29 de septiembre 2020
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La periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, deberá pagar la multa de 7684 córdobas, equivalentes a 120 días de trabajo, según la sentencia de la jueza Deyanira Traña, encargada del Juzgado Penal Local de Bluefields. El pasado 23 de septiembre, la juez Traña declaró “culpable” a Salazar por el delito de calumnias, tras divulgar el reporte: “Se destapa corrupción en la alcaldía del municipio El Rama”.
Boanerges Fornos, abogado defensor de Salazar, explicó que están valorando la posibilidad de interponer un recurso de apelación en los próximos tres días, conforme a lo establecido en la ley. Esto a pesar que "la pena impuesta es mínima, de acuerdo a la calificación, pero consideramos que nunca debió haber sido declarada culpable", dijo.
Durante el debate de la pena, el abogado Denis Báez, representante de la parte acusadora, solicitó la pena máxima para la comunicadora, de entre 120 y 300 días multas, bajo el argumento que la “calumnia” se hizo a través de un medio de comunicación.
Fallo “injusto” no sorprendió
Durante el juicio las funcionarias de la Alcaldía de El Rama Julia Elena Zeledón Siú, Shamia del Socorro Ruíz y Cinia Griselda Centeno, “no demostraron los hechos que se querellaban”, denunció el abogado defensor de la jefa de prensa de La Costeñísima, el pasado 23 de septiembre. “Tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo”, continuó. Sin embargo, ese día su defendida fue declarada “culpable”.
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Kalúa Salazar, al salir del Complejo Judicial de Bluefields, consideró “injusta” la declaración de culpabilidad en su contra y advirtió que este tipo de sentencias lo que hacen es “criminalizar” el periodismo independiente. Sin embargo, resaltó que en radio La Costeñísima seguirán abriendo los micrófonos para quien desee denunciar públicamente los abusos y violaciones a derechos humanos que se cometen en el país.
“Esto para mí es injusto porque nosotros como medio de comunicación le hemos abierto los micrófonos a muchas personas que quieren poner su denuncia pública… Me demandan a mí como si nosotros como La Costeñísima dijimos estas cosas, ellos afirman que nosotros lo mencionamos, pero nosotros no lo hicimos, no fuimos nosotros como La Costeñísima”, dijo Salazar después de haber sido condenada.
El juicio contra la jefa de prensa de La Costeñísima fue publicitado en medios oficialistas, la periodista ni siquiera fue notificada oficialmente para la audiencia preliminar que se realizó el 19 de agosto, sino que se enteró por las publicaciones en la red social de un medio local. El fallo de culpabilidad no le sorprendió.
Criminalización del periodismo
La sentencia de Kalúa Salazar fue leída un día después que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la iniciativa “Ley Especial de Ciberdelitos”, que establece penas de cárcel para quien divulgue información clasificada por el régimen como “noticias falsas”. Una propuesta que atenta contra las libertades públicas y criminaliza el ejercicio del periodismo en Nicaragua.
En la Asamblea también se encuentra la iniciativa “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, que según expertos constitucionalistas pretende segregar a los ciudadanos nicaragüenses y –entre otras cosas– obligaría a la mayoría de los periodistas a registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) como agentes extranjeros. Todas estas leyes han creado “un clima de trabajo cada vez más complicado para la prensa independiente en Nicaragua”, denunciaron Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional.
Los periodistas David Quintana, de Boletín Ecológico; William Aragón y Elsa Espinoza, son parte de los periodistas que actualmente tienen procesos judiciales abiertos en su contra por supuestas “injurias, calumnias y amenazas”, en reclamo de su labor de denuncia sobre las arbitrariedades del régimen y sus operadores.
Entre el primero de marzo y quince de julio, el Observatorio de Agresiones a la Prensa de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) registró “tres casos de acoso judicial y cinco de amenazas de procesamiento judicial, por los delitos de injuria, calumnia y amenazas”.
Este tipo de acusaciones, apunta PCIN, obedecen al “acoso judicial” del régimen y “representa una modalidad de censura, intimidación y criminalización del ejercicio periodístico, en la estrategia del Gobierno de reprimir la libertad de Nicaragua”.
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