4 de diciembre 2020
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El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos presentó este jueves una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que declare “la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua” por la violación del ejercicio periodístico en el país, "al restringir y limitar las libertades de periodistas y medios de comunicación independientes".
“En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia, efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales, a 39 personas que incluyen: directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, CONFIDENCIAL y ESTA SEMANA, 100% Noticias, y Radio La Costeñísima”, aseguran en un comunicado.
En la petición se constata actos de agresión física, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, vigilancia constante, despojo, robo o destrucción de sus equipos, así como allanamientos y ocupaciones ilegales de bienes de las víctimas.
“Además evidencia el ejercicio arbitrario por parte del Estado en sus tres ramas de poder, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la falta de independencia del Poder Judicial y de otros órganos públicos”, asegura el Instituto.
La petición dirigida a la CIDH describe los procesos judiciales interpuestos por los medios de comunicación 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, “con el fin de obtener justicia y reparación por las violaciones a las que han sido sometidos”. También explica las razones por las cuales Radio La Costeñísima y Radio Darío se vieron obligados a desistir de ellos.
La redacción de Confidencial y Esta Semana cumplirán este 13 de diciembre dos años de ser ocupadas ilegalmente por la Policía Nacional. El 19 de diciembre de 2018, se presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra la Policía por robo y crimen organizado. No obstante, no se ha iniciado una investigación al respecto.
Carlos F. Chamorro afuera de las oficinas de Confidencial y Esta Semana, ocupada manu militari por la Policía Nacional. // Foto: Carlos Herrera
Raza e Igualdad aborda también en la petición las leyes punitivas promovidas por el régimen que, “bajo la apariencia de legalidad, han sido utilizadas para restringir de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión”, sigue el comunicado.
Se refiere a Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (Ley contra el Terrorismo), aprobada en julio de 2018. Y las más recientes: “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley Especial de Ciberdelitos”.
El Instituto pide a la CIDH que recomiende al Estado de Nicaragua “la adopción de medidas de reparación para las víctimas, así como medidas de no repetición para garantizar que las violaciones a los derechos humanos denunciadas no se repitan”.
Persisten violaciones de derechos humanos
En julio de 2020, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que “no se han observado progresos en la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, y que más bien esta se ha agravado producto de la pandemia de covid-19.
“También preocupan las recientes resoluciones fiscales impuestas contra tres medios de comunicación, que podrían afectar su continuidad como medios informativos”, manifestó.
De igual forma, periodistas independientes han enfrentado procesos judiciales por “injurias y calumnias”. Una de ellas ha sido Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima que fue declarada culpable el pasado 23 de septiembre y deberá pagar una multa de 7 684 córdobas. Un caso similar atraviesa el periodista David Quintana, director de Boletín Ecológico, quien enfrenta en este momento un proceso judicial por injurias.
