5 de noviembre 2020
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 41 opositores privados de libertad en Nicaragua, así como a Juana de la Rosa Lesage Guadamuz y Roberto José Esteban, padres de los tres hermanos Lesage, excarcelados en mayo de 2019. El organismo consideró que estas personas “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La CIDH asegura que estos riesgos responden a las condiciones de la detención. Además, a la “falta de atención médica en el actual contexto de pandemia por el covid-19”. También insta al Estado a que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos de los reos beneficiarios. El organismo solicita que se les brinde valoración médica y otras alternativas a la privación de libertad.
En su Resolución 8/2020, la organización de derechos humanos identifica “la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en Nicaragua”, según ellos caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno.
#Nicaragua 🇳🇮 La @CIDH otorga medidas cautelares a favor de 41 personas privadas de su libertad.
✍️Comunicado de prensa: https://t.co/uMnASUhvHT#PPL #MedidasCautelares #DDHH pic.twitter.com/EiKTyDiCvC
— CIDH - IACHR (@CIDH) November 5, 2020
Los 41 reos con medidas cautelares se encuentran en siete centros penales de Nicaragua: 30 de ellos en el Sistema Penitenciario La Modelo, dos en el SPN de Waswalí, cuatro en el SPN de Granada, uno en el SPN de Jinotepe, uno en el SPN de Matagalpa, uno en el SPN de Chinandega, tres en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) antes Sistema Penitenciario de Mujeres, y conocido como “La Esperanza”.
La resolución señala la existencia de “síntomas alarmantes", relacionados con la covid-19. Algunos han presentado fiebre, dolores musculares, vómitos, dolor de garganta y dificultades respiratorios.
“No podemos avanzar como Nicaragua si existen presos políticos”
Allan Gómez, miembro de la junta directiva de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), asegura que en el ámbito nacional las medidas cautelares no garantizan ninguna seguridad. No obstante, "ayudan a dar a conocer la situación de los presos políticos en Nicaragua".
“Ya hemos visto que en un año que se presume electoral la situación de los presos políticos pasa a segundo plano. Esto (las medidas) deja un precedente para que no se minimice la situación de los presos políticos”, afirmó a CONFIDENCIAL.
Gómez manifestó que familiares de presos políticos están decepcionados por lo que ellos consideran una “falta de contundencia” de la comunidad internacional hacia este tema. “En realidad aquí no puede haber elecciones sin que estén libres. Esa es la mayor demanda de nosotros como UPPN”, agregó.
Karen Lacayo, coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, solicita medidas cautelares para el resto de reos. Su hermano, Edward Lacayo Rodríguez, recibió estas medidas por la CIDH. En la resolución del organismo se informa que sufre de hipertensión y diabetes, y que pese a ello, "su madre habría denunciado que no le permiten hacerle llegar su medicamento".
"Pediremos apoyo a la CIDH y los organismos internaciones para que nos sigan ayudando, en especial para Kevin Solís, Gerardo Mejía, quienes estuvieron con síntoma de covid-19; de igual manera Gustavo Adolfo Beteta. Sería genial que todos las recibieran", dijo Karen Lacayo a este medio.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + demanda al Estado cumplir con las medidas otorgadas por la CIDH, y a cesar los hostigamiento a presos políticos y familiares.
“Estas medidas adquieren importancia para proteger la vida y la seguridad personal de las beneficiarias. Así como evidenciar y destacar las graves condiciones de riesgo a las que diariamente enfrentan las personas presas políticas, las excarceladas y sus familiares”, aseguró el abogado Carlos Guadamuz de dicho colectivo.
