31 de octubre 2020
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El proyecto para construir en Puerto Sandino una central térmica a gas que produzca 300 Mw, genera dudas entre expertos consultados por CONFIDENCIAL, mientras New Fortress Energy (NFE), la empresa contratada para construirlo, durante la semana pasada vio caer 27.3% el valor de sus acciones.
NFE no oculta su preocupación por hacer negocios con una entidad sancionada por el Gobierno de Estados Unidos. Como parte de sus presiones para obligar al Gobierno de Daniel Ortega a respetar los derechos ciudadanos de los nicaragüenses, la Administración de Donald Trump ha dictado sanciones en contra de familiares, funcionarios y empresas del entorno del mandatario, especialmente las que fueron creadas al amparo del imperio de Albanisa, utilizando la cooperación venezolana.
En su segundo reporte trimestral a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), NFE admite el riesgo de contagio, y detalla cómo podría verse afectada la operación. Esa advertencia se repite en su tercer informe trimestral, publicado este 29 de octubre.
“Si alguna de nuestras contrapartes se ve sujeta a sanciones… podría tener consecuencias negativas para nosotros, incluidas investigaciones gubernamentales, sanciones, multas o sanciones penales o civiles, requisitos de cumplimiento más onerosos, pérdida de las autorizaciones necesarias para realizar aspectos de nuestro negocio internacional, daño a la reputación y otras consecuencias adversas”, reconoce en el documento emitido este jueves.
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Adicionalmente, en el transcurso de la misma semana en que NFE recibió las garantías del Gobierno de Nicaragua por medio de una Ley aprobada de forma apresurada en la Asamblea Nacional, el valor de sus acciones se desplomó en la bolsa, en lo que parecen ser dos hechos aislados.
Si el lunes 26 de octubre, sus acciones se cotizaban en 49.7 dólares en el índice Nasdaq, ese precio se había desplomado a 36.13 dólares por acción, lo que representa una caída de 27.3% en apenas cinco días, como consecuencia de que los inversionistas advirtieran que la empresa estaba en una situación de “negative cash flow”, (o sea, sin efectivo), y que reportaran más retrasos en algunos de sus proyectos.
Eso no fue impedimento para que la empresa siguiera adelante con su plan para colocar mil millones de dólares en deuda al 6.75% de interés, con vencimiento en 2025, para financiar su planta en Puerto Sandino, así como otra facilidad a construir en México.
Los mil millones a recaudar, son en realidad mucho más dinero de lo que NFE requiere para construir las instalaciones en Nicaragua.
En una reunión entre cuatro altos miembros de la gerencia de NFE con analistas de cinco bancos (Barclays Bank; Morgan Stanley, JMP Securities, Citigroup y Evercore ISI Institutional Equities, empresa que asesora a inversionistas globales), el presidente y CEO de New Fortress Energy Inc, Wesley Roberts Edens, detalla el monto real que requieren para financiar el proyecto en Nicaragua.
“El capital requerido para una situación como Nicaragua es de aproximadamente 250 millones a 300 millones de dólares, para una planta de 300 megavatios más toda la infraestructura relacionada”, señaló el ejecutivo.
Tanto los medios de comunicación que dependen del régimen, como la Ley especial aprobada este jueves en la Asamblea Nacional, cifran el costo de la obra en 700 millones de dólares, sin explicar cómo es que llegan a ese sobreprecio.
300 millones, 700 millones… ¿cómo lo van a financiar?
Junto a las dudas naturales que puede representar para NFE la inversión de centenares de millones de dólares en un país en recesión económica, parálisis social e inestabilidad política, también hay interrogantes entre los expertos nacionales.
Las dudas giran en torno al costo total; al precio de venta del megavatio hora generado, y a la necesidad real de inyectar 300 megavatios a un mercado que ha dejado de crecer.
“La estimación oficial habla de una inversión de 700 millones de dólares, y surge la duda: el inversionista es una sociedad, cuya casa matriz está en Estados Unidos, país que ha estado sancionando a instituciones del Gobierno de Nicaragua, por medio de una legislación especial [la NICA Act], y sorprende que haya un inversionista estadounidense arriesgando esa suma, en un país que está en conflicto político con su país de origen”, dijo César Aróstegui.
Desde su experiencia como abogado en legislación energética, se pregunta si la banca privada internacional estará dispuesta a prestar dinero a NFE, porque “Nicaragua significa un riesgo país enorme, así que debe ser un financiamiento sumamente caro”.
El experto descarta la participación de los organismos multilaterales, porque “si quisieran juntar estos 700 millones, encontrarán el rechazo de los socios mayoritarios (países), que están de acuerdo con la política estadounidense”.
En febrero, una fuente próxima a NFE dijo a CONFIDENCIAL que esta podía financiar el proyecto con capital propio, siendo que disponían de 3000 millones de dólares. “Aunque los tuvieran en efectivo, es difícil que vayan a arriesgar esa suma en una operación como esta”, opinó el abogado, quien además de querer saber cuál sería la fuente de financiamiento, pregunta por los posibles emisores de las pólizas internacionales de seguros y reaseguros.
La experta en temas de energía, Patricia Rodríguez, sigue teniendo dudas en cuanto a algunas decisiones incluidas en la Ley Especial aprobada este jueves, comenzando por la exoneración de todos los impuestos al gas natural para generar energía eléctrica, pues el gas es un combustible, y como tal, ya está exonerado, entonces, ¿para qué se requiere una ley especial?, cuestiona.
Señala que el nuevo texto legal “no habla de precios, como la Ley de Tumarín, que sí los mencionaba, y eso es importante para los consumidores. Conozco a esta empresa como vendedores de gas, no como generadores. ¿Cuánta experiencia tienen generando con gas?”, preguntó.
Al verlo desde la realidad energética del país, Rodríguez hace notar que “tenemos suficiente energía en Nicaragua y en el mercado regional. Se van a comprometer con un PPA que es innecesario, y puede haber riesgo económico si las generadoras tienen dificultades de efectivo”.
“Un generador de esta índole, para el tamaño de nuestra industria eléctrica, se convierte en dominante. Ya tenemos el monopolio de las distribuidoras; y un generador con una hegemonía del 40% de la capacidad instalada del país. La industria eléctrica estaría totalmente controlada por monopolios de distribución (Disnorte y Dissur); de transmisión (la estatal Enatrel), y de generación, así que la industria estaría en manos de un oligopolio”, advirtió Aróstegui.
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