ecuador en 2005 y 2010; Bolivia en 2003, 2005 y 2008, Nicaragua en 2004 y 2005. En todas esas ocasiones, la OEA realizó “gestiones diplomáticas” y de “buenos oficios” para mediar y resolver las crisis en esos países.
Solo en una ocasión, en Honduras en 2009, la OEA ha invocado la Carta Democrática para expulsar a uno de sus miembros. Esto fue en el contexto del golpe de Estado que sacó de la Presidencia a Manuel Zelaya.
Posible suspensión de Nicaragua
Tünnermann, quien fue embajador de Nicaragua ante la OEA, señaló que en el caso nicaragüense “todo está encaminado a la aplicación del artículo 21, que es el que habla de la suspensión”.
La expulsión del organismo implicaría un mayor aislamiento del mundo y perder el acceso a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es una de las principales fuentes de financiamiento de inversión pública.
“Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”, indica el artículo 21 de la Carta Democrática.
Desde el primer día de las protestas, las portátiles del FSLN han agredido a los manifestantes pacíficos, hasta escalar la violencia, muerte y vandalismo. Confidencial | Carlos Herrera
El tiempo para convocar a la Asamblea General dependerá, según el exdiplomático, de si están asegurados los 24 votos, ya que por la gravedad de la situación en Nicaragua, “el plazo no puede ser muy largo”.
El régimen orteguista ha asesinado al menos a 325 ciudadanos, herido a más de tres mil, encarcelado a más de 600 presos políticos y provocado el exilio de unos 60 000 por la persecución política. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), concluyó en su informe final que el Gobierno de Ortega y Murillo ha cometido delitos de “lesa humanidad”.
El artículo 21 establece además que “el Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”.
Corrección:
* En una versión anterior se indicaba que para las gestiones diplomáticas y la convocatoria de una Asamblea General de cancilleres, se necesitaba una votación. Solo en el último caso se requiere ese procedimiento.
