9 de diciembre 2020
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Doce presos políticos han sido confinados en “El Infiernillo”, como se conoce a ese conjunto de celdas pequeñas, calurosas y oscuras, en la cárcel Modelo, donde ni siquiera llega la luz del sol. Son celdas de máxima seguridad, que fueron construidas para reos de alta peligrosidad, relacionados a delitos como el narcotráfico o crimen organizado. Sin embargo, con el estallido social de abril de 2018, se han convertido en cuartos de castigo para los reos de conciencia, según denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos.
Por segunda ocasión siete reos de conciencia pasarán una Navidad aislados de todos. Su delito fue involucrarse en las protestas de la Rebelión de Abril, aunque el régimen los ha condenado por delitos comunes. “Se sienten olvidados, apartados”, asegura Karen Lacayo, coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, y hermana de Edward Lacayo.
Someterse a huelgas de hambre son parte de los mecanismos de protesta que los reos de conciencia han implementado para seguir demandando su libertad y el cese de malos tratos y violaciones a sus derechos humanos. En la primera huelga participaron 53 de 109 reos, que aún permanecen en las cárceles de la dictadura, entre ellos, tres que decidieron zurcir sus labios y exigir que los dejen libres y detengan el asedio contra sus familias.
La mayoría de los reos políticos fueron castigados tras participar en esa primera huelga de hambre, por negarse a comer cuando las autoridades de “La Modelo” intentaron fotografiarlos con alimentos desde un comedor de la prisión. En la segunda huelga de hambre participaron ocho reos, entre estos, Edward Lacayo, a quien su hermana, Karen, asegura lo castigaron prohibiéndole la visita familiar. La justificación de las autoridades fue que él no quiso salir de la celda, lo que ella considera falso. A su hermano también le han prohibido las visitas conyugales. Cada mes, su esposa va a la cárcel pero no le permiten verlo; así ha pasado durante nueve meses.
Los reos, afirma Karen, reclaman que el debate político “solo se está centralizando en las elecciones (previstas para 2021) y piden que no vayan a elecciones si ellos están encerrados”.
El régimen, sin embargo, niega que se trate de presos políticos y los tacha de delincuentes, al tiempo que niega las denuncias de torturas y maltratos. “Ya sabemos como siempre, hay prisioneros que inventan que los están torturando”, declaró Daniel Ortega, en un acto del Ministerio de Gobernación, en octubre pasado.
En el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”, expone que desde el inicio de la crisis, han recibido testimonios por hechos “consistentes en shock eléctrico de pistolas taser, golpizas atroces con objetos contundentes, y humillaciones e insultos, que en algunos casos podrían alcanzar el umbral de la tortura”.
CONFIDENCIAL identificó, a través de familiares y las asociaciones que demandan la libertad de los presos políticos, quiénes son los doce reos de conciencia que permanecen en celdas de máxima seguridad.
Uriel Pérez
Tiene 30 años y es originario de Masaya. Estuvo en la sala covid-19 del Hospital Alemán Nicaragüense, aunque el régimen lo diagnosticó con neumonía. Después de recuperarse fue llevado a una celda de máxima seguridad de “La Modelo”, donde cumple una condena de 15 años de prisión acusado de pertenecer a una banda delincuencial y tráfico de drogas, tras ser capturado el 12 de noviembre de 2019. Sin embargo, sus familiares reclaman que él trabajaba en la reparación de computadoras portátiles y celulares en el mercado de Masaya y, con el estallido social de abril de 2018, formó parte de una organización llamada Resistencia Universitaria Nicaragüense, que protesta con morteros y bombas de contacto en las barricadas en Masaya.
Más de 200 adolescentes fueron encarcelados por el régimen en las protestas de abril
Edward Lacayo
Tiene 45 años y lleva un año y nueve meses en la cárcel. Se involucró en las protestas contra el régimen orteguista en 2018 y se convirtió en uno de los líderes del pueblo indígena de Monimbó, en Masaya. Fue capturado por civiles encapuchados el 15 de marzo en El Ostional, Rivas, cuando huía hacia Costa Rica. Está condenado a 15 años de prisión por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias. Su familia ha denunciado que él es un reo de conciencia y que todo lo que ha vivido es represalia por su activismo en la rebelión cívica.
Edward Lacayo "La Loba" cuando fue presentado por la Policía Nacional. Cortesía.
Kevin Solís
Solís ya estuvo preso durante once meses, pero al salir volvió a involucrarse en las protestas en demanda de la libertad de otros reos de conciencia. Su rostro era común en los piquetes que se realizaban en la Universidad Centroamericana (UCA), hasta que fue capturado nuevamente el seis de febrero de 2020. Tiene 21 años y lo acusaron de robo agravado contra un simpatizante orteguista que se infiltró en las protestas. Lo condenaron a cuatro años y seis meses de prisión. Su familia denuncia que ha sido torturado.
Cristian Meneses y Hader González Zeledón
Ambos fueron capturados por un grupo de militares, el pasado 15 de agosto, en San Juan de Nicaragua, cuando regresaban del exilio en Costa Rica. El régimen los acusa de asesinato, robo agravado, tráfico de estupefacientes, tráfico, uso y tenencia ilegal de armas restringidas. Porfirio González, padre de Hader, explica que desde su captura, su hijo ha sido golpeado y humillado. Asegura que donde se encuentra “no es una cárcel es una cueva de ratones”. Su proceso judicial sigue abierto.
Policía Orteguista presentó a Cristhian Meneses y Hader González, reos de conciencia, acusados de delitos comunes.
Foto: Tomada de El 19 Digital
CIDH: El Gobierno ha efectuado más de 1614 detenciones arbitrarias
Jaime Navarrete
En menos de tres años Navarrete ha sido apresado y condenado en dos ocasiones. Lo detuvieron en 2018 y fue condenado a 22 años por el supuesto homicidio de un paramilitar. Fue excarcelado el 10 de junio de 2019, y mes y medio después, volvió a ser arrestado, ahora acusado por supuesta tenencia ilegal de droga y armas. Fue condenado a tres años y seis meses. Ha sufrido varias golpizas, con secuelas que hoy le dificultan respirar.
Rodrigo Navarrete, único familiar en Nicaragua del preso político Jaime Navarrete, muestra un cartel con la foto de este, en el que exige libertad. Foto: EFE/Carlos Herrera | Confidencial
Víctor Soza
Es originario de Matagalpa y lleva diez meses encarcelado. A Soza, de 60 años, lo capturaron la mañana del domingo 26 de enero de 2020, acusado de tráfico de droga. El 2 de julio fue condenado a 10 años de prisión y 500 días multa, equivalente a 31 000 córdobas.
Néstor Montealto
Montealto, de 27 años, participó en las protestas cívicas contra el régimen orteguista, y apoyó a los jóvenes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli). Lo apresaron el 20 de noviembre de 2019 y lo acusaron de tráfico de drogas y crimen organizado.
José Santos Sánchez
Ha sido detenido en tres ocasiones y en todas, según el testimonio y denuncia de sus familiares, ha sido torturado. El 12 de noviembre de 2019, fue detenido por tercera ocasión. Está condenado por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes, con la pena máxima de 15 años de prisión.
John Cristopher Cerna Zúñiga
Estudiaba tercer año de Ingeniería Civil en la Universidad Centroamericana (UCA), donde continuó sus estudios, después que fue expulsado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en la que se convirtió en uno de los líderes del Movimiento por la Autonomía Universitaria. Agentes policiales lo capturaron la mañana del 28 de febrero, cuando Cerna salió del cuarto que alquilaba en el barrio Edgard Munguía.
Fue condenado a doce años de cárcel por el delito de tráfico de estupefacientes, además de 600 días multas, equivalente a 37 000, 434 córdobas. Desde septiembre, Cerna de 24 años, se encuentra en las celdas de máxima seguridad en La Modelo. Él fue uno de los reos políticos que se sumó a la huelga de hambre para demandar su libertad. Wilbert Pérez, hermano del reo político, expresa que Cerna se encuentra con depresión y ha presentado otros problemas de salud.
John Cerna fue capturado por la Policía Orteguista en febrero de este año. Foto: Cortesía | Confidencial
Carlos Alberto Bonilla López
Dos veces ha sido encarcelado y condenado. En 2018 lo culparon por el asesinato del agente antimotín, Hilton Rafael Manzanares Alvarado y por el asesinato en grado de frustración de otros cuatro policías. Lo condenaron a 90 años de cárcel, pero fue beneficiado con la Amnistía orteguista en 2019.
Sin embargo, lo recapturaron el 21 de enero de este año y lo acusaron de tenencia ilegal de armas de fuego, del cual fue encontrado culpable y condenado a un año de cárcel. Un familiar, que solicitó, mantenerse en anonimato aseguró que las dos veces que lo han apresado, ha sido confinado a una celda de máxima seguridad.
Carlos Alberto Bonilla durante la lectura de su condena. Tomada de El 19 Digital
Lester Selva
Es originario de Jinotepe y fue condenado el 20 de mayo a cuatro años de prisión por el delito de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos. La Policía Orteguista argumentó que, supuestamente, le encontraron una bomba de contacto, como las que se usaron en los tranques. Él es ingeniero en sistemas e impartió clases en la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH).
