2 de diciembre 2020
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El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado, al menos 1614 personas, desde el 18 de abril de 2018 hasta el pasado 31 de mayo, por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales, revela un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que detalla que los presos políticos han sufrido maltrato y tratos crueles, hacinamiento, y violencia sexual, entre otras violaciones a sus derechos humanos en el sistema carcelario.
[Informe #PersonasPrivadasLibertad en #Nicaragua]
La @CIDH publica el informe sobre situación de derechos humanos de las personas detenidas en el marco de la crisis de #DDHH en #Nicaragua.#PPL
✍️Leer informe https://t.co/KHk8UnA0AX
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— CIDH - IACHR (@CIDH) December 2, 2020
El informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018” menciona que para este informe reunieron los testimonios de 266 personas privadas de libertad “que han sido recabados tanto en Nicaragua, como en otros países” que revelan violaciones de derechos humanos de los privados de libertad por parte del Gobierno.
El informe indica que se ha constatado que “las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual régimen y transmitir un mensaje de temor y control a la población nicaragüense”.
Según la información analizada por la CIDH “las detenciones fueron realizadas por agentes de la Policía Nacional y/o grupos parapoliciales, de manera masiva, selectiva y múltiple; mediante un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza que incluyó la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de tortura”.
“Las detenciones incluyeron actos de estigmatización, exposición mediática, persecución y criminalización”, señala.
Más presos políticos
El informe aclara que “a la fecha, la ausencia de registros oficiales impide determinar la cantidad exacta de personas detenidas y criminalizadas”.
Hasta el 31 de mayo, unas 80 personas continuaban apresadas en las cárceles del país, según el documento. Sin embargo, la cifra ha aumentado a más de 100, de acuerdo a familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos.
Flor Ramírez, vestida de huipil azul y blanco, en una protesta de 2018 es detenida por policías. Foto: // Foto: Archivo | Carlos Herrera
“El número de personas detenidas y criminalizadas podría ser notablemente mayor, debido numerosos factores como las detenciones que no han sido reportadas por el Estado; la falta de denuncia de las propias víctimas por temor a represalias; detenciones realizadas por grupos de civiles armados, en las cuales las personas no fueron trasladadas a dependencias oficiales y; el mismo hecho de que muchas personas fueron detenidas en más de una ocasión”, explica el organismo.
No fueron presentados en 48 horas
En su informe el organismo afirma que las detenciones “se ejecutaron sin informar a las personas sobre la causa de detención y sin exhibir orden o mandamiento judicial”.
La publicación relata que la CIDH “recibió múltiples denuncias que indican que las personas detenidas no fueron puestas a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo legal de 48 horas y fueron privadas de libertad en centros clandestinos, policiales o penitenciarios por períodos de tiempo” que van “desde días hasta meses antes de ser puestas a disposición de la autoridad judicial”.
“Con base en los testimonios recibidos, algunas de las personas detenidas fueron trasladadas a centros de detención ilegales o clandestinos como instalaciones municipales o del partido de Gobierno, antes de ser trasladadas a instalaciones policiales”, detalla.
El texto advierte que las detenciones “fueron ejecutadas mediante el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, tanto por parte de la Policía Nacional como por los grupos parapoliciales, a través de amenazas, golpes con los puños, con los pies y con las armas, incluso disparos de armas contra las personas, indistintamente si estaban participando de las protestas, se encontraban en las cercanías o eran objetivo de detenciones selectivas”.
“Los testimonios revelan que la violencia física y psicológica comenzaba desde el momento mismo de la detención pero se profundizaba en el ingreso a las dependencias carcelarias, donde eran desnudadas y despojadas de sus pertenencias, obligadas a realizar sentadillas y luego rasuradas y esposadas con rigor, sometidas a golpes y llaves asfixiantes, humillaciones y amenazas, aisladas en las pequeñas celdas preventivas, entre otros graves actos de violencia, incluyendo violencia sexual, para luego ser expuestas a interminables rutinas de interrogatorios”, detalla.
“Condiciones contrarias a la dignidad humana”
Las condiciones de detención, detalla el documento, “se caracterizaron por el hacinamiento, negligente atención médica, inadecuada ventilación, despojo de pertenencias, obstaculización para la realización de visitas y aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos”.
La CIDH lamenta “que las personas privadas de libertad fueron tratadas como objeto de ‘intercambio’ y ‘negociación’ por parte del Estado con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones la oposición y la sociedad civil”.
En el informe también se denuncia que la mayoría de las personas detenidas y criminalizadas desde el 18 de abril de 2018 permanecieron bajo “condiciones de insalubridad” y “aplicación de regímenes de máxima seguridad sin criterios objetivos y por periodos prolongados”.
El texto denuncia “la ocurrencia reiterada de operativos por agentes antimotines que irrumpían a las celdas de manera imprevista para agredir a las personas con golpes, patadas y bastones policiales”.
Además, detalla que los presos políticos han sido expuestos “a temperaturas extremadamente altas e insoportables (…) presencia de insectos y animales, poca o nula luz solar y a una desesperante ausencia de aire”.
Castigos con agua y comida
El documento menciona que inclusive las personas privadas de libertad “indicaron a la CIDH haber encontrado en la comida proporcionada por las autoridades penitenciarias, restos de insectos como cucarachas, vidrios, metales y otros objetos”.
Además, recibieron testimonios “que revelan el acceso al agua y a la alimentación como dinámicas extorsivas y disciplinadoras por parte de las autoridades de los establecimientos de detención”.
Un grupo de estudiantes realizó una protesta dentro de la Universidad Centroamericana UCA, por la liberación de presos políticos. // Foto: Carlos Herrera
“Es decir, se trataría de una estrategia de coerción y represión en la cual las personas no recibían ningún tipo de alimento por jornadas completas e incluso les serían sustraídas las reservas facilitadas por sus propias familias”, lamenta el informe.
La CIDH menciona que desde el inicio de las protestas el 18 de abril de 2018 ha recibido “testimonios por hechos consistentes en shock eléctrico de pistolas taser, golpizas atroces con objetos contundentes, y humillaciones e insultos, que en algunos casos podrían alcanzar el umbral de la tortura”.
Violencia sexual contra mujeres
Asimismo, la CIDH menciona que las denuncias y testimonios recibidos “indican la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales, que afectaron de manera particular y agravada a las mujeres detenidas por las denuncias de violencia sexual”.
“La CIDH observa la falta de enfoque diferenciado de tratamiento respecto a personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo como adolescentes, mujeres y personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex”, indica el documento.
Detalla que lograron documentar “actos de violencia sexual y violación sexual que pueden ser considerados como actos de tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante”.
“Particularmente, la CIDH advirtió la existencia de patrones comunes en los hechos de violencia sexual registrados contra las mujeres detenidas, los cuales indicarían que fueron perpetrados como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación en el marco de la respuesta violenta del Estado, especialmente cuando eran identificadas como lideresas o por haber prestado ayuda a las personas heridas en las manifestaciones”, expresa.
El informe sobre la situación de los reos políticos enumera que recibieron “múltiples testimonios e información sobre graves casos de violencia sexual, inclusive de violación sexual que, según fue señalado, ocurrieron en el momento de la detención y durante la privación de libertad en dependencias policiales como en El Chipote y en La Esperanza”.
“Entre los graves hechos registrados, la CIDH constató casos de mujeres privadas de libertad víctimas de tocamientos indebidos, actos de desnudos forzados para la realización de sentadillas, amenazas de violación y violaciones sexuales con penetración como método para obtener información”, denuncia.
Estado policial
La CIDH lamenta que “persiste una práctica sistemática” que afecta a familiares de los presos políticos que consiste en “hostigamiento, amenazas, intimidación y denegación de justicia especialmente por la angustia e incertidumbre generadas por las graves condiciones de detención y la toma de represalias contra las personas detenidas”.
También expresan que la población nicaragüense “sigue afectada por la continuación de una práctica recurrente de detenciones arbitrarias y la imposición de un estado policial que mantiene cerrados los espacios de participación democrática, y seriamente restringidas o suspendidas de hecho las libertades públicas”.
Pedro Rodríguez Argueta junto a agentes de la Policía Nacional apostados frente a la iglesia San Antonio, en Jinotepe, Carazo, en julio de 2019. Foto: Carlos Herrera / Confidencial
Impunidad
El informe resalta que, hasta la fecha de aprobación del informe, los hechos descritos “se encuentran en la impunidad”.
“La CIDH no cuenta con información que indique que el Estado ha investigado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas sociales contra las personas privadas de libertad, en el proceso de detención, durante la privación de libertad y después de la excarcelación”, lamenta el documento.
Además, el organismo manifiesta que “no ha recibido información sobre el procesamiento y sanción a los funcionarios responsables de las graves violaciones perpetradas, ni respecto la existencia de un plan de reparación para las víctimas de estas acciones acorde a los estándares internacionales de derechos humanos”.
El 24 de agosto de 2020, la CIDH explica que transmitió al Estado de Nicaragua una copia preliminar del informe y “le solicitó que remitiera sus observaciones de acuerdo a su reglamento en el plazo de un mes”.
“El Estado no presentó observaciones. La CIDH aprobó el presente informe el 5 de octubre de 2020”, detalla el texto.
Piden investigación
El organismo menciona que la falta de independencia del sistema de justicia nicaragüense ha facilitado la “criminalización” de la oposición mediante la apertura de procesos judiciales “bajo cargos infundados mediante formatos de acusación preestablecidos, fabricación y/o manipulación de pruebas, afectaciones al derecho a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, la centralización de los procesos y juicios penales, así como el uso generalizado de la prisión preventiva y condenas a penas desproporcionadas”.
Por ello recomienda al Gobierno de Nicaragua “poner en libertad a las personas que hayan sido detenidas en el contexto o con ocasión a las protestas o disidencia política, de manera ilegal o arbitraria, y que a la fecha de notificación al Estado del presente informe se encuentren detenidos”.
Además, solicita “cesar de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes participan de las protestas en las protestas o de manifiestan contra el Gobierno”.
https://www.confidencial.digital/luis-almagro-situacion-de-presos-politicos-es-intolerable-e-inhumana/
La CIDH pide al Gobierno elaborar y dar a conocer un registro público que contenga el número de personas que han sido detenidas desde el inicio de las protestas, las causas de detención; la duración de la privación de libertad; el lugar de detención y el número de personas que actualmente se encuentran detenidas con motivo de las protestas iniciadas a partir del 18 de abril de 2018.
El documento deberá detallar el número de personas excarceladas e incluir aspectos relacionados con el género, edad y ocupación de las personas que han sido reos políticos.
La CIDH solicita “iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables de malos tratos y tortura”.
“Dicha investigación debe realizarse por todos los medios legales disponibles, estar orientada a la determinación de la verdad, y conducirse dentro de un plazo razonable”, menciona el informe.
Esa investigación, agrega el documento, “debe regirse por los principios de independencia, imparcialidad, competencia, diligencia y acuciosidad”.
