24 de octubre 2020
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Ley Especial de Ciberdelitos del régimen Ortega-Murillo, dictaminada a favor por tres comisiones bajo el control del partido de Gobierno, obligará a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones a “grabar” los datos de los usuarios y facilitar esta información al régimen, según el análisis de abogados y diputados que circula desde este viernes.
Los diputados orteguistas dictaminaron la Ley Especial de Ciberdelitos el pasado 21 de octubre, otorgando facultades a los jueces del régimen para “ordenar” al proveedor de servicios de tecnologías de información y comunicación, “recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real”.
Esto quedó establecido en el artículo 39 numeral 10 de la ley dictaminada, que se suma a las medidas que el régimen puede tomar de forma discrecional para, además, ordenar a un proveedor de servicios que suministre “información de los datos relativos a un usuario que pueda tener en su posesión o control”.
Además, el régimen otorga facultades para obligar a cualquier persona con conocimiento de sistemas informáticos a “proveer la información para realizar las investigaciones necesarias”.
Los diputados del régimen definieron, dentro del dictamen, que tecnologías de la información y comunicación es cualquier medio (dispositivo), o aplicación que “permiten la captura, producción, reproducción, transmisión, almacenamiento, procesamiento, tratamiento y presentación de información en forma de imágenes, voz, textos, códigos o datos”.
Por ello, cualquier dispositivo —como teléfonos celulares, computadoras o tabletas— entraría en esta categoría y sus datos podrían ser obtenidos para realizar las “investigaciones”, cuya razón la ley dictaminada no precisa.
Igualmente, ceden facultades para que esta información pueda ser solicitada a las empresas locales, incluyendo en el artículo 44 que también podrán solicitar asistencia a otros Estados del mundo.
Contra la rebelión ciudadana
La iniciativa orteguista establece penas contra quienes enaltecen la figura de presos políticos, contra la ciudadanía que se burla de Ortega y los medios de comunicación que publican información originada en los empleados públicos.
Los diputados del régimen establecieron que ningún personaje reconocido por sus acciones en la Rebelión de Abril podrá ser visto como héroe.
El artículo 29 indica que, “quien haciendo uso de las tecnologías de información y la comunicación, incite, instigue, provoque o promueva la comisión de delitos, ensalce el crimen o enaltezca a su autor o partícipes o se lo adjudique, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y 200 a 500 días multa”.
El abogado José Pallais, opositor y expresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, advierte que este artículo es “grave”, pues establece que todos aquellos que participaron en la Rebelión de Abril, que son considerados como “criminales o terroristas” por el régimen, no podrán ser considerados como héroes o líderes de ese acto.
“Para el régimen los presos políticos son autores de crímenes, entonces, quien pondere la figura de un preso político puede ser sujeto de aplicación de esta barbaridad. Por ejemplo, esto va dirigido también al que promueva la resistencia contra el régimen, otro que pudieran ellos considerar delito: un tranque”, interpretó Pallais.
Castigarán “noticias falsas”
Los diputados orteguistas dejaron intacto el artículo 30 de la iniciativa que receta de dos a cuatro años de prisión y de 300 a 500 días multa para quienes “publiquen o difundan información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población”.
Además, condena de uno a tres años de prisión y de 150 a 350 días multa a quienes “publiquen y difundan”, información “falsa y/o tergiversada”, que perjudique el honor, prestigio o reputación de una persona o su familia.
En un tercer párrafo del mismo artículo, se indica que si esta información publicada “incita al odio y a la violencia” y pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, la persona recibirá de tres a cinco años de prisión y de 500 a 800 días multa.
El régimen, sin embargo, define como noticia falsa toda aquella publicación que cuestione o adverse sus intereses políticos. Por tanto, opositores, analistas y medios independientes alertan que esto supondría que cualquier tipo de información que no sea del agrado del régimen será visto como “noticia falsa”.
“Van contra medios y ciudadanía”
El dictamen de ley también indica que se impondrán penas de dos a cuatro años de prisión a quienes hagan “imputaciones contra el honor, o el prestigio, violar o divulgar secretos con perjuicio para él, su familia, otras personas con las que esté relacionado o entidad que representa o tenga interés”.
Aunque a primera vista pareciera que el artículo protege a toda persona de calumnias o injurias, la diputada liberal Azucena Castillo, cree que esto también es una amenaza directa a los medios de comunicación del país y a la ciudadanía que se burla de los funcionarios del régimen en las redes sociales.
“Quieren cubrirse en salud de que no se les debe decir nada para reinar como quieren”, dijo Castillo, tras destacar que “hay una gran discrecionalidad en cómo se van a implementar estas leyes”, para “ir contra una persona determinada”.
El artículo 26 también va contra cualquier tipo de filtración de información que el régimen considere de carácter privado, y establece de tres a seis años de prisión al que “sin consentimiento del titular de la información de carácter privado y personal revele, difunda o ceda en todo o en parte, dicha información o datos, sean estos en imágenes, video, texto, audio u otros”.
Con el dictamen de ley, se espera que la Ley Especial de Ciberdelitos pueda ser aprobada en la Asamblea Nacional la próxima semana.
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