10 de octubre 2020
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Para dimensionar las implicaciones de las sanciones anunciadas por la administración norteamericana en contra de CARUNA (Caja Rural Nacional) es preciso conocer: Primero, el papel que esta institución desempeñó en el descomunal fraude con los recursos de la cooperación petrolera venezolana y, segundo, el patrimonio que detentaba al cerrar el 2018.
Comencemos con lo primero. Hugo Chávez y Daniel Ortega suscribieron, en enero del 2007, el convenio que aseguraba el suministro de petróleo y derivados de Venezuela a Nicaragua, en condiciones preferenciales: El 50% del precio de cada barril se transformaba en un crédito concesional con 2 años de gracia, 25 años de plazo y una tasa de interés del 2%. En términos financieros, un regalo. Dicho acuerdo fue ratificado por las asambleas legislativas de los dos países, sin embargo, aunque parezca mentira, la realidad es que, formalmente, Nicaragua nunca recibió los beneficios de ese convenio.
¿Por qué razón? ¿Cómo se explica que el grueso de la cooperación financiera se canalizara como una operación comercial privada?
Porque inmediatamente después de formalizar el convenio inventaron la truculencia para burlarlo. En resumen: PETRONIC, la empresa nicaragüense importadora de petróleo, en una operación ficticia pagaba la factura petrolera como si fuera de contado, es decir, nunca el Estado de Nicaragua contrajo deuda alguna por el suministro petrolero. La segunda parte de la operación era que PDVSA, la empresa venezolana exportadora de petróleo, asentaba contablemente la venta y, acto seguido, por sí y ante sí, concedía un crédito a CARUNA, por medio de ALBANISA (una empresa mixta formada por PDVSA y PETRONIC) por el valor de cada factura. Así, el beneficiario directo de los fondos resultó ser esta oscura cooperativa, que en la década de los noventa administraban precariamente unos sirvientes de Ortega.
De este modo, Ortega se apropió de los flujos de cooperación petrolera, como capital privado, por vía de CARUNA. Según las estadísticas del Banco Central al cerrar el 2018, estos flujos ascendieron aproximadamente a 4000 mil millones de dólares. En conjunto con otras modalidades de cooperación (BANDES, donaciones específicas, etc) la cooperación venezolana totalizó 5,058 millones de dólares, conforme el registro del Banco Central.
Como se dejó dicho, se trata de la mayor privatización de la historia económica de Nicaragua, o el más gigantesco fraude de la historia de nuestro país. O las dos cosas.
Estos fondos se utilizaron para comprar conciencias, entablar una alianza con prominentes grupos económicos, financiar programas asistenciales y repartir prebendas para alimentar clientelas políticas, además de emprender proyectos delirantes (uno de ellos, cultivar gusanos de seda), y formar un conglomerado empresarial que incluye desde empresas de vigilancia, hoteles, distribución de petróleo, generadoras de energía, haciendas, empresas distribuidoras de electricidad, inversiones en bonos, hasta desembocar en un banco, como brazo financiero y canal para el trasiego de capitales de origen dudoso: El Banco Corporativo, BANCORP.
Lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta dice el refrán popular. Y, ciertamente, hicieron fiesta, pero también amasaron una formidable fortuna. Y esta es la segunda parte de la historia.
A inicios del 2018 se filtró una auditoría realizada al BANCORP por la firma norteamericana Grant Thornton, según la cual CARUNA había suscrito con BANCORP unos contratos de fideicomiso para encomendar la administración de un patrimonio equivalente a US$ 2,500 millones. En la auditoría este patrimonio no figuraba como depósito, sino en un apartado denominado “cuentas de orden”. Por tal razón ese capital no se reflejó en los reportes de depósitos del BANCORP que publicaba la Superintendencia de Bancos, SIBOIF.
Lo extraordinario del caso es que también se filtró la auditoría del 2018, elaborada por la firma británica Moore Stephens. Según el informe, el monto de los fideicomisos pasó de 75 mil millones de córdobas, en 2017, a 82 mil millones, en 2018 (Nota No.27, página 61). En otras palabras, mientras 3000 empresas que cotizaban al INSS cerraron o pasaron a la economía informal y casi 160 mil trabajadores perdían su empleo y dejaban de cotizar a la misma institución. Y mientras decenas de miles de empresas y de trabajadores de la economía informal quedaban en la calle a causa de la crisis, el patrimonio de Ortega encomendado al BANCORP en concepto de fideicomisos creció, ese año, en más de 200 millones de dólares.
Naturalmente, ese no es el total del capital de Ortega. Únicamente se trata del patrimonio que gestionaban CARUNA y BANCORP. Queda a la imaginación de cada quien cuánto guarda en paraísos fiscales, cuentas cifradas e inversiones encubiertas.
Después de las sanciones al BANCORP Ortega y CARUNA se vieron obligados a buscar como esconder, traspasar, trasponer, trasegar, segregar y escamotear este cuantioso patrimonio con el propósito de capearlo ante la posibilidad de nuevas sanciones. Es el motivo por el cual los sirvientes de Ortega en la Corte Suprema de Justicia transformaron el registro público de la propiedad en registro clandestino, a fin de crear empresas mampara y multiplicar testaferros, al amparo de las sombras y cobijados por la impunidad.
Las sanciones anunciadas por el gobierno norteamericano a CARUNA representan, indudablemente, un fuerte golpe a la riqueza personal y familiar de Ortega, que se agrega a los golpes al BANCORP y DNP. No es posible establecer la cuantía de la afectación por cuanto se desconoce qué parte del patrimonio cubierto por los fideicomisos pudo escamotear el dictador-empresario en este tiempo. Lo que sí queda claro es que, cualquiera que sea la magnitud del patrimonio que quedó expuesto al amparo de CARUNA, todo contratista, proveedor, micro financiera, comprador, banco, acreedor, deudor, inversionista, tendrá que pensarla dos veces al continuar cualquier tipo de transacción con todo lo que huela a CARUNA. Y Ortega tendrá que seguir jugando al gato y al ratón, buscando como esconder su fraudulenta fortuna.
Por supuesto, nada tiene que ver la economía nacional, menos la economía de las familias o el desamparo de los pobres, con estas sanciones. Es la patraña que viene repitiendo el dictador cada vez que le tocan los bolsones (porque no son bolsillos) para ver a quién engaña con sus lloriqueos ante “las agresiones imperialistas”. Tal vez la única afectación es que ahora buscará como descargar su ira y compensar sus pérdidas perpetrando más abusos con las tarifas eléctricas, los precios del combustible o las extorsiones fiscales.
