Nicaragua debe volver a la calle

El régimen Ortega-Murillo, a través del despliegue de sus fuerzas represivas, la desarticulación y desmovilización de expresiones organizativas locales como los movimientos llamados 19 de Abril, el cierre de todo espacio de movilización pacífica, y la instauración de un Estado policíaco, ha contenido la resistencia que desde la calle exigía la renuncia inmediata o la reinstalación de un proceso de negociación para solucionar la crisis sociopolítica y de violación de los derechos humanos que afecta a Nicaragua.

Aun cuando las calles han sido retomadas por el régimen Ortega-Murillo, la matanza y la violación sistemática de derechos humanos de los y las manifestantes han generado las siguientes consecuencias: aislamiento del régimen ante la comunidad internacional; aprobación de sanciones económicas por parte de Estados Unidos; posicionamiento de organismos internacionales como el FMI y el BID en relación a seguir financiando un gobierno implicado en crímenes de lesa humanidad, tal como ha catalogado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) los actos represivos perpetrados por el Estado desde abril del 2018; posicionamiento de un sector privado no anuente a llegar a un acuerdo económico si no se da previamente un acuerdo político a la crisis; deterioro de las relaciones con la alta jerarquía de la Iglesia católica que exige retomar el camino del diálogo; declive de una economía de por sí bastante frágil que terminaría por afectar a todos los nicaragüenses.

De manera paradigmática, la aplicación de la sanciones por parte de Estados Unidos a través de la ley conocida como Nica Act, que prevé la suspensión de préstamos provenientes de organismos multilaterales y sanciones específicas a personeros adeptos al régimen involucrados en actos de corrupción y violación de derechos humanos, podría presionar a Ortega y a Murillo al cese de la represión y a que se lleven a cabo reformas constitucionales mínimas para celebrar elecciones generales anticipadas transparentes y competitivas; y que se investigue a profundidad los hechos de represión cometidos desde abril de 2018.

Así las cosas, parece haber una correlación de fuerzas políticas favorable para el Pueblo Azul y Blanco –tal y como se ha llamado la oposición– en el ámbito internacional, pero desfavorable en el ámbito interno o nacional. Por tanto, en la medida que Ortega y Murillo perciben y aprecian una victoria sobre el accionar de las fuerzas organizadas democráticas –a las que califica como golpistas–, no estarían dispuestos a negociar su salida del poder teniéndolas como interlocutoras. Este escenario no sería improbable tomando en cuenta que el discurso oficialista ha tratado de socavar la legitimidad de la verdadera oposición, la misma que, debido al previo desmantelamiento de la institucionalidad democrática, ha sido reconfigurada por medio de la alianza de diversos gremios y sectores sociales opositores al régimen y no bajo el tradicional sistema de partidos políticos.

En este escenario, es posible que los autócratas se ‘rindan’ y negocien su salida con Washington teniendo como interlocutores a actores políticos nacionales bastante ‘permisivos’, tales como los partidos políticos cooptados por el régimen o ‘zancudos’, en un espacio de negociación muy diferente al Diálogo Nacional mediado por la Conferencia Episcopal.

Si Ortega y Murillo abren un espacio de negociación alejado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el interlocutor legítimo frente al régimen, podrían aprobar una amnistía general que beneficie a la pareja presidencial como parte del acuerdo para encontrar una salida a la crisis sociopolítica.

Un país refundado nuevamente sobre la impunidad sólo estaría sentando las bases de la corrupción y el desfalco, y condenado a repetir el ciclo histórico de la violencia. Por tanto, es fundamental que todos los sectores nos unamos en la acción para conseguir una posición de fuerza favorable que haga que Ortega y Murillo acepten una nueva etapa de negociación legítima y con participación de las fuerzas democráticas organizadas. Lo que está en juego no es sólo la salida de la dictadura, sino el futuro de la sociedad nicaragüense.

Pero lograrlo requiere de la configuración de un actor político indispensable para la transición a la democracia con justicia, que tenga reconocimiento social a nivel nacional e internacional y, sobre todo, de la construcción de un tejido organizativo descentralizado, pero coordinado entre distintos actores que han surgido de la lucha de abril, tales organizaciones de médicos, maestros y transportistas, entre otros, con el objetivo de construir una verdadera unidad en la acción y, de esa manera, hacer frente al régimen retomando la calle y cambiando la correlación de fuerza en el ámbito interno.

*Los autores son miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). Este artículo se publicó originalmente en El Faro, de El Salvador.