10 de noviembre 2020
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Abner Onell Pineda, señalado de matar de un disparo en la cabeza a Jorge Luis Rugama, después de que le gritara "¡Viva Nicaragua libre!", el pasado 19 de julio, frente a una caravana de militantes sandinistas, fue declarado culpable este lunes, por el delito de homicidio imprudente, lo que le permitiría incluso evadir la prisión, informó la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Según testigos, Pineda mató al Rugama a sangre fría, pero fue declarado culpable por homicidio imprudente por el juez Erick Laguna de la ciudad de Estelí, y no por asesinato, como pedía la parte acusadora, indicó la no gubernamental CPDH, que da seguimiento al caso.
El abogado de la CPDH, Eber Acevedo, manifestó que "la pena máxima para este delito (homicidio imprudente) es de cuatro años, con la posibilidad de que lo manden a su casa".
El crimen ocurrió mientras los militantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), celebraban el aniversario 41 de la revolución de Nicaragua, en Estelí.
Castellón es el primer ciudadano abiertamente sandinista que es declarado culpable por la muerte de un opositor, y el segundo desde el "paramilitar" Pierson Gutiérrez Solís, quien en 2018 asesinó a la estudiante de medicina brasileña Rayneia Gabrielle Lima, pero fue indultado tras un año en prisión.
Versiones periodísticas indican que el inculpado ha recibido privilegios a lo largo del juicio, que no son comunes entre los detenidos, como el uso de teléfono móvil, vestir la ropa que quiere o no gozar de un estricto régimen carcelario.
De acuerdo con la acusación, Rugama estaba frente a su casa cuando pasó la caravana sandinista, a la que gritó "¡Viva Nicaragua libre!", tras lo cual, Castellón le disparó en la cabeza. Una fotografía tomada inmediatamente después del suceso mostró a la víctima postrada sobre sus rodillas en la calle.
La defensa de Castellón alegó que éste forcejeó con su víctima antes de dispararle.
Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos en Nicaragua han señalado que cientos de personas han sido víctimas de "ejecuciones extrajudiciales" realizadas por "paramilitares" sandinistas y policías, mientras que han acusado al Poder Judicial de defender los intereses del partido de Gobierno, en el marco del conflicto local.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas murieron en el marco de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reconocido 200 muertes, y ha explicado que se defendía de un "golpe de Estado fallido".
