3 de diciembre 2020
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La Coalición Nacional considera que la expulsión del Partido Liberal Constitucionalista no representa el riesgo de una eventual división del voto opositor, por sus vínculos con el régimen de Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Según Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, “el PLC como está no es ninguna amenaza”, y mantienen sus puertas abiertas a las bases el liberalismo que renuncien al PLC.
En las elecciones del 2016, por ejemplo, cuando la competencia de la Alianza PLI fue eliminada por el régimen, el PLC corrió con Maximino Rodríguez como candidato presidencial y obtuvo el 15% de los votos frente a un FSLN que logró, según el Consejo Supremo Electoral —controlado por el mismo partido— el 72.44% de la aceptación popular. La mayoria de los electores se abstuvieron de votar.
Granera explicó, durante el programa Esta Noche, que el PLC está retornando al lugar de “socio minoritario de Ortega”, que había ocupado desde la firma del pacto entre Arnoldo Alemán y Ortega, de hace más de 20 años.
Pero este pacto ya no incluye a Alemán, la vieja figura con la que Ortega negociaba, sino que es un PLC liderado por Maria Haydée Osuna, que descabezó a la cúpula del Comité Ejecutivo Nacional: Alemán y su esposa, Jamileth Bonilla, Martín Aguado, Lesther Flores, Carlos Duarte, Marta Mccoy, Walter Espinoza y Miguel Rosales , los dos últimos diputados que votaron por la desaforación de Flores de Alemán junto con la bancada sandinista una semana antes.
Era una “casilla descartada”
La casilla del PLC — número 1 de la boleta electoral— estaba descartada como opción electoral, “por el desprestigio que tenía”, dijo Granera, admitiendo que solo existen las opciones del PRD, en la Coalición, y Ciudadanos por la Libertad (CxL), al margen de la alianza opositora como partidos con personería jurídica.
“Nosotros vamos a seguir empujando por tener una casilla propia dentro de la Coalición Nacional, pero tampoco descartamos alianzas electorales que se puedan dar en el futuro cercano”, dijo Granera.
Granera explicó que están dispuestos a “acercar” a más organizaciones y partidos dentro de la Coalición. Sin embargo, advirtió que es importante ver el esfuerzo que pongan los partidos políticos para lograr la democratización del país, porque “el grupo o partido que no muestre esa disponibilidad le está haciendo el favor a la dictadura”.
Ella aseguró que fue una “decisión unilateral” que tomó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que en octubre pasado anunció su separación del bloque opositor por estar en desacuerdo, entre otras cosas, en el peso que tenían los partidos políticos en la toma de decisiones.
“Nunca hemos cortado la comunicación personal con miembros de la Alianza (Cívica) --que se retiró de la Coalición en octubre pasado--, pero no hemos tenido una reunión institucional hasta ahora, sí creemos que hay que hacer esa reunión, y desde la UNAB lo que estaríamos pidiéndole a la Alianza es una comunicación más franca y transparente”, explicó Granera.
El retiro de la alianza de la Coalición fue promovido por miembros del sector estudiantil y por el sector empresarial.
La opositora desconoce si existe un veto de parte del sector empresarial contra la UNAB y la Coalición y asegura que no hay diferencias programáticas.
“Todos debemos estar abiertos a dialogar y a entender que todos los intereses son legítimos, pero que en este momento hay un interés supremo que es acabar con esta barbarie que está pasando el pueblo de Nicaragua. (…) Aquí no se trata de control, se trata de coordinación y acuerdos. La Nicaragua histórica donde algunos grupos se sentían con el derecho de imponerse sobre el resto de la población ya no existe”, expresó.
Y advirtió que los candidatos que representen a una eventual alianza electoral opositora, no pueden ser impuestos por grupos, sino obtener su legitimidad en una consulta popular
Los siguientes pasos
Granera especificó que de ahora en adelante el siguiente paso para la Coalición Nacional será el de “seguir exigiéndole a Ortega las reformas electorales”, una serie de propuestas que buscan devolverle credibilidad al sistema electoral previo a las elecciones del 2021.
La propuesta tienen una dimensión indispensables: “el clima habilitante que pasa por la liberación de los presos (políticos), el cese a la represión y en definitiva la restauración de nuestros derechos civiles y políticos incluyendo el retorno seguro de los exiliados”, detalló la miembro de la Unidad Nacional.
Granera apela al razonamiento de Ortega al explicar que él debe entender que si no se logran estas condiciones elementales que parten de las reformas electorales, “no habrá viabilidad no solo para la dictadura, sino que claro, para el país entero”.
