7 de enero 2019
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Las feministas del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) exigen al Gobierno de Nicaragua la libertad de la presa política Ruth Matute, quien necesita un cambio de marcapasos inmediato y sostienen no cometió delitos que justifiquen su permanencia en la cárcel.
El MAM informó que Matute, arrestada en octubre pasado tras participar en protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega, fue trasladada de la cárcel de mujeres La Esperanza hacia un hospital de Managua en estado grave, porque sufre una insuficiencia cardíaca, pero que no ha recibido atención especializada.
Matute, originaria de Masaya, es señalada por la Policía de "terrorismo" y otros delitos, pertenece a una lista de al menos 610 presos políticos, según organismos defensores de los derechos humanos, que fueron arrestados por pensar diferente al oficialismo. La Policía acusa a Matute y familiares de fabricar explosivos utilizados contra la delegación de la institución en esa ciudad.
El Gobierno ha informado de 340 reos, que clasifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
El caso de Matute se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 muertos confirmados por la represión oficial desde el estallido social de abril pasado. El Gobierno solo reconoce 199 víctimas, sin detallar su lista, entre la cual solo menciona a 22 policías.
Ruth Matute, segunda de izquierda a derecha, presentada por "terrorismo", en octubre pasado. Foto: Tomada de El 19 Digital
La crisis también ha dejado cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles se han ido al exilio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno de Ortega de cometer crímenes "de lesa humanidad", en actos de represión que han incluido la presunta orden de no atender a opositores en hospitales del Estado.
Ortega rechaza los señalamientos e insiste en que ha superado un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno, debido al saldo mortal de las manifestaciones.
