27 de octubre 2020
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El gobernante Frente Sandinista ha abierto un proceso para reformar la Constitución Política con el pretexto de establecer la cadena perpetua en Nicaragua, que sería aprobada en una segunda legislatura de la Asamblea Nacional, en enero de 2021.
Una delegación de ciudadanos afines al gobernante Frente Sandinista presentó este martes 27 de octubre, en el plenario, tres millones de firmas que, afirman, se reunieron para promover la aprobación de la ley de cadena perpetua, que promueve el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han usado los crímenes contra menores de edad para justificar la iniciativa.
La Ley de Cadena Perpetua es parte del "tridente" de leyes punitivas del orteguismo que incluyen la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada el 16 de octubre, y la Ley Especial de Ciberdelitos aprobada este martes 27 de octubre.
La ley de cadena perpetua se incorporaría mediante una reforma constitucional al artículo 37, que actualmente establece penas máximas de treinta años, y que con la reforma se leería: "excepcionalmente se impondrá la pena prisión perpetua para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional".
Crean Comisión Especial Constitucional
Tras la entrega de las firmas, se integró una Comisión Especial Constitucional que será la encargada de realizar el "estudio, consulta y dictamen" de esta ley y estará conformada por los diputados orteguistas: María Auxiliadora Martínez, Edwin Castro, Mauricio Orué Vásquez, Gloria María Maradiaga, Irma Dávila, Carlos Emilio López, Johana Luna Lira, Jenny Martínez y Maryinis Chavarría y los diputados del PLC: Jimmy Harold Blandón Rubio y Maximino Rodríguez. Todos miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional.
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"Hay que comunicarle a todos los pobladores de nuestro país que ya comenzó el proceso que tiene que pasar en dos legislaturas, de tal forma que estamos cumpliendo el proceso en la primera legislatura y ya estaríamos también, posteriormente, listos, para la segunda legislatura que sería en el mes de enero. Nos comprometemos a que en cuanto se abra la siguiente legislatura el 10 de enero nos comprometemos a pasar a la segunda etapa", detalló el presidente de la Asamblea Nacional y operador político de Ortega y Murilo, Gustavo Porras.
Firmas presentadas por orteguistas
Según el orteguista presidente de la Asamblea Nacional, la delegación de personas que se presentó a la Asamblea Nacional eran "representantes de diferentes barrios del país quienes han solicitado hacerse presentes para entregarnos las firmas que han estado recogiendo en todo este período".
La delegación presentó una decena de cajas con tapa azul y cuerpo blanco con nombres de los diferentes departamentos del país en la que supuestamente se encontraban los tres millones de firmas recogidas.
"En nombre de nuestro comandante presidente, compañero Daniel Ortega, y nuestra compañera, vicepresidenta nacional Rosario Murillo, nos dispusimos a hacer recolecta de firmas para respaldar la Ley de Cadena Perpetua contra aquellas personas que cometen crímenes de odio. Que estas acciones van en contra de nuestras familias, van en contra de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura", justificaron simpatizantes sandinistas en el plenario.
Los sandinistas justifican la instauración de la prisión perpetua a que "en estos momentos la nación se encuentra preocupada y consternada por el incremento de crímenes crueles, inhumanos, degradantes y de odio", los cuales, aseguran, "han causado grandes impactos, conmoción, rechazo, indignación y hastío entre los nicaragüenses que claman por la aplicación de una pena excepcional para los responsables que cometen dichos crímenes, ya que son fenómenos o acciones extrañas a nuestra cultura".
El Gobierno, a través Murillo, anunció en septiembre que orientaron "penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos crímenes de odio, crueles, aberrantes, humillantes y denigrantes que no corresponden a la cultura nicaragüense".
Trabajadores del estado y ciudadanos que requerían atención médica denunciaron presiones para firmar el respaldo a la ley.
Grupos opositores han dicho que esa propuesta de cadena perpetua, más la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros, son la "nueva modalidad de represión" estatal en el marco de la grave crisis que vive el país desde abril de 2018.
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El proceso de reforma
La oposición denuncia que el Ejecutivo está promoviendo leyes que serán usadas contra sus oponentes, críticos y prensa independiente, con el fin de intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas de cara a las elecciones generales previstas para noviembre del próximo año.
El Código Penal, que regula la materia, también tiene que ser reformado, y determinará y regulará su aplicación.
El artículo 191 de la Constitución Política establece que la iniciativa para una reforma parcial de la Constitución corresponde al presidente de la República o a un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional.
Además, agrega en el artículo 192 que 2la iniciativa de reforma parcial deberá señalar el o los artículos que se pretenden reformar con expresión de motivos; deberá ser enviada a una comisión especial que dictaminará en un plazo no mayor de sesenta días". Y que luego, el proyecto de reforma recibirá "el trámite previsto para la formación de la ley", que en este caso deberá ser discutida en dos legislaturas.
(Con información de EFE)
