4 de diciembre 2020
AA
Share
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo encarceló más de 200 adolescentes, durante los primeros días de las protestas iniciadas en abril de 2018, quienes además “habrían sido víctimas de irregularidades en los procedimientos para su liberación, hechos de maltrato y posibles actos de tortura”, revela informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018” detalla que han observado “que un grupo especialmente afectado en el marco de las detenciones han sido los y las adolescentes, principalmente estudiantes, quienes han sido detenidos por participar o apoyar las protestas”.
El documento, publicado el pasado dos de diciembre, indica que se ha constatado que “las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual régimen y transmitir un mensaje de temor y control a la población nicaragüense”.
Para la elaboración del informe la CIDH menciona que reunió los testimonios de 266 personas privadas de libertad recabados tanto en Nicaragua como en otros países.
“Quemaduras de cigarro en el cuello y torsiones”
El documento publicado por la CIDH menciona que en agosto de 2018 recibió los testimonios de dos adolescentes, de 14 y 15 años de edad, detenidos en Masaya.
“De conformidad con los testimonios recibidos, éstos habrían sido trasladados y privados de libertad en El Chipote por cinco días, y al momento de ser detenidos y durante su traslado, uno de ellos habría sido víctima de quemaduras de cigarrillo en el cuello y el otro habría sufrido torsiones provocadas por el peso de uno de los captores sobre su cuerpo”, indica el informe.
Estos maltratos ocurrieron “con el objetivo de que proporcionaran mayor información sobre otras personas que participaban en los tranques”.
Adolescente preso tres meses
El informe afirma que la CIDH “recibió con preocupación el testimonio de un adolescente de 15 años, de Mulukukú, a quien se le acusaba de la muerte de unos policías, quien permaneció más de tres meses privado de libertad sin ser puesto a disposición de la autoridad judicial”.
[Informe #PersonasPrivadasLibertad en #Nicaragua]
La @CIDH publica el informe sobre situación de derechos humanos de las personas detenidas en el marco de la crisis de #DDHH en #Nicaragua.#PPL
✍️Leer informe https://t.co/KHk8UnA0AX
📺Sitio multimedia https://t.co/D7b5ovPzf6 pic.twitter.com/QYACHnq6kN
— CIDH - IACHR (@CIDH) December 2, 2020
“Según el testimonio recibido, el adolescente fue detenido desde el dos de julio de 2018, no sabía leer y habría indicado que la Fiscalía le obligó a aprenderse un documento con el objeto de inculpar a otra persona detenida”, indica el informe.
Le negaron comida
Otro testimonio recibido por la CIDH es el de un joven de 16 años detenido en Managua, quien fue incomunicado sin poder ver a su familia. “Además, no tuvo acceso a un defensor especializado. Estaba en la celda todo el día, solo lo dejaban salir cuando iban a hacer las requisas. No le tomaron examen médico cuando fue ingresado”, detalla el informe.
“Nos llevaron a la Estación Uno como a las 10:30 p.m., dormimos en esa estación y había un montón de gente. A la mañana, la Policía nos llevó a la Estación Cuatro, ahí nos encerraron y nos volvieron a sacar y nos hicieron preguntas. Un hombre gordo de civil, me amenazó con unos chunches que pasan corriente sino le decía los nombres de las otras personas que estaban conmigo”, explicó el adolescente en el relato recogido por la CIDH.
“Me dijo que me los iba a poner en las tetillas. Estaba un comisionado de policía, dos policías uniformados y el gordo de civil. Di los nombres de los otros muchachos (…) mientras estuve en la Estación Cuatro no me pasaron comida tres veces. El día de la visita no dejaron a mi mamá pasar porque estábamos castigados. Mientras estaban en la estación estaba con otros tres reos (uno de 22 y otros dos de 17 años”, narró el adolescente en 2018 a la CIDH.
Régimen admitió 65 detenciones de adolescentes
De acuerdo al texto del organismo, el 21 de junio de 2018, el Estado de Nicaragua “proporcionó por primera vez información sobre la cantidad de personas privadas de libertad en el contexto de las protestas” comunicando a la CIDH “que, del 18 de abril al 6 de junio se habían registrado 507 personas detenidas entre ellas, 24 de mujeres”.
“De la información recibida, se desprende que 421 detenciones (83% del total de detenidos) correspondió a 65 adolescentes (entre 14 y 17 años) y 356 jóvenes (entre 18 y 35 años)”, explica el informe.
Sin embargo, expresa que “la información no dio cuenta de los lugares detención considerando el alto número de adolescentes detenidos, ni aportó otra información”.
Hasta el 31 de mayo de este año la CIDH “registró más de 200 adolescentes privados de libertad”.
Adolescentes capturados en redadas
La CIDH menciona que el 20 de mayo de 2018, durante su visita de trabajo a Nicaragua, entrevistó en la cárcel “El Chipote” a dos adolescentes, quienes posteriormente fueron liberados.
También manifiestan haber “recibido testimonios sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes de seguridad del Estado durante la privación de libertad en centros de detención para adultos”.
El documento explica que también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado en Nicaragua en el marco de las protestas, “registró el particular impacto de las razzias (redadas) policiales en el colectivo de las personas menores de 18 años en el marco de estos operativos”.
De acuerdo con el GIEI, la conducta policial desarrollada en estos casos es una “inobservancia flagrante del deber de garante reforzado que rige respecto del Estado en materia de privación de libertad de adolescentes”, particularmente “la prohibición internacional de detenciones arbitrarias e ilegales de niños, niñas y adolescentes”.
Otros abusos
El informe de la CIDH “advierte también los impactos diferenciados en las mujeres y adolescentes familiares de personas privadas de la libertad en Nicaragua” quienes al asistir a los centros de detención para proporcionar a sus seres queridos alimentación e insumos de higiene básica “según los testimonios recibidos habrían sido víctimas de trato denigrante por parte de las autoridades estatales, incluyendo hechos de violencia sexual”.
“Cuando recibí mi primera visita (en prisión) desnudaron a mis hijas, las revisaron, a mis nietecitos menores de edad también los desnudaron y los revisaron, les hicieron hacer sentadillas. Humillan a las familias de todas las formas”, reveló un excarcelado político a la CIDH en enero 2020.
El organismo recuerda al Gobierno de Ortega-Murillo “que la privación de libertad de adolescentes se rige por el principio de excepcionalidad, lo que implica que su detención debe realizarse únicamente como medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda”.
“En caso de privación de libertad, y a fin de proteger su integridad personal y en atención a su interés superior, los adolescentes deben ser alojados en lugares distintos a los de los adultos”, insiste el texto.
Además, la CIDH “reitera que es obligación del Estado garantizar que los adolescentes sean atendidos bajo una justicia juvenil especializada, basada en el modelo de justicia restaurativa, con la debida garantía de sus derechos y su interés superior”.
