23 de diciembre 2020
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El asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, anunció que, en enero 2021, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo buscará “cómo sentarse” con los “sectores empresariales”, para revisar la reforma tributaria aprobada en marzo de 2019, y también promoverá, en mayo, una reforma electoral “con las fuerzas políticas”, aunque no precisó a cuáles “fuerzas” se refería.
Arce reapareció este 22 de diciembre, en una entrevista en el Canal VosTV, propiedad del Grupo Empresarial Pellas, que es el conglomerado más grande del país. En los últimos años, el otrora comandante de la Revolución --que es el único en el Gobierno de Ortega-- ha sido el interlocutor entre el sector privado y el régimen, hasta la ruptura por la matanza y represión a las protestas ciudadanas de 2018, cuando --según admitió en una entrevista en abril 2018 con Univisión-- Ortega “se equivocó” al anunciar la reforma sin consenso a la Seguridad Social que detonó las protestas.
La Ley de Concertación Tributaria, reformada en marzo de 2019, incluye, entre otras aspecto, un pago anticipado mensual de impuestos para los empresarios y una alícuota que pasó de 1% a 2 y 3% según el tamaño de la empresa, condiciones que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha calificado como “confiscatoria”. Sin embargo, Arce no precisó si los sectores a los que hizo alusión incluirían a la principal organización del sector privado.
“Ya en enero buscaremos cómo sentarnos con los sectores empresariales verdaderamente interesados en la reactivación económica, en la creación de empleos, para revisar políticas económicas y seguir empujando el país para adelante”, dijo, quien admitió que las medidas “eran duras, altamente exigentes”, pero alegó que no esperaban un “acto canalla de bloque contra el país”, refiriéndose a las sanciones, que --en realidad-- han estado dirigidas contra altos funcionarios y operadores políticos del régimen.
Según Arce, la falta de inversión extranjera directa, el cierre del sector hotelero, la parálisis del comercio y la inversión inmobiliaria son consecuencia de “los actos golpistas de 2018” y no de la reforma tributaria.
La reforma electoral de Ortega
En una aparición que ocurre a menos de 48 horas de la aprobación de la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, con la que Ortega ha impuesto la inhibición de la competencia política para las elecciones previstas en 2021, Arce mostró también las cartas políticas de Ortega, aunque las acciones en este campo han correspondido a otros operadores políticos como el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, o el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras y el presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, ambos sancionados por el Gobierno de los Estados Unidos.
Arce aseguró que habrá una reforma electoral en mayo de 2021, una fecha que coincide con el plazo que la Organización de Estados Americanos (OEA) dio al régimen. Sin embargo, Arce afirmó que se haría en esa fecha porque son los “plazos formales” para realizarse, y no porque haya una resolución de la OEA que así lo demanda.
No obstante, Arce tampoco profundizó en el contenido de esos cambios ni si implicará un cambio en los magistrados del Consejo Supremo Electoral.
A principios de noviembre, fuentes vinculadas al gobernante Frente Sandinista revelaron a CONFIDENCIAL que Ortega creó un grupo de trabajo para diseñar un proyecto de reformas a la Ley Electoral, enfocado estrictamente en aspectos de “orden técnico”.
“El comandante Ortega y la compañera Rosario ya orientaron la elaboración de un proyecto de reforma, que estará listo para la discusión interna”, afirmó la fuente. Las mismas, agregó, se centrarían a solicitud de Ortega en aspectos técnicos de la Ley, como el padrón electoral, la composición de las Juntas Receptoras de Votos, y el papel de los fiscales, y no en ninguna reforma de fondo al sistema electoral ni a su composición.
Opositores se “autoexcluyeron”, alega
A menos de once meses de las elecciones, el régimen continúa sin dar señales de tener voluntad para garantizar las demandadas elecciones libres, transparentes, y competitivas, con observación electoral nacional e internacional. Por el contrario, aprobó la Ley que establece la inhibición política.
La ley, aprobada este 21 de diciembre, establece que no podrán participar en las elecciones quienes, a su juicio del régimen,“encabecen o financien un golpe de Estado, que altere el orden constitucional, que fomente o insten a actos terroristas”, “inciten a la injerencia extranjera”. Además, tampoco aquellos que, de acuerdo con el Gobierno, “pidan intervenciones militares”, “organicen con financiamientos de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país”.
Sin embargo, Arce justificó que son los opositores quienes se “autoexcluyeron” de la participación política, por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, por graves violaciones a los derechos humanos, corrupción, y el desmantelamiento de la democracia. Según Arce, quienes respaldan las sanciones “tienen vocación traidora” y negó que pongan en desventaja a los opositores ante los comicios.
“En todo caso se autoexcluye el que tiene vocación traidora el que anda pidiendo en el extranjero que dañen al país. El que hace oposición constructiva, que critica lo que hay que criticar, que le hace un planteamiento a la sociedad alternativo, no tiene nada de qué preocuparse por esa ley”, dijo.
Durante toda la entrevista Arce aprovechó para quejarse de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea que ya han alcanzado a 27 funcionarios públicos y nueve instituciones del Estado y empresas mixtas.
Mencionó que “son canalladas, son actos perversos”, y defendió a los sancionados alegando que no se les da el principio de presunción de inocencia ni el “principio universal a la defensa”.
Vacuna contra el covid “gratis”, dice
Arce también se refirió a la adquisición de las vacunas contra la covid-19 que adquiriría el Gobierno. Dijo que apuntan a lograr la vacunación del 80% de la población y que para su adquisición están recibiendo ofertas de financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional.
Según explicó, dada la crisis económica que atravesaba el país y su tercer año de recesión, en el Gobierno “no estábamos en condiciones de dar alivio económico porque estábamos experimentando un bloqueo del gobierno norteamericano en los organismos multilaterales”.
“Ha habido una política de bloqueo que, además, muchos aquí gozaban que mientras le daban a otros países a Nicaragua no le daban. Nosotros tuvimos paciencia ante los organismos multilaterales porque es importante que el pueblo sepa que estos son derechos que tenemos como países, somos socios del Banco Mundial, del BID, socios del BCIE, del FMI, hemos pagado siempre nuestras cuotas y eso nos da el derecho de financiamiento que nos estuvieron bloqueando de distintas maneras”, se quejó.
“Inmunidad del rebaño”
Esa falta de recursos obligó al Gobierno a recurrir al modelo de “inmunidad de rebaño”, para tratar la pandemia de la covid-19,dijo y justificó que muchas personas fueran atendidas en sus casas por que según él, “los hospitales es más fuente de contagios de la covid-19”.
Arce no mencionó las pérdidas en vidas humanas agravadas por la negligencia estatal, que según las proyecciones de sobremortalidad ha provocado más de 8 400 muertes, aunque el Ministerio de Salud solo reconoce 163 fallecidos. Mencionó que por el momento “estamos con el temor de que pueda volver a haber un cierre”, de los países como consecuencia del repunte de la covid-19 en algunos países y la aparición de una cepa más contagiosa en la última semana.
El temor, se da porque asegura que Nicaragua era el país que mejor se encontraba en materia de “producción exportadora”. Pero augura que durante el próximo año y gracias a los fondos que han recibido debido al impacto de los huracanes Eta y Iota, “va a haber mucha obra pública e inversión pública que va a generar empleo y va a dinamizar la economía”.
