7 de noviembre 2020
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El proyecto de reformas electorales que el mandatario Daniel Ortega ordenó realizar a sus operadores políticos en la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, sin garantizar cambios en el Consejo Supremo Electoral ni atender las demandas para garantizar elecciones libres y transparentes, genera rechazo entre analistas y opositores que admiten pocas posibilidades de cambios que no sean meramente “cosméticos”.
José Antonio Peraza, miembro del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), que presentó una propuesta consensuada para realizar cambios de fondo en el sistema electoral el pasado 22 de septiembre, estima que la propuesta orteguista “va a tratar de dar lo mínimo que se pueda”.
En cambio, compara, la propuesta realizada por el GPRE, recomienda la eliminación de la reelección presidencial, ciudadanizar los Consejos Electorales Departamentales, Municipales y Regionales, así como depurar el padrón electoral, entre otras reformas de fondo, que no estarían siendo consideradas en la propuesta encargada por Ortega, según revelaron a CONFIDENCIAL fuentes ligadas al partido de Gobierno.
“Si no tocan el Consejo (Supremo Electoral) significa no tocar a los magistrados, entonces ahí ya se acabó la negociación política. ¿Qué vamos a negociar en eso?”, cuestionó Peraza.
El también presidente del Movimiento por Nicaragua (MpN) considera que cualquier reforma que se realice debería recoger estas recomendaciones, considerando que han sido consensuadas entre todos los sectores de oposición del país, salvo por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Sin embargo, la propuesta de Ortega únicamente sería consultada con los partidos con representación parlamentaria o máximo con quienes tienen personería jurídica, lo cual dejaría por fuera a los movimientos azul y blanco surgidos como fuerza opositora tras la rebelión ciudadana de abril de 2018.
El jurista y exdiputado opositor, José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, coincide en que una reforma sin cambios en el Consejo Supremo Electoral no tendría ningún efecto. Sin embargo, recordó que el cambio de magistrados puede hacerse sin necesidad de una reforma, porque los miembros actuales tienen sus cargos vencidos, pero ha faltado voluntad política.
“La integración de nuevos miembros, honorables, respetables, creíbles, puede hacerse en cualquier momento y eso ya debió haberse hecho y para nosotros es fundamental”, señala Pallais.
Reformas técnicas, pero incompletas
Eliseo Núñez, también abogado y exdiputado opositor, miembro de la Alianza Cívica, opina que Ortega podría estar buscando la manera de quitarse de encima la presión nacional e internacional con estas propuestas de reformas.
“Yo creo que Ortega lo que va a hacer es reformar la parte que es más técnica, y que necesita de reformas en la Ley Electoral. Por ejemplo: procedimientos de fiscales, procedimientos que tienen que ver con temas de acreditaciones, con temas de funcionamientos de mesas, va a convertir a los Centros de Votación en el centro del sistema y no a las Juntas Receptoras de Votos, de acuerdo con las recomendaciones de la OEA, y se va a reservar temas como el del CSE y la observación electoral que las puede resolver por la vía de la elección”, afirmó.
Sin embargo, advierte que será muy difícil para el caudillo sandinista utilizar estas reformas para aliviar la presión internacional y que la oposición se siente a negociarlas. Núñez destaca que parte de esa negociación debe incluir la observación internacional y el cambio de magistrados electorales.
Entre los cambios fundamentales en el sistema electoral nicaragüense, precisamente Peraza recuerda la necesidad de observación internacional independiente y creíble, y agrega que cuando llegue el momento de “negociar”, también “habrá que ver quiénes son los que van a ir a negociar”.
Más consecuencias internacionales
Peraza también alerta que si Ortega decide hacer reformas electorales cosméticas, eso traería más consecuencias internacionales contra el régimen.
El 21 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución en la que recomienda al Estado de Nicaragua realizar cambios, principalmente en el Consejo Supremo Electoral, controlado por el Frente Sandinista, y sobre el que pesan denuncias de fraudes electorales.
Si estas reformas no se realizaran, los analistas y políticos advierten que Ortega perdería legitimidad ante los organismos internacionales y sería sujeto de mayores sanciones económicas individuales.
“Ya estamos claros que hay un plazo hasta mayo (de 2021, para que el régimen garantice estas reformas), esto hay que hacerlo casi ya. Si aquí no hay una reforma que convenza, entonces no va a haber elecciones, porque nadie va a ir a elecciones en estas condiciones. Ahí hay temas que tocar a fuerza: Consejo Supremo Electoral en todas sus instancias, padrón electoral”, menciona Peraza.
Pallais coincide en que la comunidad internacional va a valorar esta propuesta del régimen una vez que sea presentada públicamente, y no duda que reaccionará acorde con las demandas reiteradas de transparentar y restablecer la confianza en que el sistema electoral respetará la voluntad popular.
“Nosotros estamos claros que Ortega puede pretender hacer una reforma cosmética, que esa es su intención”, admite Pallais. Sin embargo, el jurista y experto en derecho constitucional agrega que “también estamos seguros que si no hay aceptación de una propuesta integral y profunda como la propone la oposición nicaragüense, y si la verdadera oposición no expresa su satisfacción por las mismas, no le va a servir a Ortega”.
