26 de octubre 2020
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El producto interno bruto de Nicaragua, medido en córdobas constantes, tardará unos siete años en regresar al deprimido nivel de 2018, y muchos más para alcanzar su punto más alto, que fue 2017, tal como lo muestra la iniciativa de ley de Presupuesto General de la República 2021, presentada ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional.
El 15 de octubre de cada año, el Poder Ejecutivo debe rendir su propuesta de presupuesto para el siguiente período ante el primer poder del Estado. Este año, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, hizo la presentación ante el plenario.
El documento presentado por el funcionario muestra que, después de decrecer 4.0% en 2018, el PIB de ese año cerró en 178 780.6 millones de córdobas y que si se cumplen los pronósticos del régimen (que suponen cuatro años de modestos crecimientos económicos a partir de 2021), el PIB real será de 177 700.2 millones de córdobas al cierre de 2024.
La razón básica hay que buscarla en los efectos combinados de la recesión económica en la que se encuentra el país como consecuencia de la violenta represión gubernamental ante las protestas de la Rebelión de Abril, que obligó al cierre de miles de empresas, y alejó la cooperación internacional, y la inversión extranjera, sumando con el frenazo de la actividad por causa de la covid-19.
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Entre 2018 y 2023 producto de “la pandemia del golpe, más la pandemia sanitaria”, la economía nicaragüense sufrió una pérdida acumulada de 23 044.2 millones de dólares en pérdidas, de los cuales, 4313.4 millones son pérdida de ingresos ordinarios”, puntualizó Acosta.
Las pérdidas atribuibles específicamente al virus SARS-CoV-2 para el período 2019 – 2023 son de 5437.8 millones de dólares, de los cuales 928.6 millones son caída de ingresos ordinarios.
“Todos hemos perdido por la pandemia, pero mucho más por el intento de golpe de Estado”, justificó.
Los datos muestran que aun si el PIB crece 0.5% en 2021, como lo prevé el presupuesto presentado en la Asamblea Nacional, apenas alcanzaría un acumulado de 164 959.3 millones de córdobas, lo que es inferior en 7.7% al acumulado al cierre de 2018.
La fuente externa
Al explicar el origen de los recursos que financiarán el presupuesto de gastos de 2021, cifrado en 81 528.8 millones de córdobas, Acosta se congratuló porque la mayor parte proviene de la tributación, calculada en 17.2% del PIB 2021.
La meta es siempre que “el gasto se financie con los ingresos tributarios, y nosotros estamos tratando que los ingresos estén cada vez más cerca del gasto”, explicó.
Pero no lo están. O al menos, no tan cerca como para no requerir de otras fuentes, que en este caso son la colocación de deuda en los mercados nacionales, y la búsqueda de nuevos préstamos y donaciones externas.
“El gasto público en 2020 se ejecuta conforme lo presupuestado, ya que los Bonos de la República… junto con el ingreso de recursos externos, han garantizado el financiamiento de dicho gasto”, señala el anteproyecto de ley, añadiendo que el déficit será cubierto fundamentalmente con la movilización de créditos y donaciones.
El presupuesto 2021 contempla la colocación de 140 millones de dólares en bonos.
“Estamos viendo a una dictadura completamente desfinanciada”, opinó el economista Juan Sebastián Chamorro. “Al decir que tienen un presupuesto balanceado, más bien están queriendo ocultar la triste realidad: no tienen forma de financiarlo. Todo lo contrario: se están quedando sin los recursos financieros necesarios para hacer crecer el gasto público, y generar un crecimiento de la economía”, insistió.
“Si bien el ministro de Hacienda hizo un trabajo de filigrana para elaborar un ‘presupuesto equilibrado’ basado en una expectativa de comportamiento del PIB de -4%, con un 50% enfocado en el gasto social, diseñado para fortalecer la economía, este presupuesto sigue siendo restrictivo ya que mantiene una política fiscal puramente extractora de liquidez, a partir de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, mientras la inversión y la economía trabajan a medio gas, y muchas empresas han cerrado”, opinó la diputada por el PLC, Azucena Castillo, miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.
Al verlo por entidades, el Consejo Supremo Electoral es el gran ganador, al recibir 773.4 millones de córdobas más que en 2020, cerrando en 1108.2 millones, “para la gran fiesta cívica y patriótica del pueblo nicaragüense”, dijo Acosta, en referencia a las elecciones generales previstas para 2021.
En el otro extremo, los grandes perdedores son el Ministerio de Transporte e Infraestructura (-C$859.1 millones); el Ministerio de Hacienda (-C$245.3 millones), y el de la Economía Familiar (Mefcca), con –C$243.2 millones.
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