23 de noviembre 2020
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Nuevamente Nicaragua se encuentra en el foco de las noticias al haber sido impactada, en el lapso de dos semanas, por dos poderosos huracanes que han traído muerte, destrucción, dolor y más miseria a nuestro país, especialmente a la región de la Costa Caribe, históricamente olvidada, marginada y explotada inmisericordemente por sus recursos naturales.
Aunque el grado de devastación no ha sido, hasta la fecha, evaluado en su total dimensión, los reportajes fotográficos nos muestran una visión apocalíptica de destrucción de viviendas e infraestructura: ríos desbordados, inundaciones, deslaves, puentes destruidos, ciudades y pueblos arrasados, cosechas anegadas y un sinnúmero de damnificados que han perdido el trabajo de toda una vida y enfrentan ahora un oscuro horizonte de desesperanza, hambre y miseria. Una situación que se repite con aterradora periodicidad en nuestro país siempre con los mismos resultados.
El “Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres”, publicado por la ONU y el BM, enfatiza que “las comunidades más desfavorecidas sufren una parte desproporcionada de las pérdidas por desastres naturales”. En nuestro caso, el abandono de esta extensa región del país, el saqueo indiscriminado de sus recursos naturales, los bosques arrasados, las precarias infraestructuras, la ausencia de planificación del territorio, son elementos claves de este rompecabezas conducente al desastre.
Según dice Sálvano Briceño, director de la Estrategia Internacional para la Prevención de Desastres de Naciones Unidas, en entrevista de la BBC: “Las vulnerabilidades frente a los desastres naturales no han hecho sino crecer. La población aumenta y se ubica en zonas de riesgo; no se da suficiente prioridad a los esfuerzos de prevención”.
Expertos internacionales aseguran que estas situaciones responden no solo a la escasez de recursos a nivel de los Gobiernos, sino que están íntimamente relacionadas con los intereses políticos de los poderes de turno. Se sigue priorizando la respuesta a las emergencias, desatendiendo de manera sistemática el establecimiento de políticas de reducción de riesgos en temas como el ordenamiento territorial o el manejo sostenible de los ecosistemas. Nicaragua se encuentra entre los 15 países más vulnerables del mundo en cuanto a desastres naturales, según el “Reporte de Índice de Riesgo 2016”.
Ocho huracanes entre 1974 -2020, seis de ellos de categoría 4 – 5, además de un número indeterminado de tormentas tropicales que han generado enorme impacto en la economía y las infraestructuras del país, además de la dolorosa pérdida de vidas, deberían ser una fuente de experiencia y conocimiento sobre nuestras vulnerabilidades y la urgencia de establecer medidas concretas para atenuar el grave impacto de los desastres que seguirán azotándonos cada vez con mayor fuerza debido, no solo al cambio climático, sino a nuestra propia irresponsabilidad en el manejo de nuestros bosques, fuentes de agua, ríos, etc. Desafortunadamente no aprendemos.
A estas alturas, deberíamos contar con estudios fundamentales con información actualizada como un Mapa Nacional de Zonas Inundables; un Mapa Nacional de Suelos que refleje su tipo y calidad; un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial basado en datos fehacientes sobre el terreno y la experiencia de desastres anteriores; un paquete de Políticas de Desarrollo Territorial que nos permita visualizar el ordenamiento sostenible del país y que garantice una respuesta adecuada a los distintos tipos de emergencias poniendo a la sociedad civil en el centro de sus prioridades. Elemento indiscutible es la voluntad política de aplicar las leyes, regulaciones, recomendaciones y normas, en muchos casos ya existentes, por muy difíciles que estas sean. Sabemos que muchos de estos estudios han sido realizados con el apoyo de la cooperación internacional a través de reconocidos expertos en la materia. Pero la mayoría de ellos se engavetan por una obtusa visión política y el ciclo de los desastres se vuelve interminable.
Cuando vemos las fotografías de los ríos desbordados, podemos observar claramente la ausencia de ordenamiento territorial: las casas y poblados se encuentran en los cauces históricos de los ríos, al pie de cerros inestables, a la orilla de las costas, sin observar ningún tipo de prevención de riesgo. Los cauces en las ciudades son colonizados por familias en condiciones económicas precarias que a la hora de las inundaciones sufren incluso la pérdida de sus vidas. Existen normas fundamentales a nivel internacional que en Nicaragua son ignoradas por desidia de las autoridades y desconocimiento o yoquepierdismo de la población.
La práctica de tirar la basura dentro de los cauces, en los tragantes pluviales, en las cunetas, desde las ventanas de los buses o carros en movimiento, etc., es sistemáticamente permitida por las autoridades quienes, por un absurdo clientelismo político, se resisten a aplicar las regulaciones existentes en la materia. Las fuertes inundaciones a nivel urbano son resultado lógico de esta práctica y las afectaciones y pérdidas se repiten año tras año sin que se ponga freno a dicha situación. La irresponsabilidad y la falta de espíritu cívico se ha convertido en sello de identidad de nuestro país.
Urge una nueva perspectiva de desarrollo en Nicaragua, integral, transversal, respetuosa del medio ambiente, de la diversidad natural, cultural y étnica, que tome en cuenta a la población de manera inclusiva y responda a las verdaderas necesidades del país. Debemos decir basta a los parches, a la improvisación y exigir el respeto que merecemos por parte de quienes están en la obligación de hacerlo.
