21 de diciembre 2020
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La Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista aprobó este lunes 21 de diciembre la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense que vuelve de "interés nacional", la totalidad de las acciones de TSK Melfosur en las empresas distribuidoras de energía eléctrica Disnorte-Dissur.
Con 70 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones los sandinistas aprobaron la iniciativa, que, según prometen, permitirá hacer mayores reducciones en la energía eléctrica y ampliar la cobertura en el país que ya se encuentra en 98.5%, algo en lo que no están de acuerdo analistas consultados por CONFIDENCIAL, quienes valoraron que el "Estado no es capaz de hacer una buena gestión de este sector”.
Los sandinistas en la Asamblea no explicaron el costo que significará para el Estado de Nicaragua la adquisición de estas acciones ni el procedimiento mediante el cual lograron obtener el control de la empresa.
El diputado liberal Maximino Rodríguez cuestionó la falta de información. "¿Cómo el estado se hace acreedor de las acciones de dos sociedades anónimas inmersas en esta actividad económica y hablamos de la TSK Melfosur y hablamos de la TMI. S.A? Las que en este momento, de acuerdo a esta iniciativa con carácter de urgencia del poder ejecutivo pasarían a ser parte del Estado".
"Esta es una buena noticia, el servicio de energía eléctrica será totalmente del pueblo de Nicaragua, y con esto ya no solamente se garantizará cobertura que ya estamos en 98.5 por ciento, sino que también calidad y la posibilidad de seguir reduciendo los costos de la energía eléctrica", dijo el sandinista Carlos Emilio López.
TSK Melfosur adquirió las acciones de Gas Natural en el año 2013 en medio mucho secretismo y de críticas hacia la nueva compañía dedicada a temas de ingeniería y sin ningún tipo de experiencia en la distribución de energía.
La empresa abandonó Nicaragua en febrero del 2020 según informó una fuente anónima a CONFIDENCIAL. Las razones estaban relacionadas a las sanciones que empezó a implementar Estados Unidos en contra de una serie de funcionarios de gobierno de Ortega (27 hasta diciembre 2020) y nueve empresas mixtas e instituciones públicas como la Policía Nacional.
Las mismas fuentes informaron que TSK Melfosur llegó a un acuerdo privado con el gobierno para traspasar sus acciones a otra compañía privada cuyo nombre no se reveló. Sin embargo, la empresa española siempre estuvo subordinada al control financiero de Alba de Nicaragua (Albanisa).
El pasado 16 de diciembre el régimen de Ortega anunció una rebaja en la tarifa eléctrica de un 15% para quienes consumen menos de 150 kilovatios hora al mes y del 10.6% para quienes consuman más de esos 150 kilovatios hora. Sin embargo, las cámaras empresariales aglutinadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada; cámara de Comercio y Servicios (CCSN); Turismo (Canatur), Industrias (Cadin); Agroquímicos (Anifoda); Desarrollo (INDE); y Exportadores (APEN) pidieron una reducción de entre un 15 y un 20%.
Esa petición la hicieron en junio de 2020 cuando el gobierno anunció una reducción del 3% en la tarifa energética y prometió no aplicar los costos por deslizamiento de la moneda en un período de seis meses mientras durara la emergencia por la pandemia que, inicialmente, el régimen no reconoció y que hasta el día de hoy sigue brindando datos parciales de su impacto.
La Ley aprobada en la Asamblea Nacional entrará en vigencia una vez sea publicada en La Gaceta Diario Oficial.
