29 de octubre 2020
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Cien organizaciones no gubernamentales y seis redes que integran la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1040 o Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a quienes reciben fondos internacionales a registrarse ante Ministerio de Gobierno como “agentes extranjeros”. Según un comunicado en el que mostraron su rechazo a esta ley, ninguna de las organizaciones que la integran la Plataforma se inscribirá.
“Desde el punto de vista legal, las organizaciones estamos impulsando y vamos a impulsar la aplicación de un recurso por inconstitucionalidad frente a esta ley, lo que nos da un amparo jurídico que nos permite negarnos a la inscripción de estas normativas”, explicó en el programa Esta Noche, Amaru Ruíz, miembro de la Fundación del Río y de esta plataforma.
Según Ruíz, seguirán los canales jurídicos interponiendo el recurso por inconstitucionalidad a pesar de que saben que este no prosperará, como ha ocurrido con los interpuestos por las oenegés que han sido confiscadas y cerradas en los últimos tres años. Sin embargo, explica que tres de las organizaciones introducirán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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“Recordemos que una sociedad democrática uno de los pilares fundamentales es la participación de las organizaciones de la sociedad civil”, subrayó.
Cooperantes internacionales están preocupados
Previo a la aprobación de esta ley, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG tuvo conversación con varios cooperantes internacionales que están en el país y estos se mostraron sumamente preocupados porque incluso, hasta quienes trabajan para ellos en Nicaragua tendrían que registrarse como “agentes extranjeros”.
“Lo que al final se va a afectar son los proyectos y programas de desarrollo que promueven las organizaciones no gubernamentales, porque las organizaciones están de cara al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades, grupos y poblaciones vulnerables”, sostiene Ruíz.
Asimismo, señala que muchas de las oenegés han considerado que, tras la aprobación de la ley y la posible reducción de cooperantes extranjeros, tendrán que reducir su nivel de actuación y en el peor de los casos tendrán que cerrar.
“No es la primera vez que tenemos medidas arbitrarias con el cierre de la cooperación. Lo recordamos con organizaciones como el PNUD. Ahora lo que el régimen hace es institucionalizarlo por la ley, pero esto tiene otras implicaciones como el caso de que la cooperación y otras organizaciones decidan salirse del país porque no hay condiciones”, dice Ruíz, quien tuvo que exiliarse desde 2018.
Actualmente en el país hay 7222 organizaciones no gubernamentales inscritas que ejecutan proyectos de desarrollo, educación, derechos humanos y otras áreas de desarrollo en sectores vulnerables. Varios centros de atención integral que están ligados a alguna de estas organizaciones han sido clausuradas en las últimas semanas. Esta situación podría empeorar.
“Nosotros les hemos contado nuestra experiencia como organización y la de las nueve organizaciones que fueron canceladas (en 2018). También, les hemos dado ánimos de que no sólo con personería jurídica se puede trabajar. Nosotros creemos que muchas de las causas definidas en estas organizaciones y la libertad de asociación que tienen los individuos y los ciudadanos nicaragüenses deben prevalecer y deben seguir luchando por la misión y visión que tienen las organizaciones”, dice.
Oenegés de Iglesias evangélicas están excluidas de la ley
De las 7222 organizaciones que existen en el país, la mitad están vinculadas a Iglesias evangélicas y estas no serán afectadas por la ley de agentes extranjeros, pues pertenecen a una clasificación dentro de la misma que las excluye. Por lo tanto, el resto de organizaciones son las que ya están valorando qué opciones hay para continuar su función.
“Las demás organizaciones vienen planteando estrategias de perfil bajo, de trabajar bajo algunas condiciones propias del régimen y algunas organizaciones están hablando y negociando con el propio régimen. Mientras, una buena parte de la mitad que queda, estamos definiendo acciones y mecanismos para que más organizaciones se sumen a pedir el recurso de inconstitucionalidad”, señala.
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Asimismo, señala que además de la aprobación de esta ley, el régimen está formando todo un aparato para detener la labor de las oenegés, pues “a pesar que no te registres, están existiendo otros mecanismos vinculados a los bancos, donde los bancos están siendo cómplices de los atropellos que se viene declarando por la vía de los hechos de manera ilegal e inconstitucional por parte del Gobierno”.
Los integrantes de esta plataforma de organizaciones de la sociedad civil también le exigen al Ministerio de Gobernación que explique: ¿Cómo operarán las organizaciones, que tienen al día de hoy 53 días para registrarse, pero que según esta Ley no pueden hacer ningún movimiento de recursos financieros ni de bienes materiales? ¿O si la aprobación de esta ley se trata de la aplicación discrecional a ciertas organizaciones?
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