25 de octubre 2020
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El Grupo empresarial Coen hizo una denuncia pública en la que reclaman por un embargo realizado tras una demanda iniciada por el boxeador nicaragüense Román “Chocolatito” González, quien reclama un supuesto incumplimiento de contrato por el que pretende cobrar más de un millón y medio de dólares, además de las costas legales del juicio.
En la denuncia pública, divulgada en sus redes sociales, el grupo empresarial detalla que la acción legal del boxeador tiene su origen en un acuerdo de publicidad que contrajo una de sus empresas el 11 de mayo de 2017 con González junto a su manejador, Carlos Blandón.
“Grupo Coen no incumple sus acuerdos. Es Román González, quien sin haber cumplido las condiciones pactadas pretendía recibir lo convenido, que no era dinero, ni mucho menos la cantidad que ahora pretende. El acuerdo consistía en una casa de habitación con un valor de 150 000 dólares, por promoción y publicidad de marcas de Grupo Coen”, indican.
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En ese sentido, agregan que “para que el acuerdo se cumpla el boxeador debe realizar entre otras cosas, tres peleas internacionales y oficiales para defender o intentar obtener un título oficial de boxeo, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha”.
Abuso del sistema judicial
“El día de hoy (viernes 23 de octubre) por solicitud del boxeador, Román Chocolate González, la Juez Quinto de Ejecución y Embargo de Managua trabó embargo preventivo en bienes inmuebles del Grupo Coen, con fundamento en el mandamiento librado por la Juez Sexto de Distrito Civil Oral de la Circunscripción Managua”, anunció el grupo empresarial.
El comunicado público informa que “el mandamiento de embargo se dictó por la suma de un millón y ciento cincuenta mil dólares más el 25% de dicha suma para responder por costas legales”.
“Grupo Coen está a la espera de que Román González y su apoderado general Carlos Blandón, cumplan con lo convenido. Nos llama poderosamente la atención la demanda y que los juzgados la estén tramitando sin que el boxeador haya cumplido”, denuncian.
A la vez explican que harán “uso de todos los medios y recursos legales nacionales e internacionales en defensa de sus intereses y derechos”. También exhortan al Poder Judicial “a tramitar y resolver la presente causa observando el debido proceso, garantizando el derecho a la defensa de Grupo Coen y además, resolviendo conforme derecho”.
“Institucionalidad bajo acoso”
En la denuncia pública recuerdan que “la institucionalidad en Nicaragua sigue siendo objeto de acoso” y que desde junio de 2018 “no han parado las medidas intimidantes y represivas” en contra del consorcio empresarial.
“Aún continúan tomadas por la fuerza más de 1400 manzanas de nuestras tierras productivas por (grupos) paraestatales que en 2018 ingresaron armados y encapuchados a tomarse dichas propiedades”, lamentan.
Además, indican que robaron todos los bienes, maquinarias y equipos que había en esas tierras, “destruyendo pastos y cultivos, talando bosques de reforestación y explotando sin ningún control o medida los recursos naturales, incluyendo yacimientos minerales”.
“Todo esto, a la vista y paciencia de autoridades de la Policía Nacional ante quienes semanalmente acudimos a impulsar los recursos que se presentaron, pero que lamentablemente no han sido ni siquiera tramitados, porque según refiere la Policía Nacional misma, no han recibido instrucciones superiores”, agrega la denuncia.
Condenamos, una vez más, la utilización del poder judicial como herramienta represiva y la posesión a la fuerza de la propiedad privada. pic.twitter.com/hbWoHR1Lf1
— AmCham Nicaragua (@AmChamNicaragua) October 24, 2020
Por su parte, la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham) condenó la utilización del Poder Judicial "como herramienta represiva".
Señalan que lo ocurrido "demuestra, nuevamente, el actuar del Estado en un país donde se cometen acciones arbitrarias en contra de sus ciudadanos, sus empresarios y colaboradores, su derecho a la propiedad privada y a la defensa legal y justa".
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