7 de enero 2019
El cardenal Leopoldo Brenes estima que el Gobierno de Daniel Ortega debe evaluar las observaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya ha iniciado el procedimiento para aplicar la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua.
"Siempre una observación tiene fundamentos, yo creo que por eso hay que evaluarla bien, y aquellas cosas que haya que cambiar, pues hay que cambiarlas, para el bien del país", dijo Brenes, al ser consultado por periodistas sobre la situación de Nicaragua ante la OEA.
El Consejo Permanente de la OEA tiene programado reunirse el próximo viernes para abordar una vez más el caso de Nicaragua, cuyo Gobierno "ha provocado una alteración del orden constitucional", según ha dicho el secretario general del máximo organismo continental, Luis Almagro.
Brenes agregó que "cuando se nos hace una crítica, una observación, si tiene fundamento, pues analicémosla bien, revisémosla, interioricémosla, y tratemos de cambiar, si la observación que nos hacen no tiene fundamentos, tenemos que quedarnos tranquilos".
No obstante, el Gobierno de Nicaragua ha pedido a los cancilleres de América Latina y el Caribe que la CDI no sea aplicada a su país y ha instruido a sus diplomáticos para que eviten una decisión de la OEA al respecto.
La Carta Democrática de la OEA es un instrumento jurídico aprobado en 2001 que busca preservar la "institucionalidad democrática" en América Latina. Con su aplicación, se podría abrir la puerta a suspender a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos.
El caso de Nicaragua es analizado en la OEA debido a que su Consejo Permanente adoptó como propio un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se afirma que el Gobierno de Daniel Ortega ha cometido crímenes "de lesa humanidad" al reprimir protestas contra su Gobierno desde el estallido social de abril pasado.
Edmundo Jarquín: Ortega teme diálogo
La aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Ortega está en proceso por el temor de este a resolver la crisis interna a través de un diálogo, afirma el economista y abogado Edmundo Jarquín, excandidato presidencial en las elecciones nacionales de 2006, que llevaron a Ortega de regreso al poder.
"La Carta Democrática prevé, antes que cualquier sanción, el diálogo y buenos oficios diplomáticos, pero eso, que es como mencionar el agua bendita al diablo, aterra a un Gobierno cuyo único soporte es la represión sangrienta", dijo Jarquín, en su blog La Nicaragua Linda.
El jueves 27 de diciembre de 2018 el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el inicio del procedimiento de la aplicación de la CDI a Nicaragua y el pasado sábado 29 de diciembre solicitó al Consejo Permanente del organismo una sesión de urgencia para abordar el caso.
El Gobierno de Nicaragua sostiene que la CDI no se aplica a este país porque no hay un caso de golpe de Estado, aunque insiste en que Ortega fue víctima de un "intento fallido" para derrocarlo.
Jarquín, un excandidato a la Presidencia y sandinista disidente, recordó que la CDI "no fue concebida para golpes de Estado tradicionales, típica conjura de militares para deponer gobiernos legítimamente elegidos, sino para impedir que gobiernos elegidos, una vez en el poder empezaran a desmontar la institucionalidad democrática, como ha ocurrido en Nicaragua".
El Consejo Permanente de la OEA analizará el caso de Nicaragua el próximo 11 de enero en Washington.
En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a Cuba y Honduras, mientras que en su Asamblea General del año pasado dio un primer paso para iniciar ese proceso con Venezuela.
Para aprobar la suspensión, que es la máxima sanción de la OEA, se necesitan 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución, pero no participa en ella desde 1962).
CPDH: Ortega sin argumentos para evitar Carta Democrática
El Gobierno de Ortega no tiene fundamentos para evitar el proceso de aplicación de la Carta Democrática Internacional (CDI), iniciado el pasado jueves, considera el presidente de la organización no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
El activista emitió su apreciación un día después de que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, pidió a sus cancilleres de América Latina y el Caribe que la CDI no sea aplicada a Nicaragua, ante la reciente solicitud en tal sentido del secretario general, Luis Almagro.
La petición de Moncada "no tiene fundamento ni solidez necesaria para que la OEA pueda tomarla en serio, porque por un lado pedís que no se aplique, pero por otro seguís violando los derechos humanos", dijo Carmona a periodistas.
"No creemos que la carta de Moncada tenga un efecto positivo, porque antes debe haber muestra de buena voluntad, el argumento de golpe de Estado no tiene fundamentos, ahí está el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), hay muertos, presos, exiliados, el Gobierno no muestra apertura al diálogo", insistió Carmona.