7 de octubre 2020
AA
Share
La jueza segunda de ejecución de embargo, Evelin Jiménez, embargó la residencia de la empresaria Victoria Lacayo, suegra del dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, por una causa promovida por la Alcaldía de Managua, gobernada por los sandinistas, denunciaron el martes los afectados, que vinculan el caso a la grave crisis que vive Nicaragua desde hace más de dos años.
Jiménez ordenó el embargo de la casa de la empresaria, así como seis lotes de terrenos de una urbanizadora, incluido uno que acoge el pozo que abastece de agua potable el residencial Intermezzo del Bosque, de Managua, denunció Victoria Cárdenas, hija de la afectada, en una declaración pública.
Cárdenas, empresaria y esposa del dirigente opositor, explicó que la Alcaldía de Managua presentó una demanda ejecutiva contra Inmobiliaria Intermezzo del Bosque por más de 9 millones de córdobas (unos 260 115 dólares), y que la tarde del lunes procedió a requerir el pago a la sociedad y trabó siete embargos sobre diferentes propiedades, incluyendo la residencia de su mamá.
"Se embargaron bienes con valor muy por encima de lo reclamado, cometiendo una ilegalidad", sostuvo la hija, que es socia con su madre de la urbanizadora.
Cárdenas agregó que la demanda de la Alcaldía se origina en un reparo "también ilegal" por las ventas de lotes hechos hace 23 años y que, según la municipalidad, fueron vendidos entre 2017 y 2019.
"Adefesio jurídico"
"Un verdadero adefesio jurídico", señaló la afectada, que tildó como "un acto de acoso y terrorismo fiscal que busca despojarnos de los bienes de mi familia".
Por su lado, Chamorro, que es secretario ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, anunció que se defenderán de ese caso, que dijo, es promovido por el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, al que señaló de practicar "terrorismo fiscal" contra sus adversarios, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
Por ese caso, la jueza Imara Isabel Castro Martínez, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, dictó orden de allanamiento de morada y detención contra Lacayo y Cárdenas.
Diferentes cámaras empresariales han advertido que esos embargos atentan contra la libre empresa, ahuyentan la inversión, e impide la generación de empleos, por lo que han pedido al Gobierno de Ortega cesar la intimidación hacia los opositores y al sector privado.
Desde hace varios trimestres, los dueños de negocios, y también, los propietarios de casas y terrenos, comenzaron a observar —y denunciar— la recepción de cobros desmesurados del impuesto de bienes inmuebles (IBI) por parte de la Alcaldía de Managua, con un elemento adicional: la amenaza de cárcel inmediata si no pagaban lo que les estaban cobrando.
Con el paso de los meses, las dos direcciones principales del Ministerio de Hacienda (Aduanas e Ingresos), se sumaron al acoso, conformando, junto con la Alcaldía de Managua (ALMA), el tridente de entidades a las que el sector privado señala de ser las encargadas de implementar el terrorismo fiscal que les aplica el Gobierno.
