28 de octubre 2020
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La Asamblea Nacional, controlada por la aplanadora del Frente Sandinista, aprobó este martes la llamada “Ley Especial de Ciberdelitos”, mejor conocida como “Ley Mordaza”.
Su propósito declarado es proteger las libertades y regular las nuevas tecnologías y el ciberespacio, pero, en realidad, lo que hace es fabricar nuevos delitos derivados del contenido de las noticias y la información, con un alcance ilimitado.
La ley contradice los derechos de libertad de información y expresión tutelados por la Constitución, y en particular el artículo 68 de la Carta Magna que prohíbe de forma taxativa la “censura previa”, al establecer nuevos mecanismos de censura estatal por medio del presunto delito de “información falsa”. Según el artículo 30, el Gobierno se arroga la facultad de determinar la “información falsa y/o tergiversada” que produzca “alarma, temor y zozobra entre la población, a un grupo, o a una persona y su familia”, por lo cual impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días de multa”. Este delito antojadizo y ambiguo de “información falsa” será tipificado de forma discrecional por un régimen secretista que, por las vías de hecho, ya ha criminalizado el ejercicio del periodismo profesional.
El mismo artículo 30 también establece que la “información falsa y/o tergiversada que perjudique el honor, prestigio, o reputación de una persona o su familia” será castigado con penas que van de “uno a tres años de prisión”, mientras en el capítulo sobre los Delitos contra el Honor del Código Penal se eliminaron, desde 2008, las penas de cárcel para los delitos de injurias y calumnias.
Por último, el artículo 30 eleva la pena de tres a cinco años de cárcel, para “el que difunda información falsa y/o tergiversada que incita al odio y la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, la salud pública, o la seguridad soberana”.
Su antecedente inmediato es el proceso seguido hace casi dos años contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, enjuiciados, condenados, y torturados en la cárcel durante seis meses, por los presuntos delitos de “incitación al odio” y “provocación”. Pero esta ley extiende la amenaza en contra de ciudadanos, usuarios de redes sociales, servidores públicos, y periodistas independientes, que divulguen noticias e información, al margen del control oficial. Por ejemplo, ¿cómo se determinará la “información falsa que pone en peligro la salud pública”? ¿Bajo los parámetros de la transparencia pública, o del régimen que negó la pandemia, propagó el virus, y alega que solo hubo 154 muertos por covid-19, cuando los entierros exprés y los datos oficiales sobre mortalidad indican que Nicaragua es el país con el mayor número de fallecidos de Centroamérica, superando los 7000?. Lo mismo podría decirse sobre “la información que pone en peligro la estabilidad económica”, cuyas estadísticas e indicadores sociales de pobreza, han sido tergiversados por el propio Banco Central.
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Se trata, por lo tanto, de una grave amenaza para ciudadanos y periodistas, sin embargo, esta ley punitiva llega muy tarde para intentar impedir la difusión de noticias, información, y opiniones críticas, que han derrotado el monólogo de la vicepresidenta Rosario Murillo, que diariamente reproducen los medios oficiales.
En marzo de 2007, cuando Ortega apenas tenía tres meses en la presidencia, la señora Murillo inauguró su estrategia de la llamada “información incontaminada”, que definió como la verdad oficial en estado puro, sin pasar por el filtro de las preguntas y las investigaciones de la prensa independiente, y de las denuncias o las opiniones críticas de los ciudadanos.
Ese modelo se estrenó persiguiendo a medios y periodistas independientes, con campañas de intimidación, juicios, y linchamiento, e impuso el cierre total del acceso a la información pública para los medios independientes. Desde el primer día de su gestión, Ortega y Murillo se negaron a responder las preguntas incómodas de la prensa, e impusieron el monólogo a través del emporio de medios de comunicación amasado con el Estado-Partido-Familia.
El nuevo Código Negro de censura de Ortega y Murillo es hijo del fracaso de ese ostentoso aparato de medios, financiado con la millonaria corrupción de la cooperación venezolana. Me refiero a los canales de televisión manejados por su familia como negocios privados --4, 8, 13--, a los que controlan de forma directa e indirecta --el 6 (estatal) y el 2 (privado)--, a decenas de radioemisoras, y a sus laboratorios con miles de troles en internet, que también fracasaron en la batalla por la verdad.
El modelo fracasó porque a pesar de la represión y la persecución, nunca pudieron imponer la censura ni la autocensura a la prensa independiente. Fracasó porque no pudieron callar a los ciudadanos, y a las voces proféticas de la Iglesia, como la del obispo Silvio Báez, ahora en el exilio. Fracasó porque tampoco pudieron silenciar a los servidores públicos, que han filtrado los documentos y las pruebas más contundentes de la corrupción del régimen, y porque a la hora de la represión y la matanza, nunca pudieron callar la demanda de verdad y justicia de las madres y los familiares de las víctimas.
Trece años después, un régimen que colapsó en abril 2018 y perdió la poca credibilidad que le quedaba ante sus propios partidarios con el manejo negligente de la pandemia del covid-19, impone una ley que pretende controlar a centenares de miles de usuarios en las redes sociales. Es un golpe desesperado, el último quizás, de una dictadura tambaleante que intenta frenar el hermanamiento de la libertad de prensa de los periodistas y la libertad de expresión de los ciudadanos. Tengo la absoluta convicción de que la prensa independiente mantendrá intacto su rigor profesional, poniendo en evidencia la mentira del régimen, mientras los ciudadanos le darán el golpe de gracia: de la defensa de la libertad de expresión, potenciada por las redes sociales, nacerá la libertad de movilización hasta sepultar el estado policial.
Si alguna vez la historia recordará a Ortega será por su Ley 840, la ley Ortega-Wang del canal interoceánico, en el acto más vende patria de la historia nacional. Murillo quizás será recordada, únicamente, por su discurso de odio, por su orden de “vamos con todo” el 19 de abril de 2018, y por este Código Negro del siglo XXI que intentó imponer la mentira oficial y también está destinado al fracaso.
