Las trampas de la memoria

La lectura del Libro de Margarita Vannini: Política y Memoria en Nicaragua: Resignificaciones y borraduras en el espacio público, impreso recientemente por F&G Editores de Guatemala, me revolvió el cerebro, por decir lo menos.

Margarita logra en unas pocas páginas llevarnos a recorrer pedazos de la historia de nuestro país, juntándolos con la geografía de una ciudad, Managua, tan maltratada como nuestra historia.

Hace un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad como la Plaza de la Revolución o de la República, según quien le dé el nombre; la Plaza Juan Pablo II y la plazoleta frente al Estadio Nacional donde se encontraba la estatua ecuestre del primer Somoza y que hoy, sobre las mismas bases, se erige una estatua de Sandino montado en un burro segoviano. Podrían haber sido esos y otros más, pero ella elige esos tres puntos como elementos alrededor de los cuales organiza su memoria y nos da magistrales lecciones de la importancia de la memoria política y cómo se construye.

Y así, entre una plaza y otra, mi memoria también se activa y lo primero que surge es un elemento que a menudo se nos olvida y que Margarita nos lo recuerda. En 1979 la toma del poder fue total, las instituciones del estado somocista quedaron desmanteladas, la Guardia Nacional se dispersó, y las tropas insurreccionales se hicieron cargo de imponer su orden o su desorden y sobre todo su poder. No hubo juicios a los responsables de los crímenes de la dictadura, ni comisión de la verdad que se encargara de señalar o pedir cuentas a los torturadores ni a ningún responsable de los abusos cometidos durante la dictadura somocista.

El destino del jefe supremo, como ya lo conocemos, fue definido unos meses después en Paraguay. Nadie rindió cuentas por los 42 años de la dictadura somocista (1937-1979).  La ejecución al último de la dinastía fue el colofón de un período, en el cual nacimos y crecimos muchos de los que hoy habitamos este sufrido país. La lección que quedó en la cabeza de Ortega y de sus seguidores es que con la muerte se pagan las culpas. Por eso le sorprende tanto que la insurrección de abril de 2018, pese a las voces en contrario, se ha mantenido siempre en el ámbito de la lucha cívica.   Sin duda Ortega no ha entendido que los tiempos han cambiado, que la lección que “Abril” destaca es otra y no la de las armas, pese a que a él le ha traído buenos réditos.

En cambio, y esto también tenemos que recordarlo, como dice Margarita, “en la transición de 1990 para lograr la paz y la reconciliación fueron las mismas élites que estuvieron enfrentadas en la guerra las que negociaron los términos de la paz y el desarme. (…) se distribuyeron cuotas de poder, se aprobaron leyes de amnistía y se decretó, desde arriba, la reconciliación y el olvido”. Tampoco hubo comisión de la verdad ni a nadie se hizo responsable por los daños de la guerra, por los crímenes cometidos durante el gobierno sandinista y por todos los atropellos que se vivieron en esos años. Nuevamente hubo impunidad.

Ligado a esto conviene recordar que en 1990 las fuerzas armadas del derrotado partido sandinista continuaron ejerciendo su poder. Las armas que se enterraron fueron las del ejército de la Contra, pero las del Ejército Sandinista y las de la Policía Sandinista quedaron intactas. Y lo más insólito, Daniel Ortega continuó gobernando “desde abajo” como dijo el día que perdió las elecciones, desde abajo se dedicó a organizar tranques y asonadas, a utilizar a sus bases y paramilitares para impedir que doña Violeta, Alemán y Bolaños gobernaran pacíficamente. Con eso, lo que parecía iba a ser una transición pacífica, se convirtió en una lucha en las calles. Lo que nos lleva a afirmar con certeza que el poder de Ortega se extiende desde 1979 hasta nuestros días. Son 41 años de ejercicio ininterrumpido del poder, 25 desde arriba, más los 16 que gobernó desde abajo.  Con esto, está muy cerca de igualar al período de la dictadura somocista. Y al igual que Somoza, Ortega tiene su ejército particular, su guardia armada, su “chanchera” que le hace sus leyes, su propia justicia, que ya sabemos de qué ojo es ciega y su consejo electoral que cuenta los votos conforme se le indica.

Es importante señalar que como parte de los arreglos entre cúpulas que se dio para la transición de 1990, el ejercicio del poder sandinista nunca fue cuestionado, Ortega fue presidente de la Republica desde 1984 hasta 1990 y nunca fue interpelado para dar cuentas de su ejercicio del cargo. La lección que quedó es que las elecciones son la arena en la cual se juzga a los gobernantes. Si es derrotado, la voluntad popular dio su veredicto y eligió a otra persona para que ocupe su lugar. Por eso, en la memoria de los y las nicaragüenses las elecciones pasaron a ser los jueces que dictaminarían el buen o mal ejercicio del poder. No contábamos con que el que gobernaba desde abajo y desde 2006 volvió a gobernar desde arriba fue acomodando las instituciones, en complicidad con la cúpula del partido “opositor” y los infaltables “zancudos”, de manera que no importaba cómo gobernaba, Ortega sería siempre el ganador, mientras el que cuenta los votos sea su fiel escudero, o el que acomoda la constitución para pasarle por encima, también sea su seguro servidor.