26 de octubre 2020
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La propuesta de Ley Especial de Ciberdelito, también conocida como “Ley Mordaza”, que será aprobada esta semana en la Asamblea Nacional, es vista por periodistas independientes como “una espada” que pende sobre los medios de comunicación independientes, los trabajadores de Estado y políticos opositores, para “generar terror”, “autocensura” y “legalizar todos los abusos” que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha venido cometiendo en los últimos años.
El director de Artículo 66, Álvaro Navarro, advirtió que “la dictadura va a presionar hasta donde pueda” para acallar las voces que se escapan de su control, “esa es su misión”. Sin embargo, esta propuesta de ley “simplemente viene a legalizar lo que ya han venido haciendo de facto”, como los juicios contra los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau y Kalúa Salazar; y la confiscación del canal 100% Noticias y la sala de redacción de CONFIDENCIAL en diciembre de 2018.
El régimen lo que pretende con esta propuesta es “sacar una espada y blandirla para silenciarnos”, dijo Navarro durante el programa Esta Semana en el que participó junto a Manuel Díaz, consultor en mercaeo digital y la periodista María Lilly Delgado, corresponsal de la cadena de noticias Univisión en Nicaragua.
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Para Díaz, la aplicación de la “Ley Mordaza” va a ser dirigida hacia cierto sector de la sociedad, como periodistas y ciudadanos que “opinan en internet sin ningún seudónimo, sin ninguna protección de su identidad”. En el caso de los ciudadanos comunes, aunque no son un blanco directo y usen seudónimo en las redes sociales, también son sujetos de aplicación de la ley y el registro de su actividad en internet se convierte automáticamente “en el cuerpo del delito”.
En Nicaragua ya existe un precedente de juicios contra periodistas y “pienso que nada en el Gobierno de Nicaragua se hace sin coordinación de El Carmen (la oficina donde despachan Ortega y Murillo)”, valoró Díaz. En todos estos procesos “es evidente que están coordinados desde el que denuncia, el fiscal que lleva el caso, el juez que los condena. Todo está completamente coordinado, no hay nada improvisado, nada está fuera de la coordinación de El Carmen”, subrayó.
“¿Quién decide qué es información falsa?”
María Lilly Delgado cuestiona la ambigüedad en esta propuesta de ley y la forma discrecional con que puede ser aplicada “¿Quién decide qué es información falsa?”, “¿Qué es perjudicar el honor?”, preguntó la periodista. Además señaló que en el Código Penal de Nicaragua ya existen los delitos de injurias y calumnias, ambos son castigados con multas, pero ahora “con este proyecto de ley de ciberdelitos se establece cárcel”.
Navarro recordó que desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno, en abril de 2018, Murillo “inició una campaña” en la que señalaba “que todo era falso y descalificaba –incluso– hasta los muertos. Decía que lo que sucedía en las calles no era cierto”. Dos años después, el Poder Judicial controlado por Murillo será el que aplique la “Ley Mordaza”.
Información falsa podría ser todo lo que no sea del agrado del régimen. Quienes hacen parodia –inclusive– pueden ser acusados de suplantación de identidad, explicó Díaz. “Es muy común en redes sociales que se creen perfiles falsos sobre personas visibles, pero que no tienen ninguna intención de suplantar su identidad sino de hacer parodia de esa persona; por ejemplo, hay uno muy famoso de un hijo de Daniel Ortega pero que realmente no él. Ese tipo de cuentas falsas pueden entrar dentro de esa tipificación ambigua de suplantación de identidad”, subrayó Díaz.
Por otro lado, la “Ley Mordaza” introduce conceptos como “ensalzar el crimen”, algo que a juicio de Navarro se refiere a la cobertura periodística al tema de los presos políticos del régimen. “Todo el mundo sabe la manera abusiva en que ha ido a capturarlos, que los han mantenido secuestrados durante meses y que los proceso han sido absolutamente irregulares y abusivos”, eso lo que “probablemente el gobierno va a querer callar”, explicó Navarro.
Castigo a quien filtre información
La propuesta también pretende infundir temor en “los trabajadores del Estado” y “los militantes del Frente Sandinista”, ya que establece castigo para quienes filtren información o capturas de pantalla de conversaciones. “El régimen está convencido de que en los grupos de WhatsApp del partido en los barrios, de los CLS, en cada una de las instituciones públicas… desde ahí está saliendo (información)”, enfatizó Navarro.
Tanto Navarro como Díaz indicaron que “por mucho que el régimen quiera ufanarse” de que está en capacidad de controlar la información que circula en internet, en la práctica es algo que no puede hacer. “Todo el mundo sabe que aplicaciones como WhatsApp y otras que también se están usando para enviar información segura, son mecanismos de comunicación abierta en todo el mundo y no creo que ellos puedan silenciar todo lo que se les ocurra”, dijo Navarro.
Por su parte, Díaz precisó que aspectos como la extradición de los nacionales que sean procesados en Nicaragua por ciberdelitos, es algo que el régimen de Ortega no puede hacer solo. Para eso es necesaria la colaboración de otros países y en este caso solo Cuba y Venezuela “podrían considerar la posibilidad de extraditar a alguien por cualquier artículo que establece esta ley. Todos los demás países del mundo tienen una visión muy clara de lo que está pasando en Nicaragua”, subrayó.
“Seguiremos trabajando con rigor”
Para Delgado, independientemente de esta propuesta de ley “el periodismo independiente va a seguir trabajando con rigor”. Enfatizó que en el caso de las corresponsalías internacionales “buscamos balance en la información aunque es bien difícil porque en Nicaragua no hay acceso a la información, la información está centralizada en una persona; sin embargo, el reto va seguir siendo lo que ha sido hasta ahora, buscar a la contraparte”, explicó.
Mientras tanto Navarro agregó que “nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”. El régimen “apuesta a que nos callemos” y hacer eso “sería como aceptar que hemos cometimos alguna falta”, cuando únicamente “hemos informado a la población” conforme a lo establecido en la Constitución Política y “no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo”.
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