Asamblea orteguista aprueba "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros"

Los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional aprobaron la "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros", dictaminada por la Comisión de Producción Economía y Presupuesto este pasado lunes,  y que ha sido criticada por "segregar" a los nicaragüenses entre quienes son los "verdaderos" según el régimen de Daniel Ortega y los "agentes extranjeros" por oponerse al Gobierno.

La Ley fue aprobada en lo general y de inmediato la Asamblea continuó su discusión para aprobarla en lo particular. La aplanadora sandinista votó con sus 70 votos, mientras que los opositores se abstuvieron de votar por considerar que la Ley es violatoria a los derechos de los nicaragüenses, por cuanto la legislación demanda que quienes reciban fondos extranjeros tengan que registrarse en el Ministerio de Gobernación y entregar un informe detallado de los fondos que recibirán y cómo se usarán.

El artículo 14 de la Ley establece que quienes reciban fondos extranjeros no podrán realizar actividades que, discrecionalmente, el Gobierno podrá decidir si intervienen en "temas de política interna y externa" y agrega que “tampoco pueden financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.

Wálmaro Gutiérrez la califica de "deuda histórica"

El diputado sandinista y presidente de la Comisión de Producción de Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, defendió la aprobación de la Ley alegando que es una "deuda histórica", que tenían los legisladores para con el "pueblo de Nicaragua", de aprobar una ley para defensa de la "soberanía del país".

Además alegó que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros "no se nos ocurrió a nosotros (el Gobierno)", sino que revisaron legislaciones de países norteamericanos, asiáticos, europeos entre otros para tomar como referencia y aprobar la Ley en el plenario.

El también diputado del FSLN y vicepresidente de esa Comisión, José Figueroa, defendió la Ley alegando que fue "consultada" con diferentes sectores, aunque solo mencionó instancias gubernamentales.

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Según Figueroa, las consultas se realizaron con el Ministerio de Gobernación (ejecutor de la Ley), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Todas estas, instancias que obedecen a las directrices del Gobierno de Daniel Ortega.

Por ello, el diputado liberal Walter Espinoza aseguró que se abstendría de votar, pues no fueron consideradas ningunas de las organizaciones que propuso para que se incluyeran en el proceso de consultas.

“Desde el momento que entramos en el proceso de las consultas lamentablemente no fue más allá de solo tener a los funcionarios públicos del Gobierno. Sin embargo, estemos bien claros de algo, y el pueblo nicaragüense estamos claros de algo, que esto es parte de un punto más de agenda para Nicaragua de las persecuciones”, dijo el diputado.

Y agregó: "esto es un punto más de agenda para Nicaragua de las persecuciones. ¿Ustedes creen que van a detener al pueblo nicaragüense hagan lo que hagan?".

El diputado indígena de Yatama Brooklin Rivera dijo en el plenario que esta ley afecta los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes porque "amenaza con cárcel", a todos los organismos que destinen fondos para la defensa de los derechos de estos sectores vulnerables del país.

Murillo: "Se nos ha interrumpido la paz desde afuera"

El pasado martes 13 de octubre, la vicepresidenta y vocera oficial Rosario Murillo, alegó que la paz de Nicaragua ha sido interrumpida "desde fuera".

"Se nos ha interrumpido la paz desde fuera, siempre desde fuera, y en complicidades que siempre se han denunciado", señaló Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega, a través de medios del Gobierno.

Nicaragua pidió el jueves pasado "respeto a su soberanía" después de que el Parlamento Europeo (PE) aprobara una resolución en la que pide a la Unión Europea (UE) que acuerden nuevas sanciones al Gobierno del presidente Ortega si aprueba las leyes que prepara sobre ciberdelitos y agentes extranjeros y no se presta a un diálogo nacional sobre la reforma electoral.

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