24 de diciembre 2020
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Diez de más de cien presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pasarán este 25 de diciembre su tercera Navidad consecutiva en prisión. Ellos tienen entre 727 y 900 días en las cárceles de la dictadura, alejados de sus familias. Otros 39 pasarán su segunda Navidad presos, algunos de ellos recapturados por sus reclamos y protestas contra los abusos del Gobierno. Y 36 más, detenidos entre el ocho de enero y el 30 de abril de 2020 pasarán su primera Navidad alejados de sus familias por la represión orteguista, en una lista a la que se suman más de veinte presos políticos capturados de mayo a diciembre.
El pasado diez de diciembre, CONFIDENCIAL publicó un reportaje especial sobre la demanda de Navidad sin presos políticos, que incluyó los testimonios de familiares de Maycol Antonio Arce, encarcelado desde el 25 de diciembre de 2018 y quien el pasado cinco de diciembre no pudo acompañar a su hija de siete años en su graduación de preescolar.
Como la de Maycol Antonio Arce, hay decenas de historias en las celdas del régimen, y en víspera de la Navidad, CONFIDENCIAL reúne una serie de reportajes publicados este mes, que nos recuerdan que, en Nicaragua, esta es la tercera Navidad con presos políticos, pese a que el régimen intenta promover la normalidad con adornos, luces y villancicos navideños a todo volumen en las principales calles y parques de Managua y los municipios del país.
El grito de los familiares: “Que liberen a todos los presos políticos”
Para Maycol Antonio Arce el dolor más grande de estar encerrado en prisión es no poder estar junto a sus hijos: un bebé de casi dos años y una niña de siete años. Soñó con “subir” el cinco de diciembre, junto con su hija, en su graduación de preescolar. “Sufre por no poder verlos, desde hace seis meses por la pandemia de covid-19 no los he podido llevar”, cuenta su madre, Maritza Arce Moreno.
El 25 de diciembre este joven de 29 años, originario de Tipitapa, cumplirá dos años encarcelado y pasará su tercera Navidad en prisión.
Es uno de los 106 presos políticos encerrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por participar en las protestas iniciadas en abril de 2018. Pero además, es uno de los que lleva más tiempo encerrado. No fue liberado con la Ley de Amnistía, aprobada por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional en junio de 2019, ni en otras excarcelaciones masivas que ha concedido el régimen.
“Cada vez que liberan a grupos pequeños o grandes, busco desesperada en las listas su nombre y lloro cuando no lo encuentro. Mi hijo es uno de los pocos que sigue en prisión, desde el 25 de diciembre de 2018 cuando fue injusta y salvajemente encarcelado”, explica su mamá, al recordar que el propio día de Navidad su hijo fue encarcelado.
El calvario de los familiares de presos políticos
María de los Ángeles Montalván carga con dificultad dos sacos con alimentos por uno de los pasillos de la cárcel “La Modelo”. Se queda sin fuerzas y los productos se le comienzan a caer, mientras los custodios la ven con desdén y no la ayudan. Lleva la provisión para 15 días de su hermano de crianza Wilfredo Brenes, preso político del régimen.
En el pasillo de la prisión quedaron regados varios productos. Montalván no regresa a recogerlos porque perdería el turno para ver a su hermano. Esa situación vivida por esta mujer de pequeña estatura, morena y de contextura recia es solo uno de los momentos difíciles que ella ha sufrido desde 2018, cuando su hermano fue arrestado por primera vez. En la actualidad, Brenes sufre su cuarta detención.
“Los maltratos han sido horribles. Cuando yo llego ahí (La Modelo) comienza la humillación; agarran la comida con las manos sucias o las meten en la comida que llevo; ponen canciones sandinistas cuando saben que nosotros estamos ahí; nos quitan nuestras mascarillas azul y blanco; nos tocan los pechos o nuestras partes íntimas”, relata Montalván.
Familiares de los presos políticos Francisco de Javier Jímenez y Edward Lacayo, en una eucaristía por su libertad en junio de 2019. // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial
¿Quiénes son los reos políticos en celdas de máxima seguridad?
Doce presos políticos han sido confinados en “El Infiernillo”, como se conoce a ese conjunto de celdas pequeñas, calurosas y oscuras, en la cárcel "La Modelo", donde ni siquiera llega la luz del sol. Son celdas de máxima seguridad, que fueron construidas para reos de alta peligrosidad, relacionados a delitos como el narcotráfico o crimen organizado. Sin embargo, con el estallido social de abril de 2018, se han convertido en cuartos de castigo para los reos de conciencia, según denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos.
Por segunda ocasión siete reos de conciencia pasarán una Navidad aislados de todos. Su delito fue involucrarse en las protestas de la Rebelión de Abril, aunque el régimen los ha condenado por delitos comunes. “Se sienten olvidados, apartados”, asegura Karen Lacayo, coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, y hermana de Edward Lacayo.
La mayoría de los reos políticos fueron castigados tras participar en esa primera huelga de hambre, por negarse a comer cuando las autoridades de “La Modelo” intentaron fotografiarlos con alimentos desde un comedor de la prisión. En la segunda huelga de hambre participaron ocho reos, entre estos, Edward Lacayo, a quien su hermana, Karen, asegura lo castigaron prohibiéndole la visita familiar. La justificación de las autoridades fue que él no quiso salir de la celda, lo que ella considera falso. A su hermano también le han prohibido las visitas conyugales. Cada mes, su esposa va a la cárcel pero no le permiten verlo; así ha pasado durante nueve meses.
Las torturas contra los presos políticos y las "mentiras" de Ortega
A finales de octubre, el presidente Daniel Ortega tildó de "inventos" las torturas contra los reos políticos que continúan en las cárceles de su régimen y denunció que su Gobierno es víctima de una "campaña con saña".
"Ya sabemos como siempre, hay prisioneros que inventan que los están torturando", manifestó Ortega en un discurso en ocasión del 41 aniversario del Ministerio de Gobernación, que acoge al Sistema Penitenciario Nacional.
Sin embargo, Ortega “quiere ocultar” esas y otras torturas, afirma Karen Lacayo, coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, y hermana de Edward Lacayo “la Loba”, uno de los últimos reos de conciencia de Monimbó.
Los custodios del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), agregó, han llegado a buscar a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus celdas: “Les dicen que los van a liberar, que se alisten”, luego los conducen hasta el portón de la cárcel y en ese punto “les dicen que no van a salir”. Esa es “una de las torturas psicológicas que les están haciendo a ellos”.
En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 41 opositores privados de libertad en Nicaragua, así como a Juana de la Rosa Lesage Guadamuz y Roberto José Esteban, padres de los tres hermanos Lesage, excarcelados en mayo de 2019. El organismo consideró que estas personas “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La CIDH asegura que estos riesgos responden a las condiciones de la detención. Además, a la “falta de atención médica en el actual contexto de pandemia por el covid-19”. También insta al Estado a que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos de los reos beneficiarios. El organismo solicita que se les brinde valoración médica y otras alternativas a la privación de libertad.
“No puede haber elecciones con presos políticos en las cárceles”
El 14 de noviembre de 2019, el temor se volvió a apoderar de Amaya Coppens Zamora. Ese día fue apresada por segunda ocasión y recién cumplía cinco meses de excarcelada tras nueve meses recluida por oponerse al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2018.
“Para mí estar presa era una protesta. Significaba gritar alto que no estaba de acuerdo con lo que está sucediendo en Nicaragua”, describe Coppens, estudiante de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), que en la primera ocasión fue acusada de “terrorista” , y en la segunda de supuestamente portar armas junto con 15 jóvenes, que en realidad llevaban medicinas y agua para un grupo de madres de presos políticos que habían iniciado una huelga de hambre, en Masaya, por lo que fueron bautizados como “Los Aguadores”.
A un año de su segundo encarcelamiento, que duró mes y medio, Coppens sostiene que aún en prisión “no podemos dejar de denunciar lo que está pasando”. Sin embargo, estima que la peor parte es para la familia, y por eso —alejada de la organización política— mantiene como causa el acompañamiento de los familiares de los reos y su demanda de libertad. En entrevista, para el programa Esta Semana, demanda coherencia y acciones contundentes de todos los sectores que abogan por esta misma causa.
El cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, también abogó por que las “personas privadas de su libertad por represión política” muy pronto puedan ser liberadas.
Así se refirió el presidente de la Conferencia Episcopal a la demanda de los familiares más de cien reos de conciencia de que sean liberados antes de esta Navidad, con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
“Si podemos decir unas palabritas también, ojalá, pues no pase mucho tiempo y todos estos hermanos, estos hombres, mujeres, que están guardando prisión puedan ya lograr su libertad”, dijo el religioso en una entrevista en el programa Esta Semana.
Fuera de la cárcel, los presos políticos excarcelados que son considerados líderes sociales o defensores de derechos humanos de igual manera son "quienes estarían sufriendo con mayor intensidad los actos de hostigamiento, vigilancia, asedio y agresiones" por parte del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según reveló un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la la OEA.
"Las personas excarceladas han sido víctimas de campañas difamatorias a través de las redes sociales o medios de comunicación afines al Gobierno. Dichas campañas también ocurren en sus barrios de pertenencia, mediante pintadas estigmatizantes en las paredes de sus casas, realizados por simpatizantes del Gobierno o directamente por miembros de la Policía Nacional", detalla el informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”.
En el informe sobre las “Personas privadas de libertad en Nicaragua”, divulgado este dos de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA encabeza sus 27 recomendaciones al estado de Nicaragua con la demanda de liberar a los 109 presos políticos que se encuentran en las cárceles, por participar o apoyar las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de abril de 2018.
La jurista chilena Antonia Urrejola, Relatora de la Comisión para Nicaragua, explicó en una entrevista en el programa Esta Noche la responsabilidad del sistema judicial en más de 1614 detenciones arbitrarias. “El Poder Judicial ha facilitado y avalado la persecución y criminalización” de los opositores, “no ha habido una investigación real de las acusaciones que les hacen sin pruebas” y los casos de más de 300 personas “asesinadas durante las protestas sociales tampoco han sido investigados y están en la impunidad”, dijo Urrejola.
