Monseñor Álvarez llama a diputados a no fracturar más la sociedad

Ante la eventual aprobación de las iniciativas “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” y “Ley Especial de Ciberdelitos”, el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, consideró que “nos estamos jugando el futuro del país”, por lo que instó a los legisladores a no fracturar más la sociedad nicaragüense.

“Nicaragua está viviendo un momento muy complejo y delicado”, dijo monseñor Álvarez, en una conferencia de prensa posterior a la misa dominical en la  catedral San Pedro Apóstol, en Matagalpa. Al momento de proponer leyes, “los actores políticos no deberían causar mayor fractura social de la que ya existe y legislar pensando en el bien común, apegados a la Constitución”, continuó.

Juristas nicaragüenses han advertido que la iniciativa de “Regulación de Agentes Extranjeros”, presentada el 22 de septiembre por diputados del gobernante Frente Sandinista ante la Asamblea Nacional, pretende “segregar” a los nicaragüenses al crear tácitamente dos categorías de ciudadanos: los “verdaderos” y los “agentes extranjeros”.

A juicio de monseñor Álvarez “el pueblo es el soberano de donde emana el poder político”, por tal razón “los responsables de hacer las leyes tienen que escuchar con humildad al pueblo y conocer de cerca sus necesidades”. No obstante, ambas propuestas de leyes serán aprobadas el 13 de octubre sin haber sido consultadas con la sociedad civil.

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Sobre la propuesta de regulación de ciberdelitos, el obispo advirtió que el Estado debe tener “mucho cuidado de no lastimar las libertades fundamentales y los derechos humanos universales, como son el derecho a informar con veracidad y el derecho a expresar libremente nuestros pensamientos”. Aunque reconoció que “existe una delincuencia internacional” que opera en las redes.

Desde que la propuesta de ciberdelitos ingresó al parlamento, diferentes organizaciones opositoras al régimen de Daniel Ortega y periodistas independientes han denunciado que esta ley busca acallar las voces críticas, debido a que establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde su óptica, propaguen noticias falsas “a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”.

“Arrogarse el derecho” de representación

Minutos antes, durante su homilía, el jerarca católico instó a los dirigentes políticos de Nicaragua a “evitar apropiarse de la construcción de un nuevo país” y explicó que “todos los nicaragüenses tenemos el derecho y deber a participar de alguna manera” en las decisiones que impactarán en futuro de la nación.

Para monseñor Álvarez “ningún sector” de la sociedad puede “arrogarse el derecho de construir unilateralmente una nueva Nicaragua”. Los dirigentes políticos “no pueden pretender tener la representación de todos los nicaragüenses”, sino escuchan “al pueblo como soberano”, dijo.

Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua señaló este domingo al régimen de Ortega de pretender "recrudecer la represión política y social", con esas iniciativas de leyes que constituyen un "combo explosivo contra los derechos y libertades de los nicaragüenses".

En particular, anotó la Alianza, "rechazamos la iniciativa de Ley Mordaza, como el pueblo nicaragüense está llamando a la propuesta de Ley Especial de Ciberdelitos, con la que el régimen Ortega-Murillo pretende controlar los medios de comunicación y redes sociales como espacios para la libre expresión ciudadana, a través de la creación de nuevos delitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación".

Iniciativa ambigua y discrecional

La Alianza Cívica observó que la forma en que está redactada esa iniciativa es "alarmante", debido al uso de términos amplios, vagos, imprecisos y ambiguos para penalizar expresiones de interés público, y que incluso puede dar lugar a que se criminalice la parodia y la sátira.

"Este tipo de regulación constituye sin duda un instrumento arbitrario y de represión para atacar la libertad individual, promover la intolerancia y limitar los derechos y libertades ciudadanas", denunció la alianza, que advirtió que la iniciativa es "inconstitucional" porque vulnera derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Argumentó que la propuesta ordena recurrir al derecho penal como mecanismo de coacción para recetar multas, cárcel e intervención de bienes y activos e impedir el ejercicio de derechos como la privacidad, la protección de datos personales, el honor de las personas, y las libertades de expresión e información.

Por tanto, consideró que iniciativas como la "Ley Mordaza son parte de una estrategia dirigida a minimizar la crítica ciudadana e instaurar la censura política a sectores independientes de la oposición que utilizan las redes sociales y medios de comunicación para denunciar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo".

Amenaza al periodismo de investigación

"Esta es una clara amenaza al periodismo investigativo, fuente importante de fiscalización de la función pública y privada y uno de los pilares principales de la libre prensa, esencial para la democracia", prosiguió.

Asimismo, alertó que "la dictadura ha recrudecido su control contra de los medios de comunicación independientes, aumentado la represión directa a expresiones menores de movilización y protesta, e intensificado protesta y acoso policial directo a grupos particulares de excarcelados políticos que consideran de alto riesgo".

A juicio de ese grupo, "la aplicación de esta Ley Mordaza, en conjunto con establecimiento de la cadena perpetua (propuesta aún informal) y la Ley de Agentes Extranjeros, son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por una dictadura cada vez más represiva y violatoria de los derechos de los nicaragüenses".

En ese sentido, hizo "un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a rechazar este nuevo intento de violentar los derechos constitucionales y las libertades públicas de los nicaragüenses".

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