23 de diciembre 2020
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La aprobación de la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, por la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional, "parece estar destinada a impedir que candidatos de la oposición participen en las elecciones presidenciales de 2021", advirtió Human Rights Watch (HRW).
"Los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) deben condenar de inmediato esta ley, que amenaza los derechos de los nicaragüenses a postularse a cargos públicos y a votar en elecciones libres y justas", manifestaron en un comunicado público.
La ley que fue aprobada el pasado 21 de diciembre con trámite de urgencia, luego que fuera enviada por el dirigente sandinista Daniel Ortega el pasado viernes 18, establece que “no podrán optar a cargos de elección popular” quienes cometan una serie de acciones de las que el oficialismo acusa a los opositores, como injerencia extranjera, terrorismo, desestabilización, o cabildeo para sanciones a los sandinistas, señalados por “corrupción” y de “serias violaciones a los derechos humanos” en diferentes países.
"Pocas esperanzas de elecciones libres"
HRW indica que la ley que prohíbe que los denominados “traidores a la patria” se postulen a cargos públicos "utiliza términos sumamente imprecisos al definir a estas personas, por ejemplo, como aquellos que "menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación" o quienes "lesionen los intereses supremos de la nación". Sin embargo, insiste HRW la misma ley "no indica cómo se llegaría a tal determinación, ni quién la adoptaría".
“Cumpliendo con los caprichos de Ortega, la Asamblea nicaragüense ha aprobado una ley que podría ser utilizada para calificar a opositores como ‘traidores a la patria’ e impedirles que se postulen a las próximas elecciones de 2021”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco lamentó que con esta ley "hay muy pocas esperanzas, si es que alguna, de que se celebren elecciones libres y justas en Nicaragua”.
“Al generar condiciones desiguales e injustas para las elecciones de 2021, el Gobierno cercena los derechos de todos los nicaragüenses a participar en elecciones libres y justas”, expresó.
También recordó que "luego de 13 años consecutivos en la presidencia, Ortega parece decidido a quedarse en el poder, incluso a costa de los derechos fundamentales de los nicaragüenses”.
Ley es incompatible con derechos humanos
La ley define como “traidores a la patria” a aquellas personas que “encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".
Además a quienes "propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico".
"La ley es incompatible con el derecho regional e internacional de los derechos humanos", explicó HRW en el comunicado.
El organismo recuerda que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Nicaragua ha ratificado, establece en el artículo 23 que los derechos políticos podrán reglamentarse por ley, incluidos los derechos “de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas... exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
Además que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual también es parte Nicaragua, reconoce y protege en su artículo 25 el derecho de todos los ciudadanos “sin restricciones indebidas” a “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; a votar y ser elegidos” y a “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. El comunicado indica que el Comité de Derechos Humanos, que supervisa si los países cumplen el PIDCP, ha señalado que las restricciones al derecho a postularse a cargos públicos deben basarse en criterios “objetivos y razonables”.
En el comunicado HRW apunta que en los últimos meses, el Gobierno nicaragüense "ha promovido, y la Asamblea ha aprobado, varias leyes que imponen graves limitaciones a los derechos de libertad de expresión y asociación en el país y que podrían impedir que haya elecciones libres y justas en 2021".
