28 de noviembre 2020
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Estamos concluyendo lo que técnicamente sería el primer mes del “año electoral” que debería culminar el 7 de noviembre del 2021, con los comicios generales pautados en la Constitución. Tomen nota los creyentes en los augurios: será un domingo 7.
A estas alturas del partido deberían estar definidas las reglas del juego, los árbitros, el calendario electoral y demás preparativos complementarios, incluyendo la invitación a observadores internacionales. Los contendientes, partidos y precandidatos a los distintos cargos deberían estar iniciando su calistenia, listos para el disparo de salida.
Es lo que ocurre normalmente en toda democracia. En una dictadura el asunto es muy distinto, peor aun cuando el tirano pretende perpetuarse en el poder a sangre y fuego.
Es tiempo pues de examinar las condiciones electorales con las cuales estamos arrancando:
Más de cien prisioneros políticos.
Más de cien mil exiliados.
Miles de manzanas de tierra despojadas ilegalmente a sus legítimos propietarios, por instigación de los cabecillas del régimen.
Suspensión de derechos y garantías constitucionales, incluyendo el derecho de reunión, de organización y de movilización.
Asedios policiales a familias y encerramientos a ciudadanos en sus propias casas; acosos a medios de comunicación y periodistas; agresión física a dirigentes políticos a quienes además se les cercena el derecho a desplazarse para realizar actividades políticas.
Fuerzas de choque y bandas paramilitares organizadas y activas, con casos flagrantes de impunidad por odiosos delitos, incluidos asesinatos, como el caso del asesinato de Jorge Rugama, en La Trinidad.
Tramitación de una iniciativa de reforma constitucional mediante la cual se pretende imponer la pena de prisión perpetua, con la expresa intencionalidad política de intimidar a la población y a la oposición, y sofocar cualquier intento de protesta.
Aprobación por parte de los sirvientes de Ortega en la Asamblea Nacional de dos leyes totalitarias: la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos, que marcan un punto de inflexión en la ruta fascista del régimen.
Con la primera se pretende atemorizar a la ciudadanía nicaragüense con amenazas de cárcel y confiscaciones. Mediante la segunda se pretende asfixiar a los medios de comunicación independientes y acallar la resistencia ciudadana que se expresa en las redes sociales.
El complemento de este marco es la instauración de una política de terrorismo fiscal donde la arbitrariedad sirve de martillo para castigar, doblegar o ablandar.
Estas son las condiciones clave. Podemos agregar condimentos: Los mismos fantoches en el Consejo Supremo Electoral, la misma Ley Electoral y, por si hiciera falta, las organizaciones opositoras desguazándose por dentro y por fuera, y cada vez más lejos de las aspiraciones y angustias de la población. El caso más reciente es el Partido Liberal Constitucionalista con unos confusos episodios, inexplicados e inexplicables, por ahora.
En otras palabras, la dura realidad es que el año electoral arranca sin una sola condición para elecciones democráticas, y todas las condiciones imaginables para una estafa electoral.
No hay que ser adivino para visualizar que el monarca está preparándose y preparando condiciones para tres posibles cursos de acción:
El que está más a mano es una farsa electoral, pura y dura, al estilo del 2016; es decir, con las condiciones que Ortega imponga, a su gusto y antojo. La segunda es “negociar y acordar” algunas concesiones cosméticas con fuerzas colaboracionistas de viejo cuño -o de nuevo cuño- para contentar a “la barra”. Y aquí la barra incluye a una parte de la comunidad internacional, algunos promotores del “aterrizaje suave”, y no más. Porque la inmensa mayoría de los nicaragüenses no se comería ese nacatamal envenenado.
Entre las opciones no podemos descartar la convocatoria a una asamblea constituyente, que permita al tirano extender su permanencia en el poder y así desconcertar a la comunidad internacional y confundir a los nicaragüenses. Que conste, esta artimaña la utilizó Anastasio Somoza García en 1938 para recetarse 10 años consecutivos sin elecciones. Y como a Ortega le encantan las recetas del somocismo pues debemos incluirla en su arsenal. No olvidemos que Maduro también se sacó del bolsillo una constituyente.
¿La amenaza de la ilegitimidad? “Ya veremos” debe decir Ortega, experto en ganar tiempo y capear temporales. Igual debió decir en junio del 2019, cuando la OEA le dio un plazo de 75 días bajo la amenaza de aplicarle la Carta Democrática. Ortega dejó pasar el tiempo, las circunstancias cambiaron y el plazo y la amenaza quedaron en el olvido. Volvamos a decirlo: Para Ortega la legitimidad deviene del ejercicio real del poder. El poder se legitima a sí mismo en virtud de su ejercicio. La legitimidad democrática lisa y llanamente le tiene sin cuidado.
A veces escucho a ciudadanos comunes, a dirigentes y analistas hablar de elecciones. Es natural: la inmensa mayoría de los nicaragüenses anhelamos transitar a la democracia por la vía electoral y no caer en el abismo de la violencia. Pero una cosa son elecciones y otra farsa electoral. Por una se transita a la democracia. La otra no es más que un endoso al régimen dictatorial.
¿Las condiciones que pretende imponer el dictador son invariables?
De ningún modo.
Es claro que no van a variar con la sola resolución aprobada por la OEA, con un muestrario de condiciones electorales.
Por supuesto, no van a variar porque a Ortega le toque un rayo de inspiración divina, y un buen día amanezca demócrata y, por sí y ante sí, resuelva hacer concesiones de gratis y garantice elecciones democráticas.
Menos que van a variar si las organizaciones opositoras siguen desguazándose entre ellas.
Y aquí precisamente radica el punto de partida.
Que las podemos cambiar, claro que podemos y debemos cambiarlas. Pero la condición indispensable es que los grupos y dirigentes políticos, los grupos sociales y sus dirigentes, los grupos económicos y sus dirigentes, comenzando por los grupos más poderosos, tengan un poco de sensatez, un poco de espíritu de patria, un poco de generosidad y, en lugar de estar en disputas o pretendiendo imponer hegemonías o intereses sectarios, se dediquen a buscar, concertar y promover salidas conjuntas en beneficio de la paz, la libertad, la democracia y la prosperidad del pueblo nicaragüense. Aunque sea mediante una estrategia de paso a paso. (¡Pero rápido!).
¿Es bien difícil acordar estándares electorales para elecciones democráticas?
¿Es bien difícil acordar un calendario electoral realista, sobre bases objetivas?
¿Es bien difícil acordar un planteamiento sobre estos temas y presentarlo, de manera concertada, ante el pueblo nicaragüense y ante la comunidad internacional?
Podrían ser unos primeros pasos. Después pueden venir otros.
Si ya están haciendo con niveles de excelencia lo más difícil y costoso, que es perder el tiempo y dejar que Ortega se despache a su gusto y antojo para imponer su farsa electoral… ¿Por qué no intentar entonces avanzar en una ruta más constructiva, más sensata y más beneficiosa para todos?
