9 de octubre 2020
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Miembros del Movimiento Campesino de Río San Juan denunciaron públicamente, en entrevista con CONFIDENCIAL, que desde la semana pasada han recibido información de sus integrantes sobre la solicitud de firmas que hace el Ministerio de Salud (Minsa) durante las jornadas médicas y dentro de los hospitales, para que “apoyen” la aprobación de la cadena perpetua para quienes cometan “crímenes de odio”.
El martes, 29 de septiembre, según información facilitada por los habitantes de la comunidad El Dorado III, ubicado en San Miguelito, Río San Juan, se presentó a la zona una brigada de salud, que “supuestamente venía a atender a toda la población” como todos los meses, realizando exámenes y ultrasonidos.
Sin embargo, denuncian que los trabajadores de la Salud que llegaron en la brigada se empeñaron en pedirles firmas mientras recibían el servicio.
Una mujer embarazada, habitante de El Dorado III, detalló que el acoso en su contra fue tal que ni siquiera pudo esperar los resultados de sus exámenes y ultrasonidos.
“Me agarraron en la fila, yo ya me había hecho los exámenes y el ultrasonido, pero me faltaba que me los leyeran y ahí una mujer se me acercó a decirme que le diera la firma, pero como me negué lo que hizo fue pedirme los exámenes, que según ella me los leerían después”, denuncia la mujer, que solicitó el anonimato para evitar mayores represalias en su contra.
La ciudadana señala que el acoso y las palabras de la mujer que le pidió la firma fueron tan amenazantes que decidió retirarse.
“Me dijo que la primera decapitada que iba a aparecer era yo, solo porque no firmé. Se puso a hacer unas llamadas y me dio miedo, entonces, me fui, así sin nada, sin recibir la atención que se supone es para todos, que es gratuita”, señala.
También hay presiones en los hospitales
Víctor Díaz, líder territorial de Río San Juan, explica que las solicitudes de firmas como condición para recibir atención en salud, dentro de los hospitales y centros de salud, se han vuelto “más frecuentes ahora que quieren aprobar sus leyes, sus cosas con las que quieren castigar a los opositores”.
Díaz apunta que antes de la llegada de la brigada en El Dorado III, que ocurrió el pasado 29 de septiembre, conoció del caso de unos comunitarios de Santa Elena a quienes en el Hospital Luis Felipe de San Carlos, Río San Juan, les solicitaron firma.
“Un comunitario, integrante del Movimiento Campesino, nos informó que en la penúltima semana de septiembre algo similar le ocurrió cuando llevaron a una paciente grave de salud. Nos dijo que le dijeron que tenían que dar su firma antes de recibir el servicio de salud, entonces, ellos dieron su firma porque tenían necesidad, llevaban a una enferma crónica y no podían moverse a otro lugar”, denuncia.
Díaz valora que el actuar de las autoridades del Minsa "viola el derecho a la salud y a la vida", por lo que exigió que se deje de "utilizar ese servicio para conseguir las firmas, porque están poniendo en peligro la vida del campesino, que en muchas ocasiones no tiene para pagar un lugar privado".
La recolección de firmas que supuestamente ayudará a castigar a los asesinos, abusadores y violadores de mujeres, adolescentes y niñas, comenzó desde la tercera semana de septiembre, luego que Daniel Ortega --durante la conmemoración de la Independencia de Centroamérica-- anunciara su propuesta, donde no especificó en ningún momento que tuviera el objetivo de reducir la violencia contra la mujer o el número de femicidios que se cometen cada año.
Desde entonces, trabajadores de diferentes instituciones del Estado de Nicaragua, incluso, estudiantes de universidades públicas han denunciado que se le se le ha obligado a firmar la propuesta del Frente Sandinista, la cual busca aplicar "cadena perpetua" a quienes ellos consideren que cometieron "crímenes de odio.
En un reporte de CONFIDENCIAL, trabajadores de la Alcaldía de Managua, Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), del Ministerio de Educación (Mined) y de la Dirección General de Aduanas (DGA) denunciaron que se vieron obligados a firmar la propuesta impulsada por el Frente Sandinista, ya que temían perder sus puestos de trabajo. En la mayoría de los casos denunciados, los trabajadores del Estado apuntaron que los papeles que se les entregaban estaban en blanco, no había una explicación exacta de lo que estaban firmando y se les pedía colocar información como nombres, apellidos, número de cédula y firma.
La vicepresidenta de Nicaragua y vocera del régimen, Rosario Murillo, indicó que hasta la tercera semana de septiembre ya tenían recogidas más de 650 000 firmas de respaldo a la solicitud que harán a la Corte Suprema de Justicia, para aplicar la pena de cadena perpetua contra quienes cometan “crímenes de odio”.
