2 de octubre 2020
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El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido de Restauración Democrática (PRD) podrían perder su personería jurídica si el Consejo Supremo Electoral (CSE) decide aceptar una impugnación interpuesta el pasado 29 de septiembre por el abogado litigante Luis Manuel Argüello Montiel, quien argumenta que "a ellos (los partidos) el CSE no los mandó a hacer elecciones en cada municipio y ellos mismo dicen que el Consejo suavizó la ley para que ellos tuvieran su personería".
En el documento de la impugnación, Argüello cita declaraciones de Julio César González, Coordinador Político del PRD y del analista político José Antonio Peraza, para soportar sus argumentos de que el CSE no exigió que tanto el PRD como CxL cumplieran con los requisitos establecidos por la Ley Electoral y por el contrario gozaron de un "beneficio" que "no le otorgó al resto de partidos políticos".
"Ahora el CSE le está exigiendo a todos los Movimientos y grupos de personas que están solicitando su personería, que vayan a hacer sus asambleas en cada municipio. ¿Y dónde quedó la igualdad ante la Ley?", expresó Argüello vía telefónica, y además explicó que su exigencia la hace en carácter personal "como ciudadano nicaragüense".
Sin embargo, sí expresó que su intención es que se le retire la personería jurídica a ambos partidos políticos opositores al régimen de Daniel Ortega, el PRD, también es miembro de la Coalición Nacional, un bloque de opositores que buscan agrupar a organizaciones que adversan a Ortega para las elecciones del 2021.
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"Esa es la petición que hice, que se cancele la personería jurídica por no haber cumplido con lo que dice la Ley, porque la Ley es dura, pero es la Ley", dijo Argüello quien además recordó que fue trabajador de la bancada de Enrique Quiñónez en la Asamblea Nacional, hoy aliado de Ortega.
"En el carácter que compadezco, es decir, personal, impugno a los partidos políticos Ciudadanos con siglas CxL, presidido por la señora Carmella Rogers Amburn conicida como Kitty Monterrey y el Partido Restauración Democrática, con siglas PRD, presidido por Saturnino Cerrato Hodgson", se lee en la última hoja del documento de seis páginas introducido ante el CSE el pasado 29 de septiembre.
PRD consulta con sus abogados
El reverendo Saturnino Cerrato, presidente del PRD, dijo a CONFIDENCIAL que oficialmente el CSE no les ha notificado sobre esta impugnación y que se dieron cuenta hasta el primero de octubre a las cinco de la tarde.
"Nosotros estamos tranquilos porque una acción como esta, que es extemporánea, que es un intento de impugnación extemporáneo, porque tanto CxL como nosotros tenemos personería jurídica desde el dos de mayo del 2017, participamos en las municipales, en las regionales, y definitivamente esto es de alguien mal intencionado que quiere crear algún ruido, pero que, nosotros sabemos cómo obtuvimos la personería jurídica y el CSE sabe cómo la obtuvimos", declaró Cerrato.
Además considera que el CSE debería declarar este "intento de impugnación" como no ha lugar y niega que, al menos el PRD, no cumpliera con todos los requisitos establecidos en la Ley Electoral para que se les otorgara su personería jurídica.
Rodolfo Quintana, secretario nacional de CxL, manifestó, por su parte, que tampoco han sido notificados y que "solo pueden impugnar otros partidos y durante el proceso de creación de un partido, o sea, hace dos años. Y el Partido Liberal Constitucionalista lo hizo en su momento, el PLC, PLI y otros partidos presentaron sus argumentos y todo quedó en nada".
En un comunicado publicado en redes sociales, CxL manifestó que "la información publicada permite evidenciar que dicho escrito no es más que una maniobra publicitaria, con el objeto de crear incertidumbre y tratar de distraernos del esfuerzo que realizamos todos los nicaragüenses en esta lucha cívica para recuperar la democracia".
En abril del 2017, los partidos PLC, Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alianza por la República (APRE), Partido Unidad Cristiana (PUC), y el Partido Liberal Nacionalista (PLN), impugnaron a 400 afiliados del partido CxL, argumentando que ninguno había renunciado a sus respectivas organizaciones políticas y por tanto solicitaron la cancelación de la personería jurídica del partido.
Por el momento, Quintana manifestó que están a la espera de una comunicación oficial del Consejo Supremo Electoral, aunque reconoce que cuando se dan este tipo de situaciones, el mismo CSE no se pronuncia porque "ante una solicitud notoriamente improcedente, muchas veces las autoridades actúan de oficio", aseguró.
PLC sigue en litis
En el caso que sí se pronunció el CSE fue por la litis interna que divide al Partido Liberal Constitucionalista. El pasado lunes 28 de septiembre, el órgano electoral emitió una resolución a favor de María Haydeé Osuna, a quien reconoce como la representante legal del partido, y quien se disputa la presidencia con Miguel Rosales.
La litis interna del PLC inició cuando una parte del Comité Ejecutivo Nacional, decidió recortar el período de Osuna como presidenta del partido y cancelar las elecciones internas, una decisión impulsada por Rosales, el expresidente y caudillo Arnoldo Alemán y su esposa María Fernanda Flores de Alemán.
Osuna se aferró al cargo argumentando que ella es la única presidenta del PLC, y según el CSE, envío 74 recursos en contra del Comité Ejecutivo del PLC. La resolución emitida por el CSE resuelve que:
"Instruir a la Dirección General de Atención a Partidos Políticos para que notifique al Partido Liberal Constitucionalista a los efectos que mientras no se resuelva la litis interna partidaria la representación del Partido Liberal Constitucionalista le corresponde a la licenciada María Haydee Osuna", se lee en el documento.
Rosales expresó a CONFIDENCIAL que el CSE todavía no se pronuncia sobre la litis interna y argumenta que a nivel interno del PLC, "no hay ninguna duda que el presidente nacional es Miguel Anselmo Rosales, nosotros mandamos toda la documentación el 27 de julio de este año al CSE en escrito donde les hemos solicitado donde haga una actualización de sus registros".
Sin embargo, Rosales asegura que con la resolución emitida por el CSE "demuestra", que no ha revisado los registros del 2020 y "emite una resolución que no está fundamentada en derecho y por eso ayer (jueves primero de octubre), Miguel Rosales en representación del PLC, presentó un recurso de reposición para que el CSE haga una reconsideración de esas decisiones que tomaron".
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